El secesionismo más radical presiona a Carles Puigdemont para que remodele su Gobierno. Les estorba Jordi Jané, el conseller del Interior, un político de perfil moderado y firme defensor de la legalidad. Jané es el responsable de los Mossos d'Esquadra, el cuerpo de policía cuyo papel en caso de tensión con el Gobierno central viene siendo objeto de debate, especulaciones y teorías desde hace unos meses.
Los independentistas más radicales le sugieren al presidente de la Generalitat que ejecute ese cambio en el Ejecutivo 'por lo que pueda pasar'. Jané ha insistido, sin matices, que "los Mossos no van a tener que optar entre dos legalidades, porque sólo hay una". El director general de la policía autonómica es Albert Batlle, proceden del PSC y del maragallismo, quien tampoco tiene dudas al respecto.
La CUP, sin embargo, insiste con virulencia, en que los Mossos, en caso de conflicto legal, han de ponerse a la órdenes del proceso secesionista y olvidarse de 'las leyes de España'. Puigdemont, cuyo final al frente del gobierno catalán aparece cada vez más próximo, declaraba días atrás que no piensa que el Constitucional, llegado el momento, proceda a enviar a los Mossos, que actúa como policía judicial, para impedir que los catalanes vayan a las urnas.
¿Quién retira las urnas?
¿Qué harán los Mossos si el Gobierno central interviene las competencias de Interior de la Generalitat? ¿Y si les ordena proceder a retirar urnas o cerrar colegios electorales en el caso de la convocatoria de un referéndum ilegal?. El debate, que parecía olvidado, rebrota con fuerza estos días en las filas del secesionismo.
La consejería de Interior ha encargado un estudio jurídico sobre un escenario de 'tensión'. "Está todo muy claro", se dijo entonces. La Ley de Seguridad Nacional que avaló el Constitucional pasado noviembre, no deja lugar a dudas. En su artículo 24 se explicita que la Generalitat está obligada a "aportar los medios humanos y materiales que estén bajo su dependencia en caso de declararse una Situación de Interés para la Seguridad Nacioal". En ese caso, es el Mariano Rajoy quien toma el control para dirigir la estrategia, dejando a la Generalitat sin competencia alguna sobre los cuerpos de seguridad y sus efectivos.
Esta ley, impulsada y diseñada por el ministerio del Interior bajo el mandato de Jorge Fenrnández Díaz, es un seguro ante cualquier veleidad en el caso del referéndum.
Pocos dirigentes soberanistas, tanto del Pedecat (antigua convergencia) como de ERC, piensan sin embargo en que la consulta se lleve a efecto. Como mucho, se procedera a su convocatoria, como un gesto de Puigdemont para cumplir con las exigencias de la CUP, a los que debe el cargo y los presupuestos.
Artur Mas se mostraba dramático este miércoles en San Sebastián, junto a Ibarretxe y Otegi, y hablaba de que "se vivirán momentos de alto grado de tensión" en Cataluña, porque las autoridades del Estado "no se quedará paradas ante la convocatoria del referéndum". Palabras que avivan el fuego de la confrontación en la boca de quien aspira a recuperar sus poltrona en el Palacio de la Generalitat.
Oriol Junqueras, jefe de filas de ERC, apenas se ha pronunciado sobre este debate en torno a los Mossos. No se le ha escuchado idea alguna sobre una insurreción de la policía autonómica. Son los sectores más radicales de la antigua Convergencia quienes presionan a su presidente para que haga algo con los Mossos, por lo que pueda pasar. Deshacerse del sensato conseller Jané aparece en el frontispicio de todas la sugerencias. Puigdemont, por ahora, no piensa hacerlo.
