La Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y los cuatro fiscales de la Sala del Tribunal Supremo, dedicados a estudiar los asuntos de aforados ante la Sala Segunda del Alto Tribunal, emitieron dictámenes unánimes a la hora de no apreciar indicios de delito contra el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por su actuación en el marco de la trama Púnica. Esto hizo que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, diera la polémica orden a la Fiscalía Anticorrupción de no acusar a Sánchez.
Sin embargo, los informes que la 'guardia de corps' del fiscal general emitieron sobre la senadora del Partido Popular, Pilar Barreiro, vinculada a esta misma causa de corrupción, fueron dispares. Según explican fuentes fiscales a Vozpópuli, mientras que los fiscales de la Secretaria Técnica remitieron a Maza un informe donde apreciaban elementos suficientes como para que Anticorrupción pidiera que se elevase una exposición razonada ante el TS, los cuatro fiscales de Sala del Alto Tribunal sostuvieron que no veían motivos como para solicitar la imputación de Barreiro ante la Sala Segunda.
Con esos dos dictámenes contradictorios sobre la exalcaldesa de Cartagena, el fiscal general del Estado decidió que el análisis de la Secretaria Técnica y de Anticorrupción era el mismo y que, por lo tanto, procedía pedir al titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, el magistrado Eloy Velasco, que elevara una exposición razonada contra Pilar Barreiro por distintos delitos de corrupción. Dicho y hecho. Así se hizo.
Varios delitos de corrupción
No obstante, las fuentes consultadas añaden que en el Ministerio Público a nadie se le escapa que cuando Velasco envíe dichos indicios a la Sala Segunda del TS, que preside el magistrado Manuel Marchena, serán los mismos fiscales que ahora no han visto indicios de delitos contra Barreiro los que tengan que informar sobre si se abre o no causa a la aforada. "Lo normal es que si no vieron indicios antes no los vayan a apreciar ahora", apunta un fiscal.
En el caso de la senadora popular, el juez de la Audiencia Nacional le atribuye delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada por igualmente concertarse con empresas del cerebro informático Alejandro de Pedro para amañar futuras adjudicaciones en contratos públicos de formación de la Consejería de Educación.
Asimismo, el instructor del caso Púnica sostiene que Barreiro trató de sufragar con dinero público previsto para campañas de publicidad de turismo en Cartagena trabajos particulares como la creación de un diario digital en esa ciudad para que emitiera noticias positivas sobre su persona.
En relación con los hechos relativos a la Consejería de Educación, Velasco señaló en un auto reciente que durante 2014 se produjo un concierto entre De Pedro y el entonces consejero, Pedro Antonio Sánchez, para la realización de trabajos reputacionales en Internet y redes sociales que "serían facturados bajo conceptos relacionados con la formación y que incluirían también la retribución por los trabajos de reputación" realizados para Pilar Barreiro, entonces alcaldesa de Cartagena.
