La unión hace la fuerza y la desgracia a los hombres hermanos. Estos dos refranes se están plasmando al cien por cien en el juicio de las 'tarjetas black'. Hasta tal punto, que los 65 acusados de este caso han forzado hoy una disculpa del fiscal Alejandro Luzón, que generó un gran murmullo en la sala al expresar el término "tarjeta black".
A pesar de que es una definición que la prensa comenzó a usar por un correo de exdirectivos de Caja Madrid, en el que figuraba "tarjetas black a efectos fiscales", los acusados no admiten que el fiscal dé por hecho lo que se está decidiendo en este juicio, que eran opacas y al margen de la legalidad. Por ello, Luzón se disculpó diciendo que lo había hecho "de forma inconsciente".
No es el único ejemplo de unión que se está produciendo en el juicio. Poco a poco, a medida que avanza, se ve que los 65 acusados han unificado su mensaje con el objetivo de que su línea de defensa sea más eficaz. Tanto que alguno de ellos ha llegado a cambiar sus declaraciones como imputados.
Las duras quejas de Navasqüés por la "humillación" a los usuarios de las 'black' marca un punto de inflexión en el juicio
Este fue el caso del exconsejero Ramón Espinar, que en 2015 señaló a José Manuel Fernández Norniella como quien le había dado permiso para usar su tarjeta tras cesar como consejero, y ahora ha cambiado la versión, para señalar que fue el exsecretario Jesús Rodrigo. Hizo lo propio Ignacio de Navasqüés, quien restó validez a su primera declaración al señalar que la pronunció en un momento "confuso, en el que estaba amedrentado por la investigación".
Otro punto en común es que ahora todos afirman que las tarjetas investigadas se crearon antes de Blesa, con Jaime Terceiro como presidente. Sin embargo, todos reconocen que cuando se les dio la tarjeta era para gastos inherentes al trabajo de consejero, y para usar con prudencia.
La declaración de Navasqüés marcó un punto de inflexión, al convertirse en el primer acusado que da la vuelta a la tortilla y descubre ante el tribunal los ataques y la "humillación" a la que se han visto sometidos todos los usuarios de las tarjetas en los dos últimos años. "Se nos ha vilipendiado desde la prensa nacional y se nos ha tratado como atracadores", señaló, antes de criticar abiertamente el informe de Bankia que dio pie a la investigación, a su autor, Iñaki Azaola, y a la Fiscalía y al Fondo de Reestructuración (Frob) por darle credibilidad.
Abierto el melón por Navasqüés, el resto de interrogados fueron aprovechando su momento en el banquillo para quejarse del trato recibido en los dos últimos años. Así lo hizo Espinar, quien aclaró que ha devuelto todo lo gastado con la tarjeta no porque se considere culpable, sino para "decir que no soy un chorizo, y he estado ahorrando para ello".
Teoría de la conspiración
En la misma línea, Norniella protagonizó uno de los momentos más duros del juicio dentro de la sala. Visiblemente emocionado y cerca de las lágrimas, dijo "hoy vengo humilde, pero hace dos años fui a la Audiencia humillado". Añadió que devolvió lo gastado con la tarjeta por la "presión" y "a expensas de lo que ustedes decidan", señaló ante el tribunal. Los acusados están contando por el momento con la comprensión de la presidenta de la sala, Ángela Murillo, quien ha cortado varias veces al fiscal Luzón en momentos clave de interrogatorios.
En este punto, el exvicepresidente Norniella aprovechó el viento de cola para dejar una idea sobre la mesa, sobre presuntas irregularidades en el informe de Bankia: "Algo raro hay en todo esto". Este planteamiento no es nuevo, ya lo hizo el ex director general, Ildefonso Sánchez Barcoj, pero hasta ahora no se había comentado de una forma tan abierta. Consideran que el equipo de José Ignacio Goirigolzarri manipuló pruebas y documentos para incriminar al equipo anterior de Rodrigo Rato y Blesa.
La sensación que hay entre los acusados es que la jueza Murillo está más de su lado que de las acusaciones
Mientras el proceso avanza en esta línea, siguen sin resolverse cuestiones cómo por qué nunca se reconocieron las tarjetas en ningún informe oficial como remuneración y si realmente no se usaron para ponerse un sobresueldo cuando la ley del Frob limitó los salarios de la entidad en un tope de 600.000 euros.
