La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) ha asestado un duro revés para los intereses del expresidente murciano del PP, Pedro Antonio Sánchez, que confiaba en un archivo exprés de su imputación en el caso Auditorio.
A escasos días de que se cumpla el plazo establecido por el instructor del procedimiento, Julián Pérez-Templado, para que la Fiscalía Anticorrupción y el resto de acusaciones especifiquen los indicios por los que consideran que Pedro Antonio Sánchez tiene que ser procesado por los delitos de prevaricación, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial, fraude de subvenciones y malversación de caudales públicos, tres magistrados han confirmado la imputación de los considerados máximos colaboradores del expresidente murciano en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras (Murcia).
En concreto, los magistrados Miguel Pasqual de Riquelme Herrero, Enrique Quiñonero y Concepción Roig Angosto han ratificado la imputación de los secretarios del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras Caridad García Vidal y Pablo Aparicio Borrachero; y de la interventora municipal Francisca Romera Millán, según un auto del 25 de mayo al que ha tenido acceso Vozpópuli.
En la resolución, la Sala confirma las decisiones previas adoptadas por la jueza de Lorca Consuelo Andreo, que investigó el caso hasta enviarlo al Tribunal Superior de Justicia de Murcia, y que reclamó la imputación de Pedro Antonio Sánchez en una exposición razonada.
Alcance penal
Los magistrados aseguran que en el caso concreto de la secretaria accidental Caridad García Vidal, su pretensión de sobreseer su imputación resulta “precipitada”. Los jueces apoyan la decisión de la jueza Andreo de “aclarar y depurar la naturaleza de los hechos investigados y su alcance penal, así como las eventuales responsabilidades” de la secretaria accidental “y de los demás investigados”, entre los que se encuentra Pedro Antonio Sánchez, que como sigue siendo diputado en la Asamblea de la Región de Murcia, permanece aforado ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ murciano.
Los jueces establecen “el mismo razonamiento” para mantener la imputación del otro secretario del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, Pablo Aparicio Borrachero, en relación con su intervención “en determinadas certificaciones de obra en la que la instructora señala, con la provisionalidad propia de una investigación judicial en curso, la existencia de duplicidad de conceptos certificados, la inexistencia de factura de respaldo en la certificación número 18, la expedición de certificaciones conforme a un proyecto modificado que no había sido previamente tramitado ni aprobado, o su intervención en la cancelación de los avales en fecha de 15 de julio de 2010”.
Los magistrados aseguran que en el caso de la secretaria García Vidal, su pretensión de sobreseer su imputación resulta “precipitada”
El tribunal aporta en el auto "los mismos argumentos" para mantener la imputación contra la interventora municipal Francisca Romera Millán, "en relación con el curso administrativo seguido para la aprobación inicial del anteproyecto presentado por el arquitecto Martín Lejárraga y la posterior convocatoria del concurso de ideas", pero también sobre "la naturaleza y la participación de Romera Millán en el pago de las certificaciones (sin comprobación material alguna) o finalmente el abono de la certificación de acopios en circunstancias que están siendo también objeto de investigación", según especifica el auto del pasado 25 de mayo.
El denominado caso Auditorio, uno de los dos por los que está imputado Pedro Antonio Sánchez, se inició tras la querella interpuesta por el anterior fiscal superior de la Región de Murcia Manuel López Bernal, que fue relevado por José Luis Díaz Manzanera, una decisión promovida por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que fue contestada en el seno de la carrera fiscal.
López Bernal acusó a Pedro Antonio Sánchez, que entonces era alcalde del municipio de Puerto Lumbreras, situado al sur de Murcia, justo en el linde con la provincia de Almería, de aceptar la propiedad de un auditorio, que consideró acabado, cuando todavía faltaba alrededor del 30% por construir.
"Legalizar irregularidades"
Según las conclusiones del perito independiente de la Fiscalía murciana, Andrés Checa, el expresidente murciano y su equipo en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras idearon un modificado de la obra con la intención de "legalizar las irregularidades cometidas".
El perito Checa, que fue contratado para que analizara la construcción del auditorio de Puerto Lumbreras, confirmó en su declaración ante el instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM), Julián Pérez-Templado, su informe en el que destaca que el agujero de la obra promovida por el expresidente murciano durante su etapa de alcalde supera los 2,2 millones de euros.
Precisamente, el magistrado Pérez-Templado renunció a instruir la pieza separada de la Púnica murciana, en la que también está Sánchez imputado por los delitos de fraude, cohecho y revelación de información prohibida, después de que infoLibre publicara una fotografía en la que aparecía junto a uno de los principales imputados en la trama en la Región de Murcia, el exdiputado del PP en el Congreso Juan Carlos Ruiz.
Pérez-Templado, que ya había participado en una de las resoluciones de la Sala de lo Civil y Penal sobre la Púnica murciana, acordó abandonar el tribunal por ser amigo del mencionado Juan Carlos Ruiz.
