El diputado de Unidos Podemos por Coruña, Antón Gómez-Reino, ha pronunciado en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputado el primer “No pasarán” de la acción parlamentaria de la formación morada tras Vistalegre II, donde la moderación del sector de Íñigo Errejón salió derrotada frente al discurso de “resistencia” que promueve Pablo Iglesias. Ha sido durante la defensa de una proposición no de ley para denunciar a la fundación Francisco Franco por “instar a los alcaldes a incumplir la Ley de Memoria Histórica”, según la cual deber ser retirados de calles y edificios públicos aquellos símbolos que suponen una exaltación del franquismo. La PNL ha sido aprobada por 20 votos a favor (PSOE, Unidos Podemos, PNV y Grupo Mixto), 14 en contra (PP) y tres abstenciones (Ciudadanos).
“La existencia de esta fundación es una anomalía democrática, porque su objetivo es combatir la democracia. Queremos que se cumpla la ley de memoria histórica y la ley de fundaciones. El fascismo contra la democracia, no pasará”, ha señalado Gómez-Reino en el cierre de su intervención. El partido de Pablo Iglesias presentó a esta proposición el pasado enero a raíz de que se conociera que la fundación Francisco Franco había enviado 355 cartas a alcaldes y ayuntamientos ofreciéndoles asesoramiento legal.
Gómez-Reino, el mismo diputado que hizo este miércoles la dura intervención contra el exdirector de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa por su nombramiento como nuevo consejero de Red Eléctrica y que desembocó en la bronca entre Iglesias y la bancada popular, se ha preguntado si “alguien puede imaginar una fundación Benito Mussolini en Italia, o Adolfo Hitler en Alemania”. “No lo creo”, se ha respondido, afirmando que “esto atenta contra la sensibilidad democrática de todos y todas. La democracia tiene sus enemigos”, ha sentenciado.
Así, ha exigido al Estado que actué contra esta fundación: “¿Qué sentido tiene la existencia de una fundación que combatió contra la democracia? ¿Cómo es posible que reciba dinero público?”, ha planteado. Acto seguido, el diputado de Podemos ha enfatizado que “Franco fue el principal promotor de nuestros campos de concentración, de nuestras cunetas, de nuestra noches de cristales rotos” y ha enumerado “114.000 desaparecidos, 2.500 fosas sin exhumar, 88.000 personas que siguen en estas fosas, 30.000 niños robados y entregados a familias del régimen, 400.000 presos políticos utilizados como esclavos…”
“No nos digan que no fue consecuencia de una guerra, fue un golpe de estado contra un régimen legalmente constituido”, ha remachado Gómez-Reino. En cambio, desde el sector errejonista se ha expresado cierto recelo con seguir poniendo el foco en esta temática de “resistencia antifranquista”. Por ejemplo, Germán Cano, miembro del Consejo Ciudadano saliente en Podemos, se pronunció así el pasado fin de semana tras escuchar L’estaca en Vistalegre II: “Que no tengamos un himno de unidad que vaya más allá de la resistencia antifranquista es nuestro drama. Esperemos que no sea demasiado tarde”.
Unidos Podemos plantea en su iniciativa que la Cámara dé traslado al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional competente de una documentación en la que a juicio de este grupo se constata la existencia de indicios delictivos en la actividad de la fundación Francisco Franco.
Además, reclama que el Protectorado de Fundaciones investigue las actividades presuntamente ilícitas realizadas por la fundación Francisco Franco y que la autoridad judicial competente acuerde la intervención temporal de la misma asumiendo en su caso todas las atribuciones legales y estatutarias de su patronato durante el tiempo que el juez determine.
En cuanto al resto de grupos parlamentarios, han apoyado la PNL los portavoces de PSOE y PNV y los representantes de Amaiur y antigua Convergència en el Grupo Mixto, Beitia Larrangoitia y Sergi Miquel, respectivamente. Larrangoitia también ha pedido al Gobierno que facilite “la documentación de la dictadura de Franco a la que no tiene acceso los investigadores”.
Por parte del PSOE ha intervenido Margarita Robles, quien ha recalcado que “la ignoracia de las leyes no excusa su cumplimiento” y ha puesto en valor la Ley de Memoria Histórica impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. A su juicio, “en la carta de la Fundación Francisco Franco a los alcaldes se insta expresamente al incumplimiento y a la desobediencia de la ley cuando se dice que ‘hace usted lo correcto inaplicándola’”. Según Robles, la fundación está incumpliendo de esta manera “los fines de interés general” que se les presupone a una fundación. Además, ha pedido al Protectorado de Fundaciones que abra una investigación y dé cuenta al Ministerio Fiscal.
En cambio, se han posicionado en contra de la PNL tanto PP como Ciudadanos. El diputado naranja Saúl Ramírez ha señalado que “en la exposición de motivos de la iniciativa no hay una sola línea relativa a la supresión de la fundación”. “La fundación Francisco Franco, cuyas formas y fondos no compartimos, no comete en la carta ningún ilícito y lo que hace es poner al servicio de estos alcaldes la ley y el derecho”, ha manifestado Ramírez, afirmando no entender “esa inquina y ese rencor” de los proponentes. “Esperamos seguir trabajando aquí en la lucha por el consenso”, ha insistido.
Desde el PP, la diputada Beatriz Escudero ha explicado que “esta comisión carece de competencia para pronunciarse sobre esta proposición no de ley, ya que el Protectorado único de Fundaciones depende del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y no del Ministerio del Interior”. “Como no la van a retirar, el PP no va entrar al fondo del asunto”, ha apuntado Escudero. También ha indicado que desde el Protectorado de Fundaciones se ha abierto un proceso de información previa para que la fundación Francisco Franco aporte la documentación requerida sobre ese episodio. Además, Escudero ha agregado que tras analizar esa documentación, el Protectorado valorará “las actuaciones que en su caso proceda”.
