No son un par de casos aislados, son cientos. Las quejas sobre el funcionamiento de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (AMTA) empiezan a aflorar. Las alarmas suenan cada vez más fuerte y han hecho que los grupos de la oposición pidieran explicaciones al consejero de Servicios Sociales en la Asamblea de Madrid. Este organismo público fue creado en 1995 para prestar asistencia y protección social cuando un juez le designa como tutor porque los familiares de una persona que ha sido incapacitada no son idóneos para el ejercicio del cargo o el nivel de conflictividad es tan elevado que es preferible que sea una institución -supuestamente imparcial- quien asuma la tutela de estas personas, principalmente ancianos, personas con alguna discapacidad o enfermedad mental. Como tutor, la AMTA tiene obligaciones tanto en el ámbito personal como en el patrimonial sobre sus tutelados, alrededor de 4.500 personas. Pero, ¿realmente garantiza el bienestar de las personas incapacitadas? ¿Cómo gestionan los bienes de los tutelados? ¿Qué pasa cuando los familiares quieren recuperar a sus seres queridos porque consideran que el proceso judicial no ha sido justo?
Como bien resumió Matilde Fernández (PSOE) durante la última comparecencia de Carolina García Durrif, directora gerente de la AMTA, en la Asamblea el pasado 18 de febrero, a la que asistieron familiares afectados como invitados, los tres tipos de quejas que existen son las que se refieren a madres y padres que quieren recuperar la tutela de sus hijos, las de hijos que quieren tener mucho más protagonismo ante sus padres, y también las que tienen que ver con personas que no están en centros, sino que viven solas o no tienen techo en el peor de los casos, y que además tienen que acudir periódicamente a la oficina central a recoger parte de su prestación, de su renta o de su salario social porque es la agencia quien les administra el dinero. En todos los casos hay un denominador común: opacidad de las cuentas, falta de información, posible gestión irregular del patrimonio y sensación de desamparo.
Ha llegado a pasar incluso un año sin que se elabore un inventario de patrimonio de la persona tutelada, tiempo durante el cual puede pasar de todo con cuentas bancarias y otros bienes
La ley establece un plazo máximo de 60 días para elaborar un inventario que detalle los bienes de cada adulto cuya responsabilidad civil pasa al Gobierno regional. Sin embargo, esos tiempos no parecen cumplirse. “Si la mayoría de los inventarios realizados por la Agencia se realizan después de este plazo, como parece, nos estaríamos encontrando con un incumplimiento grave del tutor y con unas consecuencias irreparables sobre el patrimonio del tutelado. Y lo peor: una vía abierta a que cualquiera se aproveche de la situación de vulnerabilidad del tutelado y se haga uso de su patrimonio”, ya sea por parte del organismo o de los propios familiares, recriminó Alberto Reyero, del grupo parlamentario de UPyD. Reyero cuenta a Vozpópuli cómo la Consejería invitó a conocer las cuentas que audita una empresa externa en la Cámara de Cuentas y que una vez allí este organismo informó de que eso sería absolutamente irregular. “Nos están toreando con las cuentas”, se queja. Explica además cómo a raíz de las denuncias “se han intentado poner las pilas después de años con inventarios sin actualizar”. Un reciente escrito del consejero Jesús Fermosel informaba de que por fin podían ver las cuentas en la agencia, pero según Reyero, a día de hoy no lo han conseguido. La representante de la AMTA esquivó las preguntas al respecto escudándose en que no pueden hacerlo por protección de datos. El trabajo del organismo es, a su juicio, impecable.
Este es uno de los problemas con los que se encontró J. G. Cuando la AMTA asumió la tutela de su madre, después de un proceso de incapacitación que califica como “muy extraño” promovido por su hermano, a ella le pareció una buena solución para evitar conflictos familiares. Sin embargo, ahora lucha por mejorar las condiciones en las que se encuentra. El inventario correspondiente al expediente de su madre, propietaria de varios bienes y perceptora de una buena pensión, no solo no se realizó en los 60 días que establece la ley, sino que se tardó más de un año, período que podría incluso haberse prolongado de no haber presionado al organismo. Pese a que el tutor pasó a ser la Comunidad de Madrid, esta mujer siguió teniendo a su madre en su casa, pero durante ese tiempo “la AMTA no se ocupó de ningún tipo de rehabilitación ni de cuidado”, asegura a Vozpópuli. De la gestión de los recursos económicos, la opinión no es mejor: “Una cosa es que la AMTA se haga cargo de las cuentas y otra que no dé ninguna información. ¿Dónde está el dinero de mi madre?”. Ha puesto numerosas quejas por el funcionamiento, las negligencias y la inoperancia de la agencia y ha interpuesto varias denuncias. Ahora, tras ocho años ocupándose de su madre, la custodia ha pasado a una hermana y ella intenta que reciba las atenciones que cree que no está teniendo. Tras las denuncias, dice, le han restringido las visitas.
Ni gestiones burocráticas ni atención médica
Recientemente murió una mujer tutelada por la Comunidad de Madrid. Estaba enferma, desamparada y desasistida. La AMTA llevaba meses sin informar a familia y tampoco le comunicó el fallecimiento
Ana es el nombre ficticio de otra afectada cuyo caso es un claro ejemplo de la dejadez y el hermetismo de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos. No quiere que este asunto se personalice en su caso, pero cuenta su experiencia a Vozpópuli porque “es tan indignante que tiene que saberse”. Su hermana era una de las tuteladas de la Comunidad y falleció el pasado mes de diciembre. Pero lo hizo sola, en la indigencia. “La AMTA ni siquiera me comunicó la muerte de mi hermana, fueron los vecinos quienes dieron el aviso”. Después, igual que antes, se despreocupó totalmente. Pero este solo fue el último de los despropósitos. Mientras ejercía como tutora, “la Agencia no ha cumplido no solo con lo que pide la familia, sino con lo que exigen los médicos y con lo que dictó el juez”. Incluso desoyó los avisos del Hospital Ramón y Cajal informando de sus ingresos y alertando de la necesidad de su traslado a un centro debido a sus problemas con las drogas y el trastorno mental que padecía.
Fue a posteriori cuando la familia descubrió que la hermana de Ana “vivía en condiciones terribles” porque antes no lograron ninguna información. Las constantes llamadas telefónicas a la trabajadora social que llevaba su caso fueron inútiles. Ninguna desde junio de 2013 fue atendida. Los escritos presentados tanto en la oficina como en la Fiscalía han sido igualmente ignorados. Tras anular hasta tres veces la cita que solicitó, le recibieron “como si se tratara de un favor” y del escrito que prometieron como contestación a sus reclamaciones aún no hay nada. “En esta entidad aplican la desinformación y la desidia. Esperan que te aburras para que no hagas ruido”. El diario El Mundo informó hace unos meses del caso de Pepe Vinagre e hizo pública la gestión interesada de los bienes de una mujer tutelada para cobrar los mayores intereses posibles antes de que prescribiera su herencia y la nula actuación después de su muerte. Las afectadas hablan además del trato “inhumano” que reciben los tutelados en el edificio central de la AMTA en la calle Gran Vía. Los modos -cuentan- son malos, empezando por el personal de seguridad hasta los trabajadores sociales. “Salí espantada” o “he visto cosas horribles” son algunos de los comentarios sobre este lugar. El próximo día 11, tutelados y familiares están convocados para protestar frente a la sede.
“Mi hijo corre un grave peligro”
El ejemplo contrario es el de Pilar. Su hijo Pablo tiene 30 años y está enfermo. Es mayor de edad, pero un tumor cerebral del que fue operado a los siete años le dejó importantes secuelas, entre ellas una discapacidad intelectual que le hace estar catalogado por diferentes especialistas como un menor (equivalente a una mente de diez años) y daños en el hipotálamo que le provoca la compulsiva necesidad de comer. Desde hace tres años y medio se encuentra internado en el Centro psiquiátrico San Juan de Dios de Ciempozuelos (Madrid), más o menos el mismo tiempo que los servicios sociales del centro ocupacional donde estaba iniciara su proceso de incapacitación, “a mis espaldas” según expone Pilar: “Fue todo muy extraño y tremendamente injusto”. Con la excusa de que se trataba de "mero trámite, pura burocracia", el proceso acabó con un sentencia del juez que designaba a la AMTA como tutor del chico. Tras varios años de batalla judicial para recuperar la tutela de Pablo, el pasado año, el juzgado 30 de Madrid se la volvió a denegar e impidió también el traslado del psiquiátrico a otro centro. La juez consideró que, en atención a las patologías que sufre y tras valorar su perfil, le correspondía una residencia para personas con discapacidad y graves problemas de conducta y no una plaza en el centro anteriormente asignado.
Afectados coinciden en que no es un secreto que detrás de todo esto hay un tremendo negocio con un mismo patrón de actuación: “Aislar a las personas de sus familias y lucrarse a su costa”
En el último escrito en el que se considera que la progenitora no es competente para asumir la tutela de su hijo con suficientes garantías y en el que le acusa de entrometerse en la terapia, también está -según cuenta- “plagado de falsedades y calumnias”, por lo que una vez más recurrió para desmontar las acusaciones y desacreditaciones de las que cree que es objeto. El dictamen de las médicos forenses y el informe del equipo psicosocial de ese juzgado acreditaron la idoneidad de continuar en el centro psiquiátrico, mientras un informe médico de 2011 del Hospital Clínico San Carlos aportado por su madre, el cual ha podido revisar Vozpópuli, indica que, pese a la ansiedad relacionada con la comida y otros problemas de salud, Pablo no plantea problemas conductuales. Además, recomendaba cambios en el tratamiento al observar un exceso de medicación. Con informes de prestigiosos médicos en la mano, insiste en que los problemas de su hijo no son psiquiátricos, sino derivados de un daño cerebral, y que el hecho de permanecer en ese centro le está provocando un daño físico y psíquico irreparable.
Sin embargo, Pilar no desiste y ha presentado incluso una querella que ha sido admitida a trámite por los supuestos malos tratos de los que Pablo ha sido víctima durante su estancia en San Juan de Dios. Un informe del Hospital de la Princesa, también chequeado por este diario, concluyó que los traumatismos que presentaba el chico tras una exploración eran producto de una agresión. “Mi hijo corre un grave peligro. Le tienen como un animal”, confiesa. Y es que el centro de Ciempozuelos ya se ha visto envuelto en polémica con anterioridad. Interviú publicó que sobre los hermanos de San Juan de Dios pesaban acusaciones de quedarse con las pensiones de los enfermos y ABC se hizo eco de la noticia de la muerte de un joven a manos de otro interno. Hace cinco meses interrumpieron la comunicación entre Pilar y su hijo, según ella para que no salga información y no le cuente nada de lo que pasa ahí dentro. “Tu hijo es un negocio para ellos” le han llegado a decir. Ahora está pendiente del pronunciamiento de la Audiencia Provincial a finales de este mes e intenta conseguir ayuda mediante la recogida de firmas a través de Change.org.
Quejas por la arbitrariedad en las tutelas
Las diferentes fuentes consultadas coinciden en señalar el alto grado de arbitrariedad en las tutelas. “Cuando un expediente de los servicios sociales -muchas veces llenos de suposiciones- va al juez ya no hay nada que hacer”, lamenta José Antonio Pérez, presidente de ANPRODEFA (Asociación Nacional por los derechos del menor y la familia). El colectivo defiende los derechos de los afectados por la mala praxis de los servicios sociales porque “con demasiada frecuencia no se estudian bien los casos y arruinan familias”. Él puso en marcha la asociación a raíz de vivir un caso así en su propia familia y cuenta que en los tres años y medio que lleva en funcionamiento más de un millar de familias, “las más desesperadas”, han acudido a ella en busca de ayuda. Los afectados con los que ha contactado este medio coinciden en que no es un secreto que detrás de todo esto hay un tremendo negocio con un mismo patrón de actuación: “Aislar a las personas de sus familias y lucrarse a su costa”.
La Consejeria delega toda responsabilidad en los jueces y normaliza el hecho de que los familiares que no fueron designados por el juez mantengan una actitud de rechazo
En su defensa, la Agencia alude que en 18 años no ha habido una sola remoción de tutela. Algo lógico, teniendo en cuenta que una remoción podría significar la inhabilitación de la AMTA para ejercer su labor tutelar, tal y como establece el Código Civil, lo cual tendría unas consecuencias enormemente negativas. La Consejería de Asuntos Sociales delega toda responsabilidad en los jueces y contestan que su experiencia es que “aquellos familiares que no fueron designados por el juez para el cargo tutelar suelen mantener una actitud de rechazo a la labor de la Agencia”. Desde UPyD insisten en que trabajan para asegurar el buen funcionamiento de este servicio público por encima de la defensa de casos concretos y señalan que hay un problema de medios económicos, aunque también puede haber negligencias. “La realidad es que hay personas que no están bien atendidas y nosotros lo que queremos es que la agencia siga existiendo, pero que funcione bien”. Como consecuencia del mal funcionamiento de este servicio público, mucha gente está huyendo a fundaciones tutelares privadas, “que están creciendo como hongos”, porque tienen más medios y más personal. La AMTA recibe 4 millones de euros en 2014, una cantidad similar a la inyección de 2009, pero con un 30% más de tutelados.
