El Consejo de Ministros ha concedido al presidente de la UD Las Palmas, el empresario Miguel Ángel Ramírez, el indulto sobre la condena de tres años de cárcel por delito urbanístico que se le impuso en 2011, a condición de que derribe las obras ilegales que hizo en su casa, según recoge Efe.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles el indulto por el que se conmuta la condena firme que la Audiencia de Las Palmas dictó contra Ramírez, en una decisión que el Consejo de Ministros tomó el pasado 31 de octubre a propuesta del ministro de Justicia.
La gracia que se concede al presidente de la UD Las Palmas afecta solo a la pena de prisión (tres años y un día), pero deja en vigor el resto de las condenas (inhabilitación para ejercer cualquier oficio relacionado con la construcción durante tres años y multa de 43.260 euros).
Además, están condicionada expresamente a que derribe las obras ilegales que realizó en una vivienda de su propiedad en Las Palmas de Gran Canaria, tal y como establece la sentencia condenatoria.
Ramírez ha anunciado que, a pesar de haber recibido el indulto, pedirá al Tribunal Supremo una revisión de su condena, porque considera que existe una sentencia que pone en entredicho que las obras que él realizó sean realmente ilegales.
Por su parte, el fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, ha recordado que, a pesar de que el Consejo de Ministros le haya concedido un indulto sobre su condena de prisión, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, sigue siendo "responsable de un delito".
Ascenso vertiginoso
La historia de éste empresario comenzaba en el Mercado Central de Frutas y Verduras de Gran Canaria, desde donde expandió su negocio hacia el ámbito de la seguridad privada. En 1995 fundó la empresa Seguridad Integral Canaria, que llega a alcanzar el liderazgo en el sector en el archipiélago canario. Después de un tiempo en el que obtuvo importantes beneficios y cierto renombre, decidió comprar el equipo de fútbol local, UD Las Palmas, en fase de disolución tras la mala gestión de su antecesor en el cargo.
Fue en este sector en el que empezó a relacionarse en el palco con los políticos autonómicos y locales, especialmente del PP. A raíz de las amistades logradas, el empresario creó RALONS, un grupo empresarial que abarca diferentes ámbitos de actuación, controlando las guarderías públicas municipales, colegios públicos y privados y la seguridad , según recuerdan algunos medios locales de la isla. "Tuvo suerte y en una de las elecciones locales sus amigos de palco arrasaron en las instituciones. Los contratos llovían del cielo y todo iba según sus deseos. El hombre se jactaba en las entrevistas de que nunca había leído un libro", escribía Alfonso Torres en Canarias-Semanal.
Ramírez fue condenado por delito medioambiental al ampliar su chalet utilizando metros de paisaje natural protegido en el norte de Gran Canaria, por lo que fue condenado a tres años de cárcel. Entre otras distinciones el empresario posee la Medalla al Mérito Militar, la Mención Honorífica Policial y es mecenas de la universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
