El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha reclamado a la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid que le remita el acta de la comisión que aprobó, en enero de 2006, el plan que facilitó uno de los mayores 'pelotazos' urbanísticos de la trama Gürtel en la localidad madrileña de Arganda del Rey.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado da un plazo de cinco días para que se le remita el Plan Parcial de Reforma Interior de la urbanización bautizada como Unidad de Ejecución 124. Los terrenos fueron adjudicados en noviembre de 2004 a la empresa promotora Martinsa y se modificaron en los meses siguientes de forma que la constructora elevó su previsión de ventas en 198,3 millones, según un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) que consta en el sumario.
Los investigadores sospechan que Correa habría recibido una comisión de 25 millones de euros por su labor de intermediación en la adjudicación de este contrato.
Las variaciones introducidas en el plan inicial provocaron, por ejemplo, que se pasara de las 1.580 viviendas previstas inicialmente a la aprobación definitiva de 2.731, un 72,85 por ciento más. Este "incremento tan importante" en el número de viviendas planificadas --a costa de reducir el número máximo de metros cuadrados de las mismas a 90-- generó que Martinsa pasara de contar con una previsión de venta de 336,6 millones de euros a 535 millones, un 58,93 por ciento más.
PRECIO DE LICITACIÓN
El informe también reflejaba que el precio de licitación cerrado para llevar a cabo la operación fue de 77,2 millones de euros, una valoración que --dice-- no se corresponde con la real ofrecida por Aguirre Newman. Prueba de ello es que el propietario de Martinsa, Fernando Martín, vendió unos meses más tarde un tercio de los terrenos por 73 millones.
El presunto líder de la red Gürtel, Francisco Correa, recibió 25 millones de euros en supuestas comisiones ilegales por la adjudicación en 2004 de las fincas situadas en este terreno, según concluyó hace unos meses la Agencia Tributaria. La Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF) señaló entonces que dos sociedades de Correa recibieron sendas comisiones de 12 y 12,8 millones de euros por esta operación.
La primera la realizó el empresario Manuel Salinas en 2004 y la segunda el presidente de la constructora Martinsa, Fernando Martín, a través de una sociedad interpuesta, dos años después.
Salinas, un empresario de Zaragoza dedicado a la fabricación y comercialización de muebles de madera y el equipamiento integral de cuartos de baño cuyas empresas "estaban relacionadas" con el negocio de Martinsa, invirtió también cuatro millones de euros para pagar la segunda comisión, que fue efectuada por la empresa Cedargrove Investments, vinculada a Martín.
La IGAE también señalaba que entre la documentación aportada para esta operación inmobiliaria no consta que se comunicara el acuerdo final a la Comunidad de Madrid. Tampoco se incluyeron los correspondientes informes técnicos y jurídicos ni el acuerdo adoptado por la Comisión de Urbanismo, que ahora se reclama.
CITACIONES
Además, el magistrado ha citado a declarar como testigo, para el próximo 10 de enero, al director general de Transportes de la Comunidad de Madrid y exalcalde de Arganda del Rey, Pablo José Rodríguez Sardinero. De la Mata quiere preguntarle sobre varios contratos adjudicados a una de las empresas de la Gürtel, Easy Concept, para la organización de ofrendas florales en dos fiestas del municipio.
También ha citado, en este caso como imputados, a los empleados municipales José Ramón Gutiérrez Villar, Isaac García Requena y María Josefa Aguado del Olmo. Como testigo comparecerá la exedil de Cultura Amalia Guillén Sanz y el técnico Jose* Fernández García.
