El proceso más avanzado que debe afrontar ahora Fomento es el de las autopistas radiales R-3 y R-5, un tramo de la M-50 y la circunvalación a Alicante. De hecho, está previsto que el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid se pronuncie próximamente sobre el plan de liquidación de estas concesionarias y fije una nueva fecha de cese y fin de actividad que Fomento podrá aceptar o no en caso de no coincidir con su propuesta, que pasa por lograr una prórroga -hasta julio de 2017- para asumirlas.
En una entrevista concedida a EFE, el titular de Fomento ha explicado que todavía no hay un cálculo final sobre a cuánto ascenderá la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) en el caso de que estas autopistas pasen a manos del Gobierno.
Una vez que se ponga en marcha la liquidación de las autopistas de peaje se activaría la RPA que el Estado tiene ante la quiebra de una infraestructura contratada por concesión y que le obliga a pagar a la compañía que la construyó el valor del activo y las inversiones realizadas.
"Con independencia de cual sea la RPA, es evidente que al ministerio la puesta en funcionamiento de esas autopistas le hubiese supuesto una inversión muy elevada y la recuperación de esas autopistas se hace a un valor muy inferior", ha indicado De la Serna.
En este sentido, ha reconocido la complejidad que se presenta a la hora de calcular en este caso la Responsabilidad Patrimonial de la Administración. "A partir de ahí estamos en un proceso enormemente complejo", ha reconocido, al tiempo que ha explicado que los servicios técnicos del ministerio están trabajando para cubrir la recuperación de estas autopistas en el caso de que ésta sea finalmente la única salida para garantizar su viabilidad.
No obstante, De la Serna ha asegurado que no se descarta ninguna alternativa. También ha indicado que el Ministerio de Fomento debe llevar a cabo un análisis en profundidad sobre la posibilidad de sacar a licitación nuevamente la concesión de estas autopistas una vez que pasen a manos del Estado. Fomento se había comprometido a asumir la explotación de estas autopistas pero había solicitado un plazo de nueve meses para que la transición se hiciese de forma ordenada.
