El exministro de Justicia en época de José Luis Rodríguez Zapatero, Fernando Caamaño, observa con preocupación el proceso de municipalización de servicios públicos que se está llevando a cabo en algunos municipios de España, muchas veces con más anuncios que hechos. "No es de izquierdas ni de derechas la municipalización, porque la colaboración público privada no tiene nada que ver con la depredación de servicios ni con su privatización". Caamaño cree que es preciso avisar a los administradores públicos que quieran 'rescatar' servicios gestionados por empresas para gestionarlos ellos mismos de que se pueden cometer delitos si no se hace de forma justificada.
Los delitos que se podrían observar son conocidos y bastante indefinidos, reconoce: "Prevaricación, malversación, etc". Este tipo de delitos se han cometido en el pasado en las concesiones públicas, aunque eso no debería, asegura, calificar automáticamente a la gestión indirecta como algo necesariamente negativo. "Si usted se quiere quedar el contrato sabiendo con los informes que tiene que la gestión va a ser manifiestamente peor, puede estar incurriendo en graves responsabilidades administrativas y penales". Esto no tiene por qué ocurrir en todos los casos, y el propio exministro reconoce que casos como la remunicipalización del servicio público funerario al ayuntamiento de Madrid no tienen que ver con esto, dado que "se trataba de una empresa que expiraba y la administración tiene todo el derecho a recuperar el servicio".
Caamaño ha participado en el libro "Servicios públicos e ideología" junto con otros expertos, donde se recuerda que "con las nuevas normas va a haber una definición de los nuevos riesgos desde el punto de vista penal" en caso de que la ideología se pusiera por encima del interés general.
La empresa, preocupada
"La empresa tiene una preocupación. Normalmente la colaboración público-privada se hace a través de relaciones contractuales muy complejas con inversiones muy costosas donde incluso el propio inversor privado tiene que acudir a fondos bancarios o fondos de inversión. Por tanto son operaciones donde el operador privado pide seguridad jurídica". Caamaño cree que hay que tener los resortes para resarcir al operador privado en caso de cambios de voluntad.
El jurista gallego ha explicado casos en los que la colaboración privada mejora lo público, por ejemplo en los casos en que "una administración no tiene fondos por ejemplo para crear vivienda pública, y entonces un operador privado lo hace por él obteniendo después una rentabilidad".
