Los partidarios de la segregación de Cataluña han salido en tromba para defender las pensiones de los catalanes. En los últimos días, Mas-Colell ha recordado hasta en dos ocasiones que España está obligada a pagar a los pensionistas aunque Cataluña se independice. En una carta remitida a los jubilados y suscrita por Mas, Junqueras y Romeva, los soberanistas afirman que “el responsable legal de pagar las pensiones es el Estado español porque es el que ha ingresado las cotizaciones de los pensionistas actuales”. Una misiva que pretende contestar a Tomás Burgos, secretario de Estado de la Seguridad Social, quien declaró al diario El Mundo que una hipotética independencia "dejaría en el aire el pago de las pensiones". La guerra sucia ha comenzado. 1,7 millones de sufragios están en juego.
En el supuesto de ciencia ficción de que Cataluña se separase, el Estado español tendría que escoger entre decisiones malas y muy malas. Y los antecedentes no son desde luego halagüeños. Por más que los soberanistas insistan en que Madrid debería sufragar las pensiones de una Cataluña escindida, la casuística se antoja harto reveladora: España no paga ninguna pensión de un trabajador que sea de otro país a menos que haya un convenio de la Seguridad Social. Ningún país lo hace, y existe además un precedente no muy lejano. Después de la independencia del Sáhara en el año 1975, España no costeó las pensiones de los saharauis a pesar de que habían generado los derechos. Y, a fecha de hoy, sigue sin hacerlo tras casi 40 años de democracia…
En el doble lenguaje de los nacionalistas, éstos argumentan por un lado que las pensiones en España funcionan como un sistema de reparto y, por lo tanto, los trabajadores de hoy pagan las prestaciones de los jubilados de hoy. De tal modo que en una Cataluña independiente las prestaciones se corresponderían con los salarios de los catalanes que las sufragen. En definitiva, seguirían la misma evolución que la marcha de la economía catalana, la cual por cierto no presenta unas pautas muy diferentes de la española en cuanto a productividad, demografía o empleo, los factores que siempre acaban definiendo las cantidades percibidas. Incluso así, aferrados a varios informes de parte, los independentistas sostienen que las pensiones catalanas subirían... ¡Hasta un 10 por ciento!
En el doble lenguaje de los nacionalistas, éstos sostienen que van a subir las pensiones catalanas pero luego exigen que la Seguridad Social española las abone
Sin embargo, al separarse unilateralmente, el Govern carecería de la información y los instrumentos para poder recaudar impuestos y cotizaciones. Lastrados por la etiqueta de bono basura, tendrían los mercados cerrados a cal y canto cuando buscasen financiación. En un entorno recesivo provocado por la secesión, el déficit de la Seguridad Social en Cataluña, cifrado en 4.249 millones a cierre de 2014, se engrandecería por momentos. Los costes de organizar un sistema de Seguridad Social, cuya gestión en España asciende según los Presupuestos a los 5.000 millones al año incluidas las inversiones, dispararían todavía más la factura. Durante un tiempo no mensurable, la crisis fiscal pondría en duda el pago de las prestaciones.
Y tan pronto se les presiona con este problemón inicial, los soberanistas enseguida saltan respondiendo que eso lo tendría que pagar España. “Me gustaría decir que tranquilo, que no se preocupe que le ayudaremos. Las pensiones están contraídas con el Estado español, porque es quien ha recibido las contribuciones durante muchos años”, dijo el conseller de Hacienda, Andreu Mas-Colell. De repente, el sistema deja de ser de reparto (sic) y se vende como si se hubiese capitalizado.
Pero ésa no es la realidad. Como ya hemos apuntado, los trabajadores españoles de hoy costean las pensiones de sus jubilados de hoy. Si ya pertenecen a otro Estado, sólo se les reconocerá en la medida en que haya un acuerdo entre la Seguridad Social de los dos Estados. Por poner un ejemplo, a un saudí que trabaje aquí nunca se le abonará una pensión al no contar con un convenio que lo regule. Da igual lo que haya cotizado o que acuda a los tribunales.
En el mismo momento en el que Cataluña formase un Estado, la Constitución española no tendría validez en ese territorio. “Si no vale el artículo que dice que Cataluña es una Autonomía, ¿cómo va a valer el que dice que no se les puede privar de ser españoles?”, señalan varios juristas consultados. Y, a continuación, las relaciones tendrían que ser regidas sí o sí por convenios entre los dos Estados.
En unas negociaciones por la independencia, España sólo pagaría las pensiones si hay un acuerdo. Pero las dificultades para negociarlo serían muchas y, mientras tanto, el cobro de las prestaciones estaría en duda
La nacionalidad o la pensión española sólo se pueden mantener si existen convenios que así lo estipulen, y a España no le convendría suscribir convenios en tanto que no pudiese ingresar las cuotas a la Seguridad Social y, encima, tuviese que soportar un déficit de 4.200 millones de euros. La cuestión de las pensiones se convertiría, de la noche a la mañana, en una materia más para el chantaje en el supuesto de una declaración unilateral de independencia.
Forzado por la locura secesionista, lo peor es que el Estado español tendría que debatirse entre el deber de asistir a los catalanes o estabilizar unas cuentas públicas otra vez al borde de la quiebra por la incertidumbre y la interrupción de unas relaciones económicas normales. Se podría negociar que España abonase las pensiones catalanas a cambio de quedarse con las cotizaciones y que la Generalitat se hiciese cargo del déficit y un pago por la gestión. Pero la complejidad y las dificultades para alcanzar unos acuerdos equilibrados podría demorar la situación 'sine die'. Y el lío puede adquirir visos todavía más descomunales si, para colmo, añadimos a este cóctel explosivo todos los jubilados que decidan mudarse a España al ver que el cobro de las prestación de los residentes en Cataluña esté en duda. Curioso ver cómo están defendiendo los soberanistas las pensiones de los catalanes.
