Han tenido que pasar 26 meses desde que los tribunales europeos condenaran a España por el funcionamiento de la estiba portuaria para que el Gobierno apruebe una normativa, en forma de Real Decreto Ley, para ejecutar la sentencia. A partir de ahora, se abre un plazo de un mes para convalidarlo en el Congreso. Y posteriormente, de un año para que patronal y sindicatos acuerden cómo adaptarse a la nueva situación. Sin embargo, este proceso no va a ser nada fácil. En paralelo con el trámite parlamentario, el sector está en pie de guerra, con una huelga convocada por los estibadores a lo largo del mes de marzo para protestar por una reforma que acaba con una situación de monopolio que han disfrutado durante décadas. Estas son las claves del Decreto que el Gobierno tratará de sacar adelante en el Parlamento.
Hasta ahora, el servicio de manipulación de mercancías en los puertos se presta bajo premisas muy estrictas, que impide, entre otras cuestiones, la contratación de los trabajadores en el mercado libre. Una vez obtenida la licencia de la autoridad en cada uno de los puertos, las empresas estibadoras cuentan con numerosas restricciones a la hora de contratar trabajadores. Así, al menos el 25% de la actividad de la compañía debe ser cubierto por trabajadores propios. Sin embargo, éstos no pueden ser contratados en el mercado libre. La empresa estibadora debe hacer antes una oferta a la sociedad anónima de gestión de trabajadores portuarios (Sagep) constituida en cada puerto.
Las Sagep son herederas de antiguas sociedades públicas cuyo cometido era proporcionar trabajadores para los puertos. Ahora son privadas pero sus accionistas son, los propios operadores portuarios, que tienen la obligación de participar en el capital de las Sagep. Precisamente, son estas sociedades las que también ceden trabajadores a las empresas para cubrir el 75% restante de sus tareas.
Es decir, para formar parte de los algo más de 6.100 estibadores que operan en los puertos españoles hay que pertenecer a una Sagep. Una situación que, además de atentar contra los principios de libertad de establecimiento y de libre mercado que contemplan los Tratados de la Unión, también ha convertido a este gremio en una clase privilegiada, con empleos que se transmiten con facilidad de padres a hijos; un círculo donde resulta muy complicado entrar pero donde, una vez dentro, no hay competencia posible desde el exterior, lo que ha dado como resultado un coste laboral que se ha ido incrementando a lo largo de décadas.
Elevado coste laboral
Para hacerse una idea, la estiba representa en España cerca de dos tercios del total de los costes portuarios, una proporción que en países como Alemania se sitúa en torno al 35%. Otra referencia: el coste laboral de los estibadores se dispara hasta los 520 millones de euros anuales mientras que el de los funcionarios de los puertos, cuyo número es similar al de los estibadores, se queda en unos 150 millones.
Para acabar con esta situación, como exige la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Real Decreto Ley aprobado este viernes por el consejo de ministros contempla diversas modificaciones al sistema actual. Una de las principales es que las empresas estibadoras podrán contratar trabajadores en el mercado libre, siempre y cuando cuenten con las capacitaciones exigidas para prestar servicio portuario de manipulación de mercancías.
El porcentaje de trabajadores que tendrán que provenir de las Sagep irá descendiendo a lo largo de los tres años de transición al nuevo sistema que contempla la normativa (75% el primer año, 50% el segundo y 25% el tercero).
De esta forma, las compañías se liberan de su dependencia de las Sagep. De hecho, el Decreto también contempla la supresión de estas sociedades a lo largo del periodo de transición al nuevo sistema y de la obligación por parte de los operadores portuarios de formar parte de su capital (aunque podrán seguir siendo sus accionistas si así lo prefieren durante esos tres años).
Huelga convocada
Otro de los puntos fundamentales del Decreto es que las autoridades portuarias se harán cargo de los pasivos laborales de los actuales trabajadores (hasta la fecha de la sentencia europea, diciembre de 2014) en el caso de que las empresas decidan prescindir de ellos para contratar a otros procedentes del libre mercado con sueldos más competitivos. De esta forma, se descarga a las empresas del coste que les supondría contribuir a la liberalización del sector.
Los sindicatos se han opuesto radicalmente a la reforma con el argumento de que va más allá de lo que la sentencia obliga al Estado. Sin embargo, el Gobierno asegura haber trasladado a Bruselas las reivindicaciones de los trabajadores para tratar de incluirlas en el Decreto, que han sido rechazadas al entender que no cumplen los principios.
Para marzo hay convocada huelga de la estiba en los puertos. Patronal y sindicatos tratan de que la negociación colectiva incluya los aspectos que no pueden figurar en el Decreto por la oposición de Bruselas. Pero el acuerdo no parece nada sencillo. Demasiados años sin cambiar un sistema de privilegios al que los estibadores no están dispuestos a renunciar.
