Las sospechas que se mantienen en el seno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre la falta de independencia del consejero Eduardo García Matilla no han servido para que Luis de Guindos ponga en marcha el procedimiento para relevarle en el cargo, pese a que su mandato expiró el pasado septiembre. El Departamento de Control Interno del regulador inició hace varios meses una investigación para analizar la idoneidad de García Matilla para desempeñar su función, a tenor de su antigua relación profesional con Telefónica, que permitió a su antigua empresa -Corporación Multimedia S.A.- ingresar más de 1 millón de euros de la 'teleco' entre 2005 y 2009 y de la que no informó al Parlamento cuando presentó su candidatura a la CNMC. A pesar de ser consciente de este hecho, el Ministerio de Economía no ha movido ficha para sustituirle.
El mandato de los consejeros Diego Rodríguez, María Ortiz y Eduardo García Matilla expiró el pasado septiembre, dos años después de su nombramiento. Desde ese momento, De Guindos está facultado para renovarlos o para sustituirlos, pero no lo ha hecho, en una decisión que se atribuye a su falta de voluntad para alterar el 'status quo' de la CNMC en el actual momento de incertidumbre política, según precisan fuentes del regulador.
El mandato de García Matilla expiró en septiembre, pero Luis de Guindos no ha realizado ningún movimiento para renovarle o sustituirle
Eso ha permitido a García Matilla desarrollar su función, en paralelo a la investigación interna que se inició el pasado verano sobre su figura ante las informaciones que hicieron sospechar de su falta de independencia. Durante este proceso, se ha analizado su antigua relación con Telefónica, una compañía con la que mantuvo una relación comercial durante varios años y sobre la que tiene que tomar importantes decisiones relacionadas con su posición en el mercado de las telecomunicaciones.
La ley prohíbe terminantemente que los consejeros de Competencia (altos cargos) ejerzan su función si en los dos años anteriores al inicio de su actividad han trabajado para algunas de las empresas sobre las que tienen que tomar decisiones. García Matilla en ningún caso ha incumplido esta normativa, pues fue investido en septiembre de 2013. Pero no informó ni al Parlamento ni a la CNMC de su antiguo vínculo con la 'teleco', ni se ha abstenido en las votaciones relacionadas con este sector. De hecho, fue el único miembro que dejó constancia de su desacuerdo con los términos en los que se autorizó la compra de Digital Plus por parte de Telefónica, a través de un duro voto particular.
Vozpópuli también informó del nexo que ha mantenido García Matilla con varios altos cargos del Partido Popular durante su trayectoria profesional. En concreto, antiguos socios del consejero detallaron que una de las actividades que realizó García Matilla durante su permanencia en Corporación Multimedia fue la de formación de portavoces. En estos cursos, participaron algunos de los dirigentes y ex altos cargos con más influencia en el Partido Popular. Entre ellos, Soraya Sáenz de Santamaría.
El nombre de Corporación Multimedia S.A. también aparece en la contabilidad del Partido Popular, al menos, entre los años 2000 y 2009. La cuenta en la que figuraban las operaciones entre esta empresa y el partido (la 410.074) presentó su mayor saldo en 2004 (56.998.90 euros), cuando Álvaro Lapuerta ejercía de tesorero del partido.
El incómodo cisma de la CNMC
Fuentes del 'súper-regulador' han afirmado a este periódico que la apertura de la investigación a García Matilla recrudeció la batalla que se ha librado en este organismo desde mediados de 2014, que ha dividido en dos bloques al Consejo. A un lado, se encuentran los afines al presidente, José María Marín Quemada, y, al otro, los críticos con la línea que ha seguido durante su mandato. En este último bando, se encuentra la vicepresidenta y responsable de la Sala de Supervisión Regulatoria, María Fernández, profesional de la más absoluta confianza de Álvaro Nadal, Jefe de la Oficina Económica de Moncloa.
La rivalidad ha provocado que las decisiones tomadas desde mayo de 2014 hayan estado acompañadas por polémicos votos particulares
Esta rivalidad ha enturbiado la atmósfera de este organismo y ha provocado que una buena parte de las decisiones que se han tomado desde mayo de 2014 hayan estado acompañadas por polémicos votos particulares. En esa fecha, la Sala de Competencia, presidida por Marín Quemada, aceleró diversos expedientes e impuso varias multas a algunas de las compañías con un mayor peso en la economía española. Desde entonces, varios consejeros han expresado su desacuerdo con algunas resoluciones y estudios sectoriales. Entre ellos, la vicepresidenta.
El resultado de la investigación sobre García Matilla no ha trascendido, pero el malestar interno que ocasionó su apertura se puede atribuir a este conflicto interno, según los mismos informantes. De hecho, este consejero también ha lanzado algunos dardos envenenados hacia la Presidencia del organismo. El más claro, el pasado julio, cuando firmó un duro voto particular presentado por María Fernández en el que se criticaba un informe sobre el mercado mayorista de carburantes en España y se cuestionaba la dinámica de trabajo impuesta por Marín Quemada en Competencia.
