La negociación presupuestaria se complica y el Gobierno ha decidido tirar de empleo público. La convocatoria de nuevas plazas para funcionarios permite al Ejecutivo matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, calma a los sindicatos, que llevan semanas amenazando con movilizaciones y recamando una solución para los más de 300.000 trabajadores interinos que hay en la Administración. Y por otro aumenta la presión sobre el principal partido de la oposición para que apoye las cuentas. Si no lo hace, el PSOE será el responsable del bloqueo de las más de 100.000 plazas que se van a convocar cada año hasta 2020. Y tendrá que responder ante los sindicatos.
Y es que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha llegado a un acuerdo con los sindicatos. Además de la oferta ordinaria anual, sacará plazas para los interinos mencionados durante los próximos cuatro años. El objetivo es reducir la temporalidad de la plantilla de las Administraciones Públicas al entorno del 8%. Actualmente ronda el 25%. Si tenemos en cuenta que actualmente hay unos 300.000 interinos, el Gobierno tendría que sacar, de media, unas 75.000 plazas cada año para conseguir esa cota de temporalidad.
Todo el mundo podrá optar a esas plazas, no solo los interinos. No se descarta la posibilidad de que se les pueda facilitar el acceso de alguna manera, como a través de un sistema de méritos, pero no es una cuestión sencilla y aún hay que definirla. En cualquier caso, si un ciudadano de a pie que está preparando una oposición se coloca en una posición mejor que un interino para conseguir la plaza, no habrá forma de impedirlo. De hecho, Hacienda y los sindicatos cuentan con que algunas de las personas que hoy ocupan estos puestos acaben perdiendo la plaza.
El Gobierno quiere convocar 300.000 plazas extra en cuatro años para solucionar el problema de la temporalidad
En cualquier caso, estas más de 300.000 plazas se unirán a la oferta pública ordinaria de cada año. No se puede saber con certeza el número de plazas que convocará Hacienda, pero sí se puede hacer un cálculo aproximado. En 2016 la Administración General del Estado convocó casi 20.000 puestos: 13.427 plazas nuevas y 5.694 de promoción interna. A esta cifra habría que sumar las plazas de las comunidades autónomas y las entidades locales. Así que, casi con toda seguridad, la oferta pública final de 2017 superará los 100.000 puestos de trabajo en la administración.
De hecho, el propio Ministerio ya dijo que en 2017 se convocaría la mayor oferta de empleo público de la historia, con una tasa de reposición superior al 100% de las jubilaciones que se produzcan en los sectores de la Educación, la Sanidad y la Justicia. Y hasta del 50% en el resto de los ámbitos, siguiendo la tónica de la oferta de empleo del anterior ejercicio. Así que la cifra podría incluso superar esos 100.000 empleos.
¿Es viable?
En este contexto cabe preguntarse si es viable sacar una oferta de empleo así con un déficit que sigue desbocado. Lo cierto es que la cifra es tremendamente elevada pero hay que tener en cuenta que la mayor parte de los puestos que se convocan ya están en las plantillas públicas. Es decir, las administraciones ya están pagando estos sueldos y no tendrán que asumir nuevos costes para cubrir las plazas de los interinos. Simplemente puede que la persona que actualmente ocupa un puesto de trabajo sea sustituida por otra.
Y lo cierto es que el hecho de que la tasa de reposición llegue al 100% tampoco debería suponer un aumento de gasto para las administraciones porque son jubilaciones que se cubren con nuevos trabajadores. Es decir, sale una persona del puesto que llevaba años ocupando y entra otra nueva que lo ocupará durante años. De hecho, el nuevo funcionario tendrá un sueldo más bajo y menos complementos que el que deja de serlo, así que teóricamente no debería plantear un problema económico. Eso sí, tampoco habría ahorro, como ha habido estos años de crisis.
Los sindicatos siguen confiando en que sus salarios suban al menos un 1%
Fuentes próximas a la negociación aseguran a este periódico que la estrategia del Gobierno parece clara: utilizar el empleo público como arma de negociación en los Presupuestos. Si el PSOE no apoya las cuentas será el responsable de que no se convoquen todas estas plazas y de que no se resuelva el problema de la interinidad. Y será quien tenga que dar explicaciones a los sindicatos, porque Hacienda ya ha mostrado su disponibilidad para trabajar codo con codo.
Y sigue quedando pendiente el tema salarial. Los sindicatos creen que el Gobierno apurará hasta el final para abrir este debate, aunque siguen confiando en que se mantenga o incluso se mejore algo el incremento del año pasado, que fue del 1%. Quizás el Gobierno se está guardando la batalla salarial para el segundo 'round' con el PSOE en un intento de salvar las cuentas tras el rechazo del Congreso al decreto de la estiba. De momento, en Hacienda dicen que el calendario se mantiene, así que los detalles del Presupuesto deberían conocerse a finales de mes.
