El Gobierno ya habla sin miedo de la subida fiscal que tendrá que incluir en los Presupuestos del año que viene para cumplir con el ajuste de 5.500 millones que reclama Bruselas. Eso sí, de momento dice que solo tocará Sociedades y algunos impuestos menores, como los especiales, sin subir las grandes figuras como el IRPF y el IVA. Pero a los expertos no les cuadran las cuentas. Con estos cambios el Gobierno no podrá conseguir los 5.500 millones y tendrá que ir un poco más allá si quiere cumplir con las autoridades comunitarias.
Al menos eso opina la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas). En una conversación con Vozpópuli, la investigadora de la fundación María Jesús Fernández asegura que la eliminación de desgravaciones en el impuesto de las empresas y los retoques en pequeñas figuras como Hidrocarburos o Tabaco, ayudan, pero en ningún caso garantizan una reducción del déficit de medio punto y eso es lo que quiere Bruselas.
De hecho, no descarta alguna sorpresa en el IVA porque ya no queda margen para ajustar las partidas de gasto del Presupuesto. Puede que el Gobierno no se atreva a tocar los tipos de este impuesto, pero a lo mejor sí hace una reclasificación de productos pasando algunos que actualmente tributan al tipo reducido o superreducido, al general. Solo tocando las grandes figuras el Gobierno va a ser capaz de conseguir esos 5.500 millones y parece poco probable que suba el IRPF después de haberlo bajado el año pasado.
Tampoco descarta algún cambio en figuras como Patrimonio o Sucesiones, aunque estos impuestos son competencia de las comunidades autónomas y cualquier modificación se hará en el marco de la reforma de la financiación autonómica. Muchos expertos piden una unificación de criterios respecto a estos tributos con un mínimo y un máximo a nivel estatal para evitar las diferencias entre las comunidades.
Los impuestos autonómicos como Patrimonio y Sucesiones se modificarán en el marco de la reforma de la financiación autonómica
En cualquier caso, Fernández cree que lo que hay que hacer es una auténtica reforma integral del sistema para hacerlo más eficaz y transparente, con más capacidad recaudatoria que ahora y capaz de evitar los incentivos perversos. Sin embargo, hay pocas posibilidades de que el Gobierno haga esto porque Bruselas quiere los 5.500 millones ya y no va a dar más tiempo. Tal y como sostiene la investigadora de Funcas, se tendría que haber hecho en la anterior legislatura, cuando se encargó el informe de expertos a Manuel Lagares, pero el Gobierno dejó pasar la oportunidad.
En la misma línea que Funcas se manifiestan los asesores fiscales, que creen que hay que abrir un debate profundo sobre esta materia en lugar de ir a lo fácil con parches fiscales que son “pan para hoy y hambre para mañana”. La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) avisa de que las subidas en las que están pensando el Gobierno no solo no van a recaudar mucho, sino que además pueden incentivar el fraude, reducir el consumo y llevar a la deslocalización empresarial.
Los asesores fiscales quieren impuestos más bajos y sencillos que impulsen la actividad y los salarios para mejorar las bases imponibles
Por eso, ellos creen que lo que hay que hacer en estos momentos es impulsar la actividad, los salarios y los beneficios de las empresas para ampliar las bases de los impuestos actuales. Y, al mismo, plantear con calma una reforma integral del sistema fiscal que ayude a generar más crecimiento. Pero su propuesta es muy diferente a lo que quiere hacer el Gobierno. Ellos son partidarios de impuestos más bajos y sencillos para impulsar la actividad.
Por ejemplo, son partidarios de mejorar la fiscalidad de las empresas para evitar las deslocalizaciones y fomentar el beneficio. Además, apuestan por limitar la capacidad de las comunidades para subir el IRPF de forma que el tipo máximo no supere el 50% y de eliminar el Impuesto de Patrimonio. También quieren armonizar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y recomiendan que no se introduzca el Impuesto sobre las Transacciones Financieras o, al menos, limitarlo.
Las organizaciones que representan a los empresarios tampoco están contentas con la decisión del Gobierno, según ha podido saber este periódico. Creen que ya han asumido un esfuerzo enorme con la recuperación del mínimo obligatorio en el pago fraccionado de Sociedades para cuadrar el déficit en 2016. Y no les parece justo tener que volver a asumir la mayor parte del ajuste en 2017. Más cambios en el Impuesto de Sociedades pueden suponer verdaderos problemas para las empresas.
Los sindicatos tampoco están contentos
Y tampoco convence a los sindicatos. Desde CC.OO. sí apoyan que se grave más a las empresas, pero creen que las medidas que está negociando el Gobierno con los grupos son pequeños retoques que no solucionan el grave problema de ingresos que tiene España. El sindicato apuesta también por una reforma profunda que haga el sistema fiscal más equilibrado y que aumente el peso de la imposición directa porque el IVA y el resto de impuestos que gravan el consumo son los más discriminatorios.
En cualquier caso, parece que hay bastante consenso y que los cambios que se están negociando no gustan en el mundo económico. Casi todos los actores quieren una gran reforma que ponga patas arriba el sistema actual y lleve a uno más eficiente, con mayor capacidad recaudatoria y más transparente. Pero todo apunta a que esa demanda no tendrá respuesta. Bruselas aprieta y quiere 5.500 millones cuanto antes.
