Los pensionistas han empezado este mes a perder poder adquisitivo. La inflación por fin ha remontado y está creciendo a un ritmo del 0,7%, la cifra más alta de los tres últimos años y prácticamente el triple de lo que subieron las pensiones en 2016. Aunque en el conjunto del año la inflación se anotará una media negativa, lo cierto es que los precios ya están subiendo con fuerza y lo seguirán haciendo el año que viene, lo que consolidará inevitablemente la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas.
Y este es uno de los efectos que buscaba el Partido Popular en su última reforma, en la eliminó la vinculación de las pensiones a los precios y creó un índice de revalorización propio que tiene en cuenta los ingresos de la Seguridad Social, el número de pensionistas y la situación económica. A partir de estos parámetros, las pensiones se actualizan desde un mínimo del 0,25% a un máximo del 0,5% más el IPC, en tiempos de bonanza.
Esta reforma entró en vigor en 2014. Hasta entonces, la subida de las pensiones se calculaba en función del IPC de noviembre. Si en ese mes la inflación era más alta que la subida que se había aplicado vía Presupuestos, se hacía una paga compensatoria a los pensionistas para evitar que perdieran poder adquisitivo. Y la cifra se tenía también en cuenta para calcular el incremento de las prestaciones para el año siguiente.
Los pensionistas no han perdido poder adquisitivo hasta ahora porque la inflación ha estado cerca de cero e incluso en negativo
Si la norma siguiera en vigor, probablemente el Gobierno tendría que aprobar esa paga compensatoria, porque los expertos solo esperan subidas para los próximos meses. Y las pensiones tendrían que subir por encima del 0,25% en 2017. Algo que no parce posible, teniendo en cuenta el plan presupuestario que envió el Gobierno a Bruselas y la estrecha vigilancia de las autoridades comunitarias a cualquier incremento de gasto.
La aplicación del nuevo índice, en vigor desde el año 2014, no había supuesto un problema hasta ahora, puesto que la inflación lleva tres años en niveles muy bajos e incluso en cifras negativas. Esto ha permitido que los pensionistas hayan ganado poder adquisitivo año tras año a pesar de que sus prestaciones solo hayan subido un 0,25%. Pero la situación ha cambiado. La inflación vuelve a crecer y regresará a niveles próximos al 2% el año que viene, según los expertos.
Y ésta no será la última reforma del sistema. El déficit de la Seguridad Social se anotará el año que viene el peor saldo de su historia, a pesar de la mejora del empleo en los últimos años. Y es que el envejecimiento de la población no perdona. Y los ingresos del sistema no son suficientes ni lo van a ser en el futuro. Según las últimas previsiones de población del INE, en el año 2066 uno de cada tres españoles estará jubilado.
Desde el mundo económico no paran de aparecer nuevas propuestas para mejorar los ingresos y gastos del sistema. Unos prefieren aumentar la edad de jubilación, otros reducir las prestaciones y otros tocar todas las teclas posibles para hacer que el sistema sea sostenible. Eso sí, todos coinciden en una cosa: Hay que ponerse a trabajar ya porque el agujero del sistema es evidente y ahora el país está a tiempo para solucionar el problema y garantizar las prestaciones del futuro.
Y parece que la presión ha hecho su efecto. El Pacto de Toledo se ha puesto las pilas y ha empezado a trabajar a buen ritmo. La semana que viene comparecerá ya la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, que abrirá la primera fase de comparecencias. Esta primera fase se completará con el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, y los agentes sociales (CC.OO., UGT, CEOE y Cepyme).
Las comparecencias se concentrarán en diciembre y enero y las nuevas recomendaciones se enviarán al Gobierno en primavera
Después empezarán a desfilar por la Comisión un sinfín de expertos para poner sobre la mesa sus propuestas, pero los grupos políticos de la Comisión aún tienen que acordar los nombres. De momento, los grupos han solicitado la opinión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), representantes de las organizaciones de autónomos, catedráticos universitarios, grupos de estudio financieros y representantes de las aseguradoras privadas u organizaciones como Cruz Roja, Oxfam, Cáritas.
El objetivo final es poder presentar al Gobierno en primavera unas nuevas recomendaciones para reformar el sistema. Así lo ha hecho saber la presidenta de la Comisión, Celia Villalobos, en varias ocasiones. Y a partir de ahí, el Gobierno tendrá que empezar a trabajar a contrarreloj en una reforma que esperan todos los sectores de la sociedad.
