La temporalidad sigue siendo un grave problema en el mercado laboral español. Y no solo en el sector privado. Actualmente las Administraciones Públicas cuentan con casi 400.000 empleados temporales o interinos, lo que supone una tasa, aproximadamente, del 18%. Y en algunos sectores la situación es especialmente grave, como en la Sanidad, donde un tercio de los empleados tiene este tipo de contratos: el 36,5%.
Así se desprende de un informe de la Federación de empleados de los Servicios Públicos de UGT, que recoge los datos del boletín del registro central de personal del Ministerio de Hacienda y Función Pública. El problema también es importante en la administración de Justicia, donde el 23,8% de los empleados tiene esta misma condición, y entre los docentes no universitarios, con una tasa del 21,3%. En las universidades la tasa baja al 5%.
El abuso de la temporalidad y de los trabajadores interinos no es un problema de ahora. Pero volvió a las portadas de los periódicos el pasado mes de septiembre, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia en la que decía que España no podía hacer diferencias entre trabajadores fijos y temporales al plantear las indemnizaciones por despido.
El informe de los expertos
Tras estudiar la sentencia, el Ministerio de Empleo se reunió en octubre con los sindicatos y empresarios para ver cómo resolvía el problema y acordó la creación de un grupo de trabajo con representación tripartita: dos expertos designados por el Gobierno, dos por los representantes de los trabajadores y dos por los empresarios.
Y en febrero el grupo de expertos presentó su informe preliminar, que resultó ser bastante decepcionante porque decidía aplazar la formulación de un informe definitivo hasta que se pronuncien de nuevo Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En cualquier caso, sí recomendaban una indemnización para los trabajadores interinos de 12 días por año de trabajo, igual que los contratos temporales. Y una revisión profunda del contrato de interinidad, con límites temporales más estrictos.
UGT pide convocar plazas para que todos estos trabajadores tengan la oportunidad de convertirse en funcionarios de pleno derecho
Pero lo cierto es que el derecho a percibir o no una indemnización no es el único problema al que se enfrentan este tipo de trabajadores. Tampoco disfrutan de vacaciones pagadas ni tienen muchas de las ventajas de los funcionarios. Por eso, UGT pide soluciones más ambiciosas, como la convocatoria de plazas para cubrir todos estos puestos y modificar definitivamente la situación de estos trabajadores.
Según el sindicato, una medida así no supondría un gran coste para las administraciones porque todos esos trabajadores ya están percibiendo sus salarios mes a mes. Pero sí serviría para regular su situación. Eso sí, la convocatoria tendría que ser abierta y en ningún caso podría garantizar a todos los trabajadores temporales o interinos el empleo que actualmente ocupan.
Para que tengan cierta ventaja sobre los demás, el sindicato cree que habría que diseñar un sistema de méritos que respetara la legalidad vigente, que fuera igual para todos y que les permitiera obtener ciertos puntos de cara a la oposición. Pero en ningún caso se les garantizaría el empleo. "No se puede consolidar ese empleo sin más, la ley no lo permite", sostiene el secretario general de la Federación de UGT, Julio Lacuerda.
Suprimir la tasa de reposición
Además, UGT cree que ha llegado el momento de suprimir la tasa de reposición que lleva años utilizando el Gobierno para limitar el aumento del empleo público durante la crisis y que ha hecho perder, nada más y nada menos, que 120.000 empleos durante la pasada legislatura. Y este año, si sigue vigente, hará que se pierdan otros miles de empleos.
Finalmente, el sindicato cree que hay que evitar el abuso de la contratación temporal mediante mecanismos que la limiten. Para conseguirlo, habría que extender el régimen indemnizatorio previsto en las leyes laborales al personal interino en el momento del cese y hacer algunas modificaciones normativas para garantizar la existencia de plazas temporales bajo criterios de legalidad y evitando la cobertura de plazas estructurales.
