La oleada de grandes compañías que han decidido mover su sede social fuera de Cataluña ante la incertidumbre generada por el proceso secesionista impulsado por el Gobierno de la Generalitat tendrá un impacto fiscal muy reducido en la comunidad autónoma pero acarreará más de un problema en el futuro de la financiación autonómica. A partir de ahora, Cataluña tendrá más problemas para justificar una aportación al Estado que se corresponda con el dinero que recibe vía transferencias. Precisamente, uno de los pilares en los que se ha fundamentado el proceso soberanista puede convertirse en un serio problema para el futuro de Cataluña dentro de España.
En principio, los efectos fiscales de la marcha de empresas como CaixaBank, Banco Sabadell y Gas Natural serán mínimos. La situación apenas cambiará en la mayoría de los tributos que recaudan las administraciones autonómica y local como son, entre otros, el impuesto sobre actividades económicas (IAE), el de actos jurídicos documentados (AJD), el de bienes inmuebles (IBI), etc.
Al tratarse de un simple cambio de sede social, el grueso de la actividad industrial seguirá llevándose a cabo realmente en Cataluña. De esta forma, en el caso de los bancos, las sucursales y los cajeros automáticos seguirán dando servicio a los clientes y, por lo tanto, pagando sus correspondientes impuestos en aquellas administraciones donde las corresponda por su situación. Lo mismo sucederá con los diferentes inmuebles que sean propiedad de las compañías.
Sin embargo, no sucederá lo mismo con el impuesto de Sociedades, siempre y cuando el cambio de sede social lleve aparejado el de domicilio fiscal (como parece que así será). Con efectos inmediatos y directos, el impacto tampoco se dejará sentir en las arcas catalanas puesto que este tributo es recaudado en su totalidad por el Estado. En cambio, se trata de un notable componente del grueso que se destina posteriormente a las diferentes transferencias autonómicas, en sus distintas variedades, incluyendo el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y el Fondo de Garantía.
Una cantidad que podría estar próxima a los 1.500 millones de euros anuales y que ya no procederá de empresas radicadas en Cataluña.
Recibir según se aporta
En la práctica, a la hora de acordar el reparto de las citadas transferencias no existe una correlación definida entre las "aportaciones" de cada comunidad autónoma en este capítulo y lo que posteriormente reciben del Estado. Es decir, aunque la Comunidad Valenciana tenga a partir de ahora en su territorio las sedes sociales de Caixabank y Banco Sabadell y sus respectivos impuestos de Sociedades lleguen a las arcas del Estado desde allí eso no le garantiza que vaya a recibir más por parte de la Administración Central en forma de transferencias.
Sin embargo, sí podría ser un factor a tener en cuenta para proceder a un reequilibrio en el panorama de la financiación autonómica. Los expertos hablan de un impacto muy indirecto pero lo cierto es que, en numerosas ocasiones, la Generalitat ha hecho hincapié en las negociaciones con los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas que una parte notable de los ingresos por Sociedades llegaba de su territorio.
Así, una de las perpetuas reclamaciones del Gobierno catalán en este capítulo ha sido el hecho de que su mayor contribución a las arcas públicas no se veía posteriormente recompensada de forma adecuada por el Estado, en favor de otras comunidades autónomas cuya aportación era inferior. Uno de los pilares que, precisamente, han fomentado el independentismo, al no calar el carácter solidario del sistema de financiación autonómica.
El traslado de la sede social de grandes corporaciones puede complicar aún más la situación de Cataluña en este sentido. Los expertos coinciden en señalar que en el reparto intervienen una serie de complejas fórmulas, que no entienden de consecuencias de procesos soberanistas. Pero también admiten que, además de los números, también interviene el factor político, que será más determinante que nunca en este caso.
