La calle Mesena, en el barrio madrileño de Hortaleza, puede ser testigo de la batalla de varias decenas de jubilados contra una gran inmobiliaria, Metrovacesa, y su principal accionista, Santander. El motivo de la disputa son 39 viviendas situadas en un enclave privilegiado, la zona norte de Arturo Soria en Madrid.
La cosa no queda ahí, ya que los jubilados son antiguos empleados de Banesto, el banco que se quedó Santander en los años 90. Tras decenas de años viviendo en pisos que la entidad puso para ellos, ahora se han encontrado con una carta que les da dos meses para buscarse un nuevo hogar.
El posible enfrentamiento se centra en torno a la Colonia Banesto, un pequeño 'pueblo' dentro de Madrid de 20.000-30.000 metros cuadrados. La entidad lo construyó para facilitar la vida a algunos de sus empleados, bajo un régimen de protección oficial (VPO). En total, puso a su disposición 160 viviendas. De ellas, quedan 39 habitadas.
Durante décadas, estos vecinos y exempleados de Banesto pagaron una renta mínima, que se elevó hasta 150 euros hace diez años. Los pagaban mensualmente a Banesto hasta 2011, cuando Santander pasó a ser propietario y se subrogó al acuerdo previo. Desde este mes de julio Metrovacesa ha hecho lo propio, al quedarse con activos de Santander, BBVA y Popular.
Aunque Metrovacesa quiere negociar, su carta pone entre la espada y la pared a decenas de jubilados sin otro techo
El nuevo boom inmobiliario ha hecho que la inmobiliaria quiera acelerar plazos y echar a la vez a las 39 familias que quedan en estos inmuebles. Desde Metrovacesa señalan que el objetivo es negociar uno a uno con todos los inquilinos para encontrar un acuerdo que satisfaga a las dos partes.
Sin embargo, la carta enviada, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, pone entre la espada y la pared a decenas de jubilados sin otro techo: "Le informamos que es voluntad de Metrovacesa Suelo y Promoción proceder a la terminación de los contratos de arrendamiento de las viviendas". "Notificamos expresamente la resolución del contrato de arrendamiento otorgándole un plazo para la entrega de la vivienda hasta el próximo 31 de enero de 2018", añade la carta.
Metrovacesa se acoge a que estas viviendas les fueron entregadas bajo su condición de empleados de Banesto, puesto que ya no mantienen al haberse jubilado. En su escrito, la empresa informa de que un bufete de abogados (Azerta-Aisén Abogados) se va a poner en contacto con ellos "para concertar una reunión y concretar los términos de la resolución de su vivienda".
Por su parte, los vecinos ya se están agrupando y preparando para defenderse, a través de la Federación madrileña de Asociación de Vecinos y varios bufetes. No se van a dar por vencidos tan fácil. La pelota está en el tejado de Metrovacesa si no quiere judicializar un proceso inmobiliario como éste, con jubilados que se pueden quedar en la calle como enemigos.
