La Audiencia Nacional acoge desde hace meses una de las batallas más cruciales y llamativas vinculadas a Banco Popular. Un primo del inversor mexicano, Manuel Alfonso Sánchez Del Valle, lleva ya dos intentos sin éxito de anular la venta a Banco Santander.
Es el primo y no el inversor mexicano -enfrentado a Ángel Ron y clave en el último año del banco- el que reclama para que su familiar pueda solicitar un arbitraje internacional, una vía que se le cerraría si fuera él el que recurriera en la jurisdicción nacional.
Coincide que Manuel María Sánchez del Valle, directivo de Popular Banca Privada, es su hijo, según fuentes financieras consultadas. Este medio intentó obtener una versión de él sin éxito. El financiero sigue en Popular Banca Privada, según la información personal en Linkedin, el registro mercantil y la CNMV, donde figura como presidente de algunas sicav del grupo.
Diversas fuentes consultadas explican el directivo de Popular tuvo un papel relevante para la llegada de su tío a la entidad, en la ampliación de capital de 2012.
Argumentos
El padre del banquero puso un recurso para paralizar la venta de Popular a Santander en julio. La Audiencia le respondió en septiembre que no correspondía tomar una decisión así. Semanas después, Sánchez del Valle presentó un recurso de reposición, al que ha respondido hace una semana la Audiencia, en un escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli.
"El argumento sobre la dudosa validez de la decisión de la JUR [Junta Única de Resolución], en atención al número de recursos de nulidad interpuestos ante el TJUE [Tribunal de Justicia de la Unión Europea], no puede ser acogido, además de que el propio interesado ha acudido al TJUE, impugnando la decisión de la JUR", señala la Audiencia, quien además impone el pago de las costas a Sánchez del Valle.
La Audiencia Nacional le impone el pago de las costas al sobrino de Del Valle
Argumenta también que "la posición del Frob" fue de "mero ejecutor de la decisión de la JUR", por lo que no se puede ir contra el organismo español.
Previamente, los Del Valle habían defendido "los perjuicios que se producirían a mi representado de no estimarse este recurso y, en consecuencia, adoptarse las medidas cautelares pretendidas […] ¿de que Banco Popular sería accionistas mi mandante?, ¿de una entidad que ha perdido el control de su patrimonio inmobiliario y crediticio?, ¿de una mera marca comercial?".
