El despacho Garrigues prevé presentar en el Juzgado Mercantil número dos de Sevilla, entre hoy y el lunes, solicitud de impugnación del acuerdo de refinanciación de Abengoa en representación de grandes aseguradoras y fondos de inversión estadounidenses que reclaman entre 1.200 y 1.400 millones de euros al grupo energético. Otro despacho español, el bufete Zamora de Claver, que defiende a bonistas con tres millones de euros de deuda con Abengoa, también tiene previsto impugnar el acuerdo.
De acuerdo a las fuentes consultadas, entre las compañías estadounidenses se encuentran AIG -líder mundial en seguros generales-, Atlantic Specialty Insurance, Liberty Mutual, o Nationwide Mudual. El fondo de inversión Fidelity está también entre los acreedores que previsiblemente impugnarán el acuerdo anunciado recientemente por Abengoa para evitar la declaración del que sería el mayor concurso de acreedores sucedido en España.
Las aseguradoras y fondos estadounidenses ya impugnaron el primer acuerdo de homologación logrado por Abengoa para negociar su deuda, el pasado mes de abril. El juez del mercantil de Sevilla había concedido a la compañía energética siete meses más para negociar su deuda y evitar el concurso, decisión que fue impugnada por las compañías mencionadas, y también por el fondo de infraestructuras estadounidense EIG, la aseguradora suiza Zurich Insurance, o la entidad mexicana Bancomext. El magistrado Pedro Márquez validó el pasado mes de octubre dicho acuerdo de homologación y desestimó las impugnaciones.
Ahora las aseguradoras y fondos representandos por Garrigues pretenden tumbar el último acuerdo de refinanciación que Abengoa ha presentado con el apoyo de más del 75% de sus acreedores, y que fue homologado por el juez el 8 de noviembre. El acuerdo supondrá que las principales entidades financieras acreedoras y fondos que han comprado la deuda de buena parte de los bonistas del grupo, se conviertan en los principales accionistas de la compañía, que de esta manera evitará la declaración de concurso.
En esta ocasión, el fondo EIG -representado en el caso de Abengoa por el despacho Latham & Watkins- y Bancomext -defendido por el bufete Ashurst- no tienen previsto reclamar la impugnación del último acuerdo de refinanciación del grupo sevillano, según las fuentes consultadas. Los despachos de abogados mencionados no quisieron el jueves comentar esta información.
Créditos contingentes
Abengoa, a través del despacho Cortés Abogados, niega la condición de acreedoras a las aseguradoras estadounidenses. “Los avales prestados por las compañías de seguro a favor de las distintas compañías del Grupo Abengoa no constituyen pasivo de éstas. Ni financiero, ni comercial. Sencillamente, no son pasivo o, si se quiere, son un hipotético e incierto pasivo contingente”, defendió el bufete con ocasión de la anterior impugnación al acuerdo de homologación. “Las entidades aseguradoras demandantes no son acreedores del Grupo ABENGOA (ni financieros, ni comerciales) y, por lo tanto, carecen de legitimación activa para impugnar la homologación”, aseguró. Cortés Abogados insiste en que la deuda de Abengoa con las aseguradoras no es de 1.400 millones de euros, sino que sólo reconoce tres millones.
El tratamiento dado a los créditos considerados como contigentes de Abengoa, en total cerca de 10.000 millones de euros, centra la cuestión sobre la legitimidad de las aseguradoras representadas por Garrigues a la hora de impugnar el acuerdo de refinanciación. El mismo juez de Sevilla que desestimó las impugnaciones al anterior acuerdo de refinanciación, explicó en el auto comunicado en noviembre que de lo que se trata de discernir es "si una obligación existente, nacida de un hecho cierto y pasado (la firma de los correspondientes contratos) pero incierta en cuanto a su cuantía o vencimiento, puede calificarse como pasivo financiero".
El magistrado razonó que la mayoría de los 10.000 millones de créditos calificados como contingentes de Abengoa no están sujetos al acuerdo de reestructuración del grupo ni obligados a adherirse al mismo, lo que abría la puerta a que las aseguradoras podrían reclamarlos sin adherirse al último acuerdo de refinanciación.
