La inquietud y la tensión en torno al futuro de la estiba aumentan a pasos agigantados en los puertos españoles. A pocas horas de que se celebre un nuevo encuentro entre el Gobierno y los sindicatos de la estiba para tratar de alcanzar un acuerdo, que se antoja muy complicado, para la liberalización del sector impuesta por Bruselas, los representantes de los trabajadores están poniendo en marcha la estrategia para intentar minimizar los efectos del Real Decreto Ley que el Ejecutivo prevé aprobar el próximo viernes. El sindicato Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, mayoritario en el sector, está firmando y negociando acuerdos con las empresas estibadoras de cada puerto para que estas se subroguen la totalidad de los trabajadores. De esta forma, estos se aseguran mantener los empleos y las condiciones cuando entre en vigor el Decreto, que prevé la desaparición en un máximo de tres años de las sociedades que en la actualidad proveen a las empresas del 75% de los empleados.
La delicada situación se planteó en la tarde de este lunes en la asamblea celebrada por Anesco, la patronal de las empresas estibadoras. Según ha podido saber Vozpópuli, en este encuentro las compañías desvelaron el planteamiento que Coordinadora les está poniendo encima de la mesa, así como las medidas de presión que están poniendo en práctica para hacer que firmen el acuerdo.
Algunas empresas ya están padeciendo las consecuencias de no firmar el acuerdo de subrogación de trabajadores o de no negociar con Coordinadora. Los retrasos que se están generando en algunos puertos, que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha achacado a "huelgas encubiertas" son fruto de las citadas presiones.
“Las empresas se ven obligadas a firmar porque aquella que no lo hace no tarda en ver cómo sus operaciones se ralentizan y se ven rodeadas de incidentes”, apunta una fuente portuaria.
La pasada tarde, la tensión fue a mayores en el Puerto de Tarragona, donde se registró el espectacular incendio de una grúa situada en las instalaciones de Bergé (ver vídeo), una de las compañías que más firmeza está mostrando a la hora de negarse a pactar la subrogación de los trabajadores con los sindicatos.
El Gobierno pide calma a las empresas
En la asamblea de Anesco, las compañías mostraron su preocupación por este escenario aunque, por otra parte, empiezan a tenerlo asumido, toda vez que en la reunión se analizó la parte proporcional de trabajadores que corresponderían a cada empresa estibadora en cada puerto.
El Real Decreto Ley prevé que sea cada autoridad portuaria la que corra con los pasivos laborales de los trabajadores contratados previamente a la sentencia (diciembre de 2014), de tal forma que las compañías puedan recurrir al mercado libre para la contratación de nuevos empleados sin tener que asumir los costes, a medida que vayan desapareciendo las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (Sagep), como está previsto en la normativa que prevé aprobar el Ejecutivo este viernes.
Sin embargo, los convenios revertirían la situación porque obligarían a las empresas a asumir esos costes y, por lo tanto, se retraería en gran medida la llegada de trabajadores del mercado libre.
Fuentes sectoriales señalaron a este periódico que las empresas instaron al Gobierno a aprobar con la mayor celeridad posible el Real Decreto Ley, con el fin de iniciar cuanto antes su tramitación parlamentaria y evitar dar más tiempo a los sindicatos para ejercer su presión. Sin embargo, el Ejecutivo ha preferido agotar la vía del diálogo con los representantes de los trabajadores, con vistas a tener más posibilidades de lograr sacar adelante la normativa en el Parlamento.
Para ello necesitan que el PSOE no vote en contra de la medida (en ningún caso lo hará a favor sino que se abstendría). Y la postura de la formación socialista en este punto ha sido siempre favorable a que haya acuerdos entre las empresas y los trabajadores.
El Gobierno está intentando transmitir tranquilidad a las compañías ante esta situación, al asegurarles que el Real Decreto siempre estará por encima de cualquier convenio que firmen con los sindicatos y más teniendo en cuenta las condiciones con las que se están acordando.
¿Convenios compatibles con el Decreto?
Sin embargo, otras fuentes aseguran que, tal y como están planteado el Real Decreto Ley, los convenios de subrogación tendrían cabida en él y harían que muy pocas cosas cambiaran en el sector de la estiba.
La liberalización que tramita el Gobierno está motivada por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que condenó a España porque su sistema de estiba atentaba contra las normas de libre contratación contempladas en el Tratado de la Unión. Actualmente, las empresas están obligadas a contratar la mayor parte de trabajadores de las Sagep, de las que, además, están obligadas a ser accionistas.
Esta estructura ha hecho de la estiba un sector hermético y endogámico (los puestos de trabajo pasan de padres a hijos en múltiples casos), cuyos costes se han disparado con el paso del tiempo debido a que las compañías no pueden acceder al libre mercado para cubrir los puestos.
