El Gobierno salvó este jueves la complicada papeleta de sacar adelante la polémica reforma del sistema de la estiba pero esto no quiere decir que vaya a librarse de alguna de las sanciones económicas por el retraso a la hora de ejecutar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). De hecho, es bastante probable que el Estado tenga que pagar una multa próxima a los 25 millones de euros aunque el Real Decreto que convalidó este jueves el Parlamento cuente con los parabienes de la Comisión Europea.
El TJUE está a punto de emitir una segunda sentencia condenatoria contra el Reino de España por el asunto de la estiba. La primera, dictada en diciembre de 2014, instaba al Gobierno a reformar el sistema de operativa de los puertos al entender que atentaba contra los principios del libre mercado contemplados en los Tratados de la Unión. El retraso a la hora de ejecutar el fallo motivó un segundo proceso, en este caso de carácter sancionador, por la no aplicación de la sentencia. Y este proceso está prácticamente finalizado.
De hecho, hace poco más de un mes la Comisión Europea advirtió al Gobierno de que el TJUE ya había constituido la sala que iba a fallar sobre el segundo proceso, que sería abreviado y sin posibilidad de hacer alegaciones, lo que hablaba sobre la inminencia de un fallo que todo parece indicar que llegará antes de que tanto Bruselas como el propio tribunal hayan comprobado que la reforma aprobada en el Parlamento español es conforme a lo establecido con la primera sentencia.
El Gobierno procedió de inmediato este jueves a remitir a Bruselas el texto del Real Decreto convalidado en el Parlamento. Este trámite fue bien acogido por el Ejecutivo comunitario, que podrá elaborar un dictamen favorable si considera que el texto se ajusta al contenido de la sentencia. Sin embargo, será complicado que este dictamen modifique la postura del TJUE respecto a la sanción que ultima contra el Reino de España por el retraso al aplicar la sentencia.
Cumbre sindical el primer día de huelga
Esta sanción incluye el pago de 27.522 euros al día hasta la aprobación de la normativa que ejecute lo dictado en la sentencia. Una cantidad que se aproxima, a día de hoy, a los 24,8 millones de euros.
Lo que sí podría evitar el dictamen positivo de la Comisión Europea es la segunda multa a la que se exponía el Estado, esto es, 134.000 euros diarios en el caso de que se dictara la segunda sentencia sin que la normativa para ejecutar la primera hubiera sido aprobada por el Parlamento.
Mientras, el Gobierno se prepara para la respuesta sindical ante la convalidación de un Decreto Ley al que se han opuesto frontalmente los estibadores, al considerar que el cambio de sistema y la posibilidad de que las empresas contraten trabajadores en el mercado libre acabarán con sus puestos de trabajo.
Para el próximo miércoles está prevista la primera jornada de huelga en los puertos de las ocho convocadas por los sindicatos en protesta por la nueva normativa. Ese primer día de paros, el 24 de mayo, coincide con el inicio de la reunión anual de la Federación Europea de Trabajadores del Transporte, que tendrá lugar en Barcelona, que alberga uno de los principales puertos españoles.
