Una de cada tres personas será un pensionista dentro de tres décadas. El envejecimiento de la población disparará el número de pensionistas del país de los 9,8 millones que existen actualmente hasta los 16,45 millones en 2050.
Esto, unido a la subida de la pensión media, que pasará de los 992 euros de media de ahora a los 1.954 euros mensuales, por el efecto de la inflación y el hecho de que las nuevas altas tienen derecho a pensiones más elevadas, provocará un fuerte aumento del gasto público en esta partida.
A día de hoy, el Estado destina un 10,9% del PIB al pago de las pensiones, es decir, unos 130.000 millones de euros al año, pero la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) estima que en treinta años ese porcentaje suba al 14,2%.
La cuestión está en que ese 14,2% habrá que calcularlo sobre el PIB previsto para 2050, que según la Airef casi triplicará el actual: 3,168 billones de euros frente a los 1,245 actuales. El gasto por tanto ascenderá a los 450.000 millones de euros.
Montaña de deuda pública
El incremento del gasto en pensiones previsto para los próximos años no irá acompañado de un aumento proporcional de ingresos de la Seguridad Social -menos aún ahora tras el golpe que ha sufrido el mercado laboral y el desplome de las cotizaciones sociales por el coronavirus-, lo que elevará el déficit estructural del sistema.
La diferencia entre lo que se ingresa y lo que se gasta se tendrá que pagar con deuda emitida por el Estado año a año que irá acumulándose hasta representar un 8,8% del PIB en 2030, un 27,8% en 2040 y un 56,3% del PIB en 2050.
Esto supone un nivel de endeudamiento excesivo si se tiene en cuenta que la Comisión Europea recomienda para el conjunto de las Administraciones Públicas de cualquier estado miembro que la deuda pública se estabilice en torno al 60% del PIB.
