El Gobierno va a tener que abordar otro frente derivado del complicado proceso para la reforma de la estiba. Las negociaciones con la patronal y los trabajadores del sector, que incluye la aportación de fondos públicos para la adaptación al nuevo régimen exigido por los tribunales europeos, han desatado la indignación de los empleados que dependen de las diferentes autoridades portuarias, que se han sentido discriminados por los recortes salariales que han padecido en los últimos tiempos.
A estas horas, el Ejecutivo trabaja a marchas forzadas para tener listo un nuevo Decreto Ley, que consensuará con los estibadores, para articular la reforma del sistema que exigida desde la Justicia europea antes de que llegue la inminente sanción por no haber aplicado la sentencia condenatoria emitida en diciembre de 2014. El Gobierno ha cuantificado en unos 120 millones de euros el coste del apoyo que está dispuesto a dar para facilitar la transición hacia el nuevo sistema.
Algo que ha caído como una bomba entre los sindicatos y diversos colectivos de los trabajadores dependientes de las autoridades portuarias, que denuncian que han sufrido en estos años recortes salariales por valor de 70 millones de euros por los efectos de la crisis y que, además, están sin convenio colectivo desde el año 2009.
Estos colectivos denuncian que, en su día, la Administración aseguró no disponer de fondos para compensar los recortes que sufrieron sus salarios debido a las medidas de austeridad para las empresas públicas que puso en marcha el Gobierno presidido entonces por José Luis Rodríguez Zapatero. De ahí que consideren discriminatorio que, ahora, el Gobierno apoye económicamente a un sector como el de los estibadores, cuyos salarios son notablemente más elevados.
Advertencia a Bruselas
Representantes de los trabajadores de las autoridades portuarias han manifestado su indignación por esta situación en diversas ocasiones durante los últimos días, coincidiendo con las negociaciones que el Ejecutivo ha mantenido con la patronal y los sindicatos de la estiba para tratar de cerrar un acuerdo y lograr el apoyo de los grupos políticos con el fin de convalidar el Decreto en el Parlamento.
Así, el comité de empresa de la Autoridad Portuaria de Bilbao expresó su indignación a finales del pasado marzo, coincidiendo con una visita al puerto vizcaíno del presidente de Puertos del Estado, José Llorca. Sin embargo, las actuaciones de estos colectivos prometen ir más allá.
Por lo pronto, han elevado escritos a la Comisión Europea alertando de que el Gobierno español estaba dispuesto a conceder ayudas a la estiba que podrían ser consideradas como ilegales en el marco de la legislación comunitaria. La denuncia, elevada ante la Comisaría de Competencia, fue rechazada como tal al considerar este departamento que el colectivo no cumplía los requisitos para elevar una reclamación de este tipo, entre los que figura el ser considerado como "parte interesada".
"Entendemos su preocupación por el proyecto de apoyo público a las sociedades de estibadores. Los servicios de la Dirección General de la Competencia están en contacto con las autoridades españolas para aclarar si tal apoyo es conforme a las normas sobre ayudas estatales de la Unión Europea", apunta el organismo en su respuesta.
