La hoja de ruta hacia la independencia descubierta por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la vivienda del ex secretario general de la Vicepresidencia de Economía y Hacienda, Josep Maria Jové Lladó, muestra la importancia que la Generalitat daba a un departamento como es el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat), pero también del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI).
Esta hoja de ruta preveía, tras proclamar la república catalana, "aprovechar las estructuras ya existentes, adaptarlas y redimensionarlas: fundamentalmente el CTTI y el Cesicat, pero también los Mossos d'Esquadra, que se convertiría en la policía del nuevo estado catalán, compuesto por unos 17.000 agentes.
De hecho, la Guardia Civil intervino el teléfono de Joan Manel Gómez Sanz, técnico en Tecnologías de la Comunicación y de la Información en el Consorci Administració Oberta de Catalunya, que anteriormente había sido empleado del Cesicat.
¿Y por qué tiene tanta importancia para la Generalitat de Carles Puigdemont el Cesicat? Pues según consta en un informe del ex fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza que está incluido en el sumario que investiga el juez de Barcelona Juan Antonio Ramírez Sunyer, porque en la práctica los independentistas lo utilizaban a modo de CNI catalán: para controlar las comunicaciones interceptando correos electrónicos y teléfonos móviles.
Y por eso el Cesicat es uno de los principales departamentos que deberá controlar el Gobierno de Mariano Rajoy, y que fue objetivo de la intervención de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que a las ocho de la mañana había inhabilitado el sistema informático preparado para el referéndum del 1 de octubre.
El documento de la Fiscalía, cuyo contenido ha adelantado la Agencia Efe, explica que la Generalitat llevaba a cabo actividades irregulares con el Cesicat, un organismo, dice el fiscal, puesto en marcha por la Generalitat para apoyar el "proceso unilateral de independencia" en contra de los preceptos del Tribunal Constitucional.
En 2016, el Cesicat pasó a depender del Departamento de Presidencia de la Generalitat, explica el fiscal, y se convirtió en una "pieza fundamental" del "catálogo de estructuras de Estado" que implantó la Generalitat de cara a la independencia.
Así, sus actividades alcanzan, según la Fiscalía, "a la ejecución de actividades de censura (mediante la eliminación de páginas web), al control de las comunicaciones (mediante la interceptación de correos electrónicos y aplicaciones de control en teléfonos móviles utilizando el programa Cerberus)" y al acceso a bases de datos ajenas.
Informes sobre empresarios
Asimismo, se dedica "al encargo de informes sobre empresarios y altos cargos de la Generalitat e incluso a la creación de bases de datos de ciudadanos para diversos fines" y carentes de control.
"Todos los datos objetivos mencionados -prosigue- conforman una base indiciaria suficiente para sostener con carácter presuntivo que el Cesicat desarrolla funciones que claramente exceden de su marco legal regulador y que en la práctica está ejecutando actividades más propias de un servicio de inteligencia que son competencia exclusiva del Estado".
"La preparación y puesta en funcionamiento de esas estructuras administrativas del Estado, sin amparo ni cobertura legal, ha sido ejecutada por la Generalitat mediante la contratación de las obras y servicios necesarios con diversas empresas, y destinando para tales fines recursos económicos públicos, lo que puede conducir a una aplicación indebida de fondos y caudales públicos", afirma Zaragoza en su decreto, que califica los hechos de delitos de sedición, malversación, prevaricación y desobediencia.
Pere Soler
Además, la investigación llevada a cabo por el juez de Barcelona Juan Antonio Ramírez Sunyer, especialmente gracias a las grabaciones, muestran que el director general de los Mossos d'Esquadra, Pere Soler, destituido por Mariano Rajoy, reconoce que las "contravigilancias" habían aumentado en relación a los que habían estado "más expuestos" a las investigaciones judiciales.
En este sentido, los propios guardias que realizaron el informe sobre el posible delito de sedición en la Audiencia Nacional destacaron que el 1 de octubre los separatistas "habían montado un sistema de información que cubría los movimientos que realizaban tanto la Guardia Civil como el Cuerpo Nacional de Policía".
Con esta información, continúa el informe, los responsables del referéndum que se encontraban en cada colegio organizaban "la resistencia adecuada para evitar la entrada en el mismo y que se pudieran intervenir las urnas, en ocasiones montando barricadas, en otras colocando a ancianos y a niños en primera línea para disuadir a los agentes".
