El Gobierno de Cristina Cifuentes ha aportado, a requerimiento del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, documentación sobre la denominada operación Arganda, que desmonta la versión del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González que declaró en el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona que el Ejecutivo que presidía Esperanza Aguirre no tuvo nada que ver con el mayor pelotazo detectado en Gürtel, y por el que el cabecilla de la trama, Francisco Correa, habría ingresado 25 millones de euros.
González, que fue detenido por agentes de la UCO el pasado 19 abril, permanece en prisión por decisión de otro juez de la Audiencia Nacional, en este caso del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, que investiga el caso Lezo.
En concreto, la Comunidad de Madrid ha remitido un informe y dos documentos, tal y como consta en una resolución de 21 de junio del juez De la Mata, que acreditan que el Ejecutivo, en el que González era vicepresidente, sí respaldó la modificación del plan parcial de Arganda del Rey (Madrid) que permitió a la sociedad Martinsa construir en su promoción de esta localidad madrileña 641 viviendas más de las previstas en un primer momento, aunque la superficie edificable era ligeramente superior.
En su declaración como imputado en el caso del ático de Estepona el 18 de abril de 2016, Ignacio González rechazó que la Comunidad de Madrid tuviera ninguna capacidad para decidir sobre la reclasificación, que según el arquitecto Gilbert Barbany, testigo de Gürtel, posibilitó un beneficio extra a la promotora de Fernando Martín de 198 millones de euros. Martín, imputado en el procedimiento, siempre ha negado cualquier irregularidad en su promoción de Arganda del Rey.
Enrique Porto
Sin embargo, la existencia de estos documentos suministrados por el Gobierno de Cristina Cifuentes muestran que el Ejecutivo de Aguirre sí tuvo un papel determinante en el polémico expediente, que firmó el 17 de enero de 2008 el entonces director de Urbanismo y Planificación General, Enrique Porto.
Además, el propio Porto era propietario de una de las empresas que participó en la adjudicación a Martinsa de las fincas de Arganda del Rey.
Según la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, los ayuntamientos son los responsables de la aprobación definitiva de los cambios en los planes parciales en los municipios de más de 15.000 habitantes, como es el caso de Arganda del Rey.
Pero el artículo 61.4 de la mencionada norma pone coto a esta potestad municipal, y especifica: "Cuando los planes parciales modifiquen la ordenación pormenorizada establecida por el Plan General, se requerirá informe previo de la Comisión de Urbanismo".
Además, el artículo 47.3 de la Ley del Suelo madrileña impone otros límites a los ayuntamientos, y destaca que para que las modificaciones del planeamiento sean "admisibles" tienen que tener por objeto "el incremento de la calidad ambiental de los espacios urbanos de uso colectivo o la mejora de las dotaciones públicas".
Una funcionaria de la Comunidad informó "favorablemente" sobre la modificación del plan, con 641 viviendas más
En este sentido, el expediente aportado por el Ejecutivo encabezado por Cifuentes aporta un informe jurídico, de 8 de noviembre de 2008, firmado por la funcionaria Paloma de la Roca Ranz, entonces subdirectora general de Normativa y Régimen Jurídico en el que informa "favorablemente" sobre la modificación del plan, con 641 viviendas más, una decisión que a la postre permitió un incremento notable de los beneficios sobre el papel para Martinsa.
En la pieza separada de Gürtel en la que se investiga el pelotazo de Arganda están imputados, entre otros, el exalcalde del municipio Ginés López y el exdiputado del PP en la Asamblea y ex consejero delegado de la sociedad municipal de Fomento Benjamín Martín Vasco.
Según la Udef, los bancos suizos aportaron al procedimiento el resguardo de una transferencia de 13 millones de euros realizada desde una cuenta cuyo beneficiario es el empresario Fernando Martín a Correa, y que especifica en francés: "Montante recibido como comisión por la intervención en el desarrollo inmobiliario Ramón Arganda de Madrid hecho por la sociedad Martinsa".
El anterior instructor del caso, el juez Pablo Ruz, descubrió el pago de otros 12 millones, que a su juicio estaban vinculados también con la intermediación de Correa en Arganda. En total, los ingresos de Correa en esta operación podrían haber llegado a los 25 millones de euros.
Dos millones para González
Además, el polémico comisario retirado José Manuel Villarejo aseguró en su declaración como testigo ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona, Isabel Conejo, que el ático que Ignacio González y su mujer, Lourdes Cavero, tienen en propiedad en la localidad malagueña podría formar parte de una presunta comisión de 2 millones de euros que el expresidente madrileño habría cobrado por el pelotazo de Arganda.
"Todo viene a raíz de un colaborador de la Policía que manifiesta que González había cobrado aproximadamente dos millones de euros por esa recalificación por la que está imputado el empresario Fernando Martín", declaró Villarejo, que completó su testimonio: "El confidente dijo que el que se había llevado el pastel gordo con relación a la recalificación de Arganda era Ignacio González.
