“La Fórmula 1 no va a costar ni un euro a las arcas públicas”. Con esta frase, en 2007 el entonces secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, proyectaba como un triunfo del Consell la celebración del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 la Marina, en Valencia. Pero la construcción del circuito costó 14,6 millones sacados de las arcas públicas, para los cuatro años que estuvo en funcionamiento (entre 2008 y 2012).
Ahora, este lunes, cinco años después de su clausura y completa obsolescencia, comenzará el desmantelamiento de los tinglados de la Marina, que actuaron en su día como boxes y palcos VIP del circuito. La Consellería de Vivienda inicia unas obras que tienen de presupuesto un millón de euros, a los que se le suma el coste de 1,2 millones de la enajenación del material por parte del adjudicatario.
En una entrevista a la Cadena SER este domingo, la consejera, María José Salvador, asegura que la transformación simboliza “el cambio de paradigma, el cambio de marco para devolver los tinglados a la gente, a la ciudadanía”.
Ha explicado también que las obras tendrán una duración de cuatro meses, tras los cuales los tinglados volverán a ser del Ayuntamiento de Valencia, que será el responsable de asignarle un nuevo uso.
Los más de 14 millones de deuda los “están pagando todos los valencianos”
Salvador ha incidido en que los más de 14 millones de deuda los “están pagando todos los valencianos” y recuerda que la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) está pagando un crédito de 60 millones que fue solicitado durante la etapa de Francisco Camps al frente del consell para pagar las obras del circuito urbano de Fórmula 1.
La idea que tiene ahora la Consejería de Vivienda de la Generalitat Valenciana es la de habilitar espacios verdes y viales de transporte en el futuro.
Diez años del ‘caso Valmor’
La gestión de la Fórmula 1 en Valencia lleva diez años ensombrecida por el ‘caso Valmor’, por el que la Justicia investiga los posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos que, según la denuncia que presentó la Fiscalía Anticorrupción, podrían haber cometido el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, la exconsellera de Cultura y Deportes, Lola Johnson y el expiloto y empresario Jorge Martínez “Aspar”, durante las negociaciones para acoger la Fórmula 1 en Valencia y por el aval que la Generalitat concedió a Valmor, la empresa organizadora del evento.
La querella de la Fiscalía Anticorrupción que dio origen a esta causa, que todavía sigue abierta, se centraba en cuatro aspectos fundamentales: el contrato firmado entre Valmor y la empresa pública Circuito del Motor para organizar la Fórmula 1, por el que la mercantil no pagó nada, en perjuicio de los fondos públicos; la orden que dio Camps para que la Generalitat se constituyera como avalista de Valmor sin seguir el procedimiento administrativo fijado en al Ley de Hacienda de la Generalitat y la Ley de Presupuestos de 2011; la orden que dio a Johnson, pese a que no tenía competencia para ello, para que firmara el contrato de 19 de julio de 2011 (un día antes de dimitir) por el que el Gobierno autonómico prestaba el aval a la empresa; y la asunción por parte del Consell del canon anual de 26 millones de dólares “sin asumir ningún derecho”.
