La aplicación del artículo 155 de la Constitución Española pondrá, de ejecutarse de forma definitiva, a los Mossos d'Esquadra bajo el mando del Gobierno central, que con toda seguridad relevará al actual major, Josep Lluís Trapero. Y su sucesor deberá acatar las decisiones del Gobierno central, tal y como se desprende de la iniciativa del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que deberá aprobar en los próximos días el Senado.
El más que probable relevo de Trapero, que está imputado por sedición en la Audiencia Nacional, abre la incógnita de qué harán los alrededor de 17.000 policías catalanes, muchos de los cuales se han visto señalados por su inacción el 20 de septiembre, con los registros de dependencias de la Generalitat, pero sobre todo el 1 de octubre, fecha en la que se celebró el referéndum ilegal.
La normativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado abre la puerta, según confirman a Vozpópuli las diferentes asociaciones de la Guardia Civil y sindicatos de Policía, a la posible suspensión cautelar de centenares de mossos, si estos agentes no acatan las órdenes de las autoridades.
Sin embargo, la posible suspensión de centenares o incluso la expulsión de mossos rebeldes no sería, ni mucho menos, una circunstancia inédita en la historia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los últimos años. Desde el inicio de la Transición, con la muerte del dictador Francisco Franco, los agentes han protagonizado importantes disputas con los sucesivos Gobiernos, que han acabado con expulsiones masivas de agentes, e incluso detenciones.
Gobierno de Suárez
El 17 de diciembre de 1976, en pleno Gobierno de Adolfo Suárez, policías y guardias civiles se manifestaron en Madrid en reivindicación de subidas salariales, pero sobre todo para que los agentes fueran incorporados al Régimen de la Seguridad Social (una lucha que nada tiene que ver con los hechos que se viven en Cataluña, y con la posible rebelión de los Mossos d'Esquadra).
Y la respuesta de la dictadura en 1976, aunque ya con Franco muerto, fue detener a unos 200 agentes y expulsar a otros 50, al mismo tiempo que se llevaron a cabo consejos de guerra, según explica el guardia civil Luis Fernando Martín García, que destaca también que decenas de guardias y policías fueron objeto de traslados forzosos.
Vozpópuli ha conversado con el presidente de la Unión de Guardias Civiles (UniónGC), Ramón Rodríguez Prendes, que recuerda que todavía en la segunda mitad de la década los 70 ni los guardias civiles ni los policías estaban adscritos a la Seguridad Social: "Hubo manifestaciones, y poco después muchos de ellos fueron suspendidos y expulsados. Algunos tuvieron la oportunidad de reincorporarse, pero muchos otros optaron por no volver", lamenta.
Decenas de dirigentes de las asociaciones fueron expulsados, y tampoco fueron readmitidos, pese a que el Congreso de los Diputados aprobó su retorno", lamenta Ramón Rodríguez Prendes
Pero la lucha de los agentes de la Guardia Civil se prolongó durante varios años más hasta conseguir que el Gobierno aceptara el derecho de asociación: "Decenas de dirigentes de las asociaciones fueron expulsados, y tampoco fueron readmitidos, pese a que el Congreso de los Diputados aprobó su retorno", lamenta Rodríguez Prendes, que recuerda que si cualquier mosso es inhabilitado, "aunque sea sólo un día, tendría que ser expulsado del cuerpo, según consta en la normativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Otro precedente de expulsiones o sanciones masivas contra los agentes, ya en plena democracia, en concreto en 1985, muestra la determinación de los Gobiernos del socialista Felipe González en sancionar a decenas de policías nacionales que reclamaban la anulación del Código de Justicia Militar.
En 1985, según informa el diario El País, el Ministerio del Interior, entonces encabezado por el ministro José Barrionuevo, expedientó a 21 agentes de los acuartelamientos de Vitoria (Álava), Basauri (Vizcaya) y Madrid. También acordó 80 traslados forzosos a Cataluña de la III Compañía de Reserva General de León, de 10 de la guarnición de Ceuta y uno de Vigo (Pontevedra).
"En la clandestinidad"
En este sentido, el secretario general de Alternativa Sindical de la Policía (ASP) en Tenerife, Rafael Hernández, recuerda que en esos años, en los que él era representante sindical "en la clandestinidad", tres Compañías de Reserva General, las antecesoras de la Unidad de Intervención Policial (UIP), iniciaron una huelga de celo por las "pésimas condiciones" en las que vivían durante los largos periodos que pasaban en el País Vasco, entonces en plena época del terrorismo de ETA.
Cada compañía estaba compuesta por 150 agentes, "muchos de los cuales fueron suspendidos de empleo y sueldo. Otros sufrieron sanciones de varios meses, tras lo que gracias a las negociaciones de los sindicatos pudieron reincorporarse", explica Rafael Hernández, que destaca que pese a que los expedientes causaron una gran conmoción en el cuerpo de la Policía Nacional, "el Ministerio del Interior envió al País Vasco a otros agentes", en un intento de sofocar las protestas.
Por eso Hernández, que pone de manifiesto "la gran diferencia entre las reivindicaciones policiales de la Transición con una posible rebelión de los Mossos d'Esquadra", considera que algunos policías catalanes deberían estar ya suspendidos de empleo y sueldo por su actuación el 1 de octubre.
