Fiel a la prudencia de la que hoy mismo ha vuelto a hacer gala, Mariano Rajoy ha puesto en marcha el artículo 155 de la Constitución para desalojar a Carles Puigdemont de la Generalitat... sin que se note.
Lo ha hecho sin alarde alguno de la autoridad efectiva que confiere la Carta Magna al Gobierno sobre cualquier comunidad autónoma; con un lenguaje casi administrativo.
El Presidente del Gobierno ha comparecido tras un Consejo de Ministros extraordinario que había convocado a las 9.00 en La Moncloa, para explicar que ha enviado al presidente catalán un “requerimiento” previo a las medidas que pueda tomar “al amparo del artículo 155” de la Carta Magna.
Le pide a Puigdemont, según explicó, “que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña”, porque lo ocurrido ayer en Cataluña genera “confusión” y los españoles, “en especial los catalanes”, necesitan “claridad”.
De la respuesta que ofrezca el requerido “se marcará el futuro de los acontecimientos”, que un enigmático jefe del Gobierno no ha querido adelantar.
Porque, si Carles Puigdemont “manifiesta su voluntad de respetar la legalidad y restablecer la normalidad institucional”, se pondría fin a este periodo de “inestabilidad, tensiones y quiebra de la convivencia” sin necesidad de seguir adelante con el 155.
En caso contrario, al finalizar el plazo del ultimátum -que Rajoy no ha querido detallar- el Consejo de Ministros volverá a reunirse para poner en marcha un abanico de medidas. Estas podrían ir desde la toma del control de los Mossos hasta el cese Generalitat en pleno y el nombramiento de un gobierno provisional que convocaría elecciones autonómicas.
Como el escenario está absolutamente abierto, y el apoyo del PSOE a esta medida drástica está cogido ‘con pinzas’, Mariano Rajoy ha medido cada una de sus palabras y de sus gestos; teniendo en cuenta, además, que esta tarde comparecerá ante el Pleno del Congreso para dar más detalles.
Habló anoche varias horas en La Moncloa con Pedro Sánchez y esta mañana por teléfono con Albert Rivera, obteniendo de ambos un apoyo indispensable para ese pleno, en el que, presumiblemente, revelará cuál es la fecha límite de contestación al “requerimiento”.
Este asunto va a ser clave. Fuentes gubernamentales creen que serán pocos días para no hacer el juego a Puigdemont, que pretende con su independencia en diferido ‘a la Eslovenia’ ganar tiempo con el objetivo de que vayan cayendo reconocimientos internacionales a la nueva República Catalana. Algo que el Estado no está dispuesto a aceptar.
