El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha admitido hoy a trámite la querella por el 1-O de VOX contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, sus consellers y los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament, pero excluye por ahora los delitos de sedición y rebelión.
En un auto, la sala civil y penal del alto tribunal catalán ha acordado acumular la querella de VOX en las dos causas que ya están abiertas en el TSJC por el proceso soberanista, una contra el Govern y otra contra los miembros de Junts pel Sí en la Mesa, aunque las limita por ahora a los delitos de desobediencia y prevaricación, y en el caso de Puigdemont y sus consellers también de malversación.
En su querella, VOX acusaba al presidente Puigdemont, a los consellers del Govern, a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los otros miembros soberanistas de la Mesa, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramon Barrufet, también de los delitos de conspiración para la rebelión, sedición y usurpación de atribuciones.
No obstante, el alto tribunal catalán limita por ahora su investigación a los miembros del gobierno catalán a los delitos de desobediencia continuada a resoluciones judiciales, prevaricación continuada y malversación de caudales públicos, "sin perjuicio de la comisión de otros delitos directa o indirectamente relacionados con los anteriores".
Respecto de los miembros de JxSí en la Mesa del Parlament, el TSJC mantiene la investigación por los delitos continuados de desobediencia y prevaricación. La Fiscalía se posicionó a favor de la admisión a trámite de la querella de VOX y de que se uniera a los dos procedimientos ya abiertos, según detalla el TSJC en su escrito.
El TSJC también ha acordado que sea la magistrada que instruye la causa abierta al gobierno catalán por el 1-O, Mercedes Armas, quien decida sobre la medida cautelarísima solicitada por VOX para ordenar la detención del presidente catalán, Carles Puigdemont, y del resto de miembros del Govern.
Asimismo, la sala de civil y penal ha rechazado "de plano" la petición de VOX de ampliar la investigación a los miembros de la Sindicatura Electoral que tenía que supervisar el referéndum del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional, ya que no aprecia por el momento "conexidad alguna" entre sus integrantes y los hechos atribuidos a los querellados.
