La descoordinación en la lucha antiterrorista denunciada por las asociaciones mayoritarias de guardias civiles y policías nacionales, en concreto la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) entre los Mossos d'Esquadra no es nueva, sino más bien un hecho que se puede constatar de forma frecuente, tal y como como prueban los sumarios de la lucha antiterrorista.
En los atentados de Barcelona, tanto AUGC como el SUP han asegurado que los Mossos impidieron tras la explosión el acceso al chalé de Alcanar al TEDAX de la Guardia Civil, pero también que las autoridades catalanas desconocían que el imán de Ripoll había tenido contactos con uno de unos de los principales detenidos en la operación de la Policía Nacional contra el terrorismo yihadista Chacal I en el año 2006, que tal y como adelantó Vozpópuli, acabaron en libertad tras considerar el Tribunal Supremo que no había pruebas suficientes para incriminarles.
Pero tal y como ha podido recabar este diario, el último episodio de descoordinación policial ocurrió a finales de junio pasado, cuando agentes de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) detuvieron a tres presuntos presuntos yihadistas, que vivían en el barrio madrileño de Embajadores, y que habían modificado sus hábitos de forma apresurada.
Los policías arrestaron entonces a los tres sospechosos de yihadismo, con la intención de evitar cualquier posible atentado, ya que días después se iba a celebrar en el barrio madrileño de Chueca el Orgullo Gay, uno de los potenciales objetivos de los terroristas.
Sin embargo, esta operación, que pudo haber impedido un ataque inminente, sacó a la luz una investigación que durante meses había desarrollado la Guardia Civil con otro juez de la Audiencia Nacional.
Dos células terroristas
La propia fiscal que coordina en la Audiencia Nacional, Dolores Delgado, anunció su intención de establecer un mecanismo para evitar este tipo de colisiones, ya que dos cuerpos policiales, la Guardia Civil y la Policía Nacional investigaban dos células terroristas con conexión entre ellas.
El organismo que se encarga de coordinar las actuaciones policiales, el Centro de Inteligencia Antiterrorista (Citco) tampoco reparó en este problema.
Pero el sumario sobre antiterrorismo que sin duda evidencia más de cerca la descoordinación entre la Policía y la Guardia Civil es el de los yihadistas que rezaban en la mezquita de la M-30.
Según un informe de la Comisaría General de Información de la Policía enviado al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ocupado entonces por Pablo Ruz, muestra que esta descoordinación pudo afectar a la desarticulación de la principal célula yihadista conocida en España hasta los atentados de Barcelona y Cambrils.
En un pasaje del informe, remitido el 9 de mayo de 2014 por la Policía al magistrado, los agentes que elaboran el informe aseguran que los sospechosos suelen tomar medidas de seguridad en sus comunicaciones, especialmente, cuando se pone en contacto con Omar El Harchi, que era uno de los cabecillas.
"Se ha observado que estas precauciones han aumentado considerablemente, como consecuencia, del seguimiento al que parece que fue sometido por parte de un dispositivo de vigilancia de otro cuerpo de seguridad distinto"
"Se ha observado que estas precauciones han aumentado considerablemente, como consecuencia, del seguimiento al que parece que fue sometido por parte de un dispositivo de vigilancia de otro cuerpo de seguridad distinto al del Cuerpo Nacional de Policía", especifica el documento policial sobre el seguimiento de cuatro patrullas.
"El seguimiento al que hacemos referencia", prosigue el informe dirigido al juez Pablo Ruz, "fue detectado por Nabil y por su mujer, el pasado día 19 de marzo cuando circulaban en su vehículo, procediendo Raquel a tomar las matrículas de dos de los cuatro vehículos que componían el dispositivo. Este hecho fue denunciado, posteriormente, por Nabil Benazzou ante la Comisaría de Distrito de Moratalaz. Realizadas gestiones se verifica que dicho seguimiento se ha producido realmente".
Pero la descoordinación no se para en la comunicación que no comparten las diferentes policías que actúan en España: la Guardia Civil, la Policía Nacional, los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza. Hasta junio de este año el Ministerio del Interior no integró en los foros españoles, el mencionado Centro de Inteligencia Antiterrorista (Citco) y en los externos, la Europol, a la Ertzaintza, la policía autonómica vasca.
Reunión en julio
En una reunión de la Junta de Seguridad celebrada en Cataluña en julio se acordó que los Mossos entraran en el CITCO, Centro de Inteligencia contra el Terrorismo, y en la Europol; los mismos acuerdos que consiguió la Ertzaintza en la última Junta de Seguridad del País Vasco. Este acuerdo se hará efectivo en las próximas semanas.
En el pasado, la información sobre la banda terrorista ETA tampoco fluía con normalidad entre la Guardia Civil y la Policía Nacional con la Ertzaintza. En 2009 el ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba decidió que el Estado diera a la Ertzaintza toda la información de la lucha antiterrorista que se obtuviera en Francia.
Hasta esa decisión de 2009, la policía autónoma vasca recibía la información operativa, pero la estratégica llegaba con mucha mayor dificultad.
