El major de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, volverá previsiblemente a declarar a la Audiencia Nacional después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya anunciado su intención de volver a citarle como imputado.
Con estos documentos, todas las partes han acordado suspender las declaraciones porque el ministerio público ha aportado nueva información sobre los ataques a la Guardia Civil.
Sin embargo, Trapero sí ha contado su versión de los hechos, y ha tratado de desmontar la versión de la Guardia Civil. La Fiscalía no ha pedido medias cautelares para el mando policial.
Por su parte, el presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, sólo ha respondido a las preguntas de su abogado, y Jordi Cuixart, el presidente de Òmnium se ha negado a declarar.
Queja de los diputados
Los diputados catalanes y vascos que han acudido a la sede de la Audiencia Nacional para acompañar a Trapero, Cuixart y Sánchez se han quejado del dispositivo policial diseñado para este viernes puesto que les impedía acercarse.
"No hemos podido acompañarles de manera física, ni hemos podido abrazarles ni dirigirles unas palabras", ha dicho Teresa Jordà, que ha destacado que los presidentes de ANC y Òmnium han liderado "durante años las movilizaciones más pacíficas y cívicas que ha habido en la Europa del siglo XXI".
"Cerrazón" del PP
El diputado de En Comú Podem Marcelo Expósito ha afirmado que el hecho de que les sitúen detrás de una valla le resulta un "disparate sintomática del grado al que ha llegado el enconamiento de la situación política por la cerrazón del PP, del Gobierno de Mariano Rajoy". A su juicio, también es un "disparate político ilimitado" que los representantes de las asociaciones catalanas estén compareciendo por una "acusación gravísima" cuando han "actuado en el ejercicio de sus libertades de opinión, expresión y en su derecho de reunión, asociación y manifestación".
En esta misma línea se ha manifestado el diputado del PDeCAT Carles Campuzano ha recordado que en otras ocasiones, sí les han dejado acompañar a investigados a los juzgados y tribunales -como al exconsejero de Presidencia de la Generalitat Francesc Homs cuando fue juzgado por el Tribunal Supremo por participar en la organización de la consulta secesionista del 9 de noviembre de 2014--. "No es normal", ha dicho y anunciado que se presentarán una queja formal ante la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor: "Los diputados tenemos derechos que nos ampara y hoy se nos han conculcado", ha apostillado.
Asimismo, Campuzano ha resaltado que lo "grave" no es esta situación de extrema seguridad, sino que citen como investigados por sedición por unos hechos que "en ningún caso puede calificarse de delictivos". Por otro lado, se ha preguntado si "es normal que en un Estado democrático la Policía allane las oficinas de la Generalitat de Cataluña y se detuviesen a 14 personas".
"Es otra nueva expresión de la manera absolutamente equivocada, autoritaria y represiva con el que el Estado está respondiendo a la demanda pacífica, democrática y cívica de la sociedad catalana", ha añadido.
Tribunal de orden público
Por último, el senador vasco de EH Bildu Jon Iñarritu ha señalado que "no es casualidad" que Cuixart y Sànchez hayan sido llamados a declarar en la Audiencia Nacional, "heredera del Tribunal de Orden Público", juzgado de la dictadura franquista. "Esperamos que estas personas puedan salir en libertad tranquilamente y puedan volver a su país, a Cataluña", ha concluido.
Los representantes políticos no son los únicos que se han acercado hasta las dependencias judiciales. Menos de una decena de personas del colectivo Hogar Social han llegado vociferando "No nos engañan, Cataluña es España", alzando banderas de España y una pancarta con la cara de Trapero junto al lema "Bueno, pues molt bé, pues a prisión"; pero inmediatamente agentes de la Policía Nacional les ha alejado de la inmediaciones de la Audiencia Nacional.
Otro de las plataformas que han aprovechado estas comparecencias ha sido la de Madrileños por el Derecho a Decidir, cuyos portavoces han leído un manifiesto en el que piden respeto a "la decisión adoptada por el pueblo catalán". "A pesar de las dificultades puestas por el Estado en forma de presiones, amenazas, detenciones y salvaje represión, el referéndum se ha realizado de forma exitosa", dice el manifiesto.