Los acontecimientos en el conflicto catalán se suceden a velocidad de vértigo. Si el jueves parecía que el Gobierno aflojaba en su estrategia de dureza con el independentismo, acelerando en el Congreso la luz verde a la Comisión que apadrina el PSOE para el estudio del problema territorial, la Moncloa volvió ayer al "palo" tras la reacción del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a su guiño: insistir en el empeño de llevar a cabo el referéndum ilegal del uno de octubre.
La respuesta tardó en llegar solo unas horas. A primera hora de ayer el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, remitía una carta al consejero de Interior, Joaquim Forn, del núcleo duro de Puigdemont, anunciándole que la habitual dotación de policías y guardias civiles en la comunidad se dobla (hasta un total de 8.900 efectivos) para "apoyar" a los 17.000 Mossos de Esquadra desplegados por todo el territorio.
En un comunicado, Interior explica que ha tomado esa decisión en virtud del artículo 38.2 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que contempla la intervención de Policía y Guardia Civil en el mantenimiento del orden público cuando, "bien a requerimiento de las Autoridades de la Comunidad Autónoma, o bien por decisión propia, lo estimen necesario las Autoridades estatales competentes".
A nadie se le escapa que la decisión es, sobre todo, política a la vista del deterioro de la situación. En la práctica supone tomar el control de la seguridad en Cataluña, como ya intervino Hacienda la semana pasada las cuentas de la Generalitat.
El Gobierno no quiere que se repitan asedios "tumultuarios" como el de la Consejería de Economía, el miércoles, y está decidido a perseguir a sus autores por delito de sedición
Moncloa no quiere, bajo ningún concepto, que se repitan el uno de octubre por toda Cataluña acosos como el sufrido por los guardias civiles que acudieron el miércoles a la Consejería de Economía a desarticular el operativo del referéndum y detener a sus responsables, a las órdenes del juez de instrucción Número 13 de Barcelona.
Los agentes, cuyos vehículos oficiales fueron atacados y sufrieron destrozos, permanecieron casi 24 horas encerrados en la consejería porque la cúpula de los Mossos, al mando del major, Josep Lluis Trapero, tardó horas en crear un pasillo por el que ponerles a salvo. Los mandos de la Benemérita se negaron a que fueran sacados en helicóptero porque hubiera contribuido a dar imagen de impotencia ante el asedio de miles de manifestantes.
Forn reacción ayer en Twitter a la carta de Zoido asegurando que "el Estado prepara el terreno para intervenir a los Mossos" y no le falta razón a este político de fuertes convicciones independentistas situado en el círculo más próximo a Puigdemont. Y el consejero Jordi Turull ironizó: "dijeron que iban a venir por tierra, mar y aire; ya lo han hecho".
En el Gobierno existe la firme convicción de que el presidente de la Generalitat y los suyos van a usar el resultado de la consulta o lo que vaya a ser aquello que ocurra en Cataluña el 1-O para realizar 48 horas después, el día 3, una Declaración Unilateral de Independencia (DUI); y está dispuesto a impedirlo por todos los medios. De ahí el despliegue de esos 8.900 efectivos, la mitad de los cuales están durmiendo en cruceros atracados en el puerto de la Ciudad Condal.
Hasta cuatro veces repitió ayer el Ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, que la justificación para doblar la presencia de policías y guardias civiles es evitar protestas "tumultuarias" como las que se vivieron el pasado miércoles en la Consejería de Economía para evitar la detenciones. La insistencia de Mendez de Vigo no es baladí porque el fiscal general del Estado, Jose Manuel Maza, explicó recientemente que para acusar a alguien de "sedición" debe acreditarse su participación en un acto "tumultuario".
