Los nueve empresarios acusados en el juicio de Gürtel contra la excúpula del PP valenciano han confesado hoy, en virtud a un acuerdo con la Fiscalía para evitar la cárcel, que pagaron algo más de 1,2 millones de euros para financiar ilegalmente al PP en las campañas electorales de 2007 y 2008.
En la segunda sesión del juicio que celebra la Audiencia Nacional y en el que están acusados los ex altos cargos del PP de Valencia Ricardo Costa y Vicente Rambla, los nueve empresarios han reconocido todos los hechos de los que le acusa la Fiscalía Anticorrupción.
La Fiscalía cree que el montante total que el PP valenciano no declaró por servicios de publicidad en campaña contratados a la trama Gürtel asciende a más de 1,1 millones de euros en las elecciones autonómicas de 2007; a 78.878 euros en las municipales del mismo año; y 801.810 en las generales de 2008. En total, poco más de 2 millones de euros.
Estos empresarios ya confesaron el pasado mes de febrero, cuando suscribieron un acuerdo con el ministerio público por el que confesaron que habían financiado al PP valenciano en las campañas municipal y autonómica de 2007 y en las generales de 2008.
A cambio, la fiscal Miriam Segura ha solicitado penas de cárcel inferiores a 2 años -por lo que no entrarían en prisión- sustituibles por multas que oscilan entre 45.000 y 63.000 euros, aparte de otras multas en concepto de responsabilidad civil.
Se trata de Vicente Cotino -sobrino del expresidente de las Cortes valencianas Juan Cotino-, Enrique Ortiz, Rafael Martínez, Tomás Martínez, Antonio Pons, Alejandro Pons, Gabriel Alberto Batalla, José Francisco Beviá y Enrique Giménez, quienes solo han contestado a la Fiscalía, la Abogacía del Estado y a sus abogados.
Todos han reconocido que asumieron como propios gastos electorales que el PP valenciano no declaró por estar excediendo el límite de gasto previsto en la ley, los reflejaron en su facturación y los incluyeron en sus declaraciones tributarias.
Han admitido que, como señala el escrito del fiscal, los pagos se hicieron por las empresas que ellos administraban directamente a Orange Market -filial de Gürtel en Valencia- "y ésta les facilitó facturas por servicios que en realidad no habían sido prestados".
Según consta en el texto acordado por estos acusados con la Fiscalía sus sociedades no podían realizar donaciones al partido ya que eran grupos empresariales beneficiarios de contratos con administraciones públicas valencianas.
Esta forma de financiación irregular ya fue revelada por el supuesto líder de la Gürtel, Francisco Correa, cuando, en busca de atenuantes, confesó en un escrito al juez encargado del caso, José María Vázquez Honrubia, que el PP de Valencia pagó en b a la trama trabajos en campañas electorales o mediante facturas ficticias a empresarios por trabajos no realizados.
