El PSOE de Las Rozas lleva años luchando contra el pacto que el Ayuntamiento de la localidad y la Federación Española de Fútbol lograron y que permitió que Ángel María Villar se “ahorrara” 50 millones de euros. Los socialistas piden que se devuelva ese dinero a los ciudadanos.
El portavoz socialista en esa localidad, Miguel Ángel Ferrero, lleva muchos años denunciando el “trato de favor” que ha tenido el presidente y la Federación Española de Fútbol por parte del PP.
Ferrero señaló, tras conocer la detención del presidente Villar, que hay que poner fin a los “negocios ilegales” que el presidente puso en marcha en Las Rozas hace veinte años en un terreno de dominio público.
El PSOE recuerda que desde hace mucho tiempo ha venido denunciando que el matrimonio PP/Villar proporciona a la Federación de Fútbol 7,5 millones al año. Los socialistas señalan que Villar ha estado “metiendo la mano en el bolsillo de 100.000 ciudadanos de Las Rozas” y, a pesar de las advertencias de la Justicia, el PP ha permitido que continuara la situación.
El PSOE exige que se investiguen las constantes denuncias hechas en el Ayuntamiento y las decenas de pleitos que han puesto en marcha, “incluso con peligro para el patrimonio de alguno de los concejales”.
Recuerdan que cuando los tribunales obligaron a que el terreno “regalado” a la Federación de Fútbol volviera a ser patrimonio público el Partido Popular alquiló la Ciudad del Fútbol cien años a la Federación por un euro, en una “triquiñuela para vestir un fraude”.
El portavoz socialista pide a la UCO que investigue todos los atropellos que tanto el PP como la Federación han cometido con el patrimonio de los roceños. Entre las denuncias del PSOE está que el PP se negó a cumplir los últimos diez años dos autos del Tribunal Constitucional y hasta siete autos en ejecución de sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Los tribunales finalmente absolvieron a los concejales del PP en un pleito porque “la voluntad flagrante e inequívoca de desobediencia que requiere el delito del que le acusaba el Ministerio Público no es propia de quien, por su condición de no experto, recurre a los servicios de asesores cualificados y hace en todo momento lo que los especialistas le indican”.
