Los responsables del Ministerio del Interior planean que los efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en Cataluña lleguen hasta los 8.900, una cifra que supondría casi doblar el número de agentes que de forma habitual están destinados en esta Comunidad, que son unos 4.900. En enero de 2016 el número de Mossos d'Esquadra era de 16.869.
En el caso de la Guardia Civil, Vozpópuli ha accedido al cuadrante de guardias de que se han ofrecido voluntarios para trabajar en Cataluña en comisión de servicio hasta al menos el 5 de octubre, y cuyas dietas serán de 167,40 euros diarios.
En total son 465 agentes, entre los que Andalucía es la Comunidad que más voluntarios aporta, con 105; seguidos de Castilla y León (75); Castilla-La Mancha (48); Comunidad Valenciana (43); Galicia (40); Aragón (26); Madrid (24); Extremadura (23); País Vasco (20); Asturias (18); Murcia (13); Navarra (11); La Rioja (9); y Cantabria (9).
A esta cifra hay que añadir los agentes que irán a Cataluña del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y los denominados USECIC (Seguridad Ciudadana). Las comandancias que habrían aportado agentes serían, según información facilitada a este diario, las de Pamplona, Sevilla, Cádiz, Almería, Jaén, Algeciras, Granada, Murcia, Gijón, Ciudad Real, Guadalajara, Oviedo, Huelva, Cáceres, Badajoz, Huesca, Zaragoza, Burgos, Alicante y Baleares.
Este traslado masivo de agentes se conoce tan sólo un día después de que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, asegurara en el Congreso de los Diputados que será necesario que en los próximos días mejore la coordinación entre los distintos cuerpos policiales en Cataluña, cuyo despliegue en Cataluña es, según su opinión, "proporcionado y razonable".
Ante la avalancha de agentes de la Policía y Guardia Civil, cuyos cambios de destino han sido congelados (otros 240 guardias que tenían concedido el traslado deberán permanecer en Cataluña), el Ministerio del Interior ha contratado cuatro cruceros, que han recalado de momento en los puertos de Barcelona y Tarragona como apoyo logístico al despliegue policial.
Los cruceros deben servir como hospedaje y apoyo logístico a los agentes de los cuerpos de seguridad del Estado. Sin embargo, los estibadores de Barcelona y de Tarragona decidieron este jueves en asamblea no operar los cruceros fletados por el Ministerio de Interior para alojar a los agentes que se trasladan a Cataluña, y tampoco suministrar servicios a los barcos.
Escraches en Cataluña
Las últimas semanas los agentes de la Guardia Civil han sufrido los escraches de miles de personas en Cataluña, en los que los radicales insultan a los agentes y tratan de obstaculizar su trabajo. Por el contrario, y sin practicar detenciones, los guardias y los Policías Nacionales cumplen como Policía Judicial las órdenes de los jueces y de la Fiscalía Superior catalana.
Y este "acoso", tal y como lo definieron las principales asociaciones de guardias, llegó al máximo nivel conocido hasta ahora la noche del miércoles al jueves, periodo en el que los agentes que desarrollaban el registro de la Conselleria de Economía y Hacienda permanecieron bloqueados durante 24 horas.
Las órdenes que han recibido tanto los guardias como los policías son claras. En ningún caso se actuará contra la población que acuda a las protestas y escraches organizados por los independentistas contra los agentes.
¿Pero cuál es la línea roja que se ha marcado el Ministerio del Interior? Sólo podrán detener a las personas que pongan en peligro la integridad de los propios guardias o policías. "Sólo si en algún momento algún compañero se ve rodeado o le suceda algo y peligre su integridad. Y siempre con el mínimo de violencia", explican fuentes presentes el pasado martes en la reunión en la que la Dirección General de la Guardia Civil explicó a las asociaciones la actividad que realizarán los agentes en Cataluña hasta al menos el 5 de octubre.
Actuación "ejemplar"
La actuación de los agentes “ha sido ejemplar”, explican las mismas fuentes policiales, que sostienen que las provocaciones son constantes: “Les llaman payasos, represores, monos y gorilas e incluso represores.Y ellos están aguantando. Está claro que están haciendo una gran labor y están cumpliendo al pie de la letra las órdenes, porque ellos, no hay duda, tendrían ganas de actuar”, explican las citadas fuentes policiales a este diario.
Precisamente, la Guardia Civil atribuye un delito de sedición, además de los de malversación, prevaricación y desobediencia, a las 14 personas que detuvo el miércoles en la operación ordenada por el juez de instrucción de Barcelona Juan Antonio Ramírez Sunyer por los preparativos del referéndum del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional.
Ante el acoso de la Conselleria de Economía, cuyos mensajes de audio se incluyen en esta información, las principales asociaciones profesionales del Instituto armado,, en concreto la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), la Unión de Guardias Civiles (UniónGC), la Unión de Oficiales (UO) y la Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc) emitieron este viernes un comunicado conjunto en el que transmitieron "todo el apoyo y el ánimo a los miles de guardias civiles que durante este momento excepcional están desarrollando una labor impecable, demostrando una gran profesionalidad y buen hacer".
Asimismo, las asociaciones resaltaron el "gran sacrificio" que están llevando a cabo los miembros de la Guardia Civil, "que estos días desarrollan su labor en defensa de la legalidad sometidos a un enorme estrés y en muchos casos bajo condiciones de gran presión, exponiendo su propia integridad física para proteger el Estado de derecho y a las libertados y derechos de la ciudadanía".
Manifestación ante el TSJCat
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a través de una declaración institucional, también ha rechazado los "ataques y presiones que pretendan cuestionar la legitimidad de los jueces o influir en su toma de decisiones", en referencia a la concentración ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) para pedir la libertad de los 14 arrestados, de los que sólo permanecen privados de libertad seis.
El órgano de gobierno de los jueces considera la manifestación "inadmisible en cualquier circunstancia", pues "supone un ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial", poniendo en entredicho uno de los fundamentos esenciales de cualquier Estado constitucional.
Precisamente, los guardias civiles que irrumpieron en la Conselleria de Economía y Hacienda catalana, por orden del juez que instruye el procedimiento entre los no aforados, el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, buscaban las pruebas del gasto irregular de 6,2 millones de euros por parte de la Generalitat para organizar el referéndum ilegal.
Los guardias civiles que irrumpieron en la Conselleria de Economía buscaban las pruebas del gasto irregular de 6,2 millones de euros
En un auto de entrada y registro de la operación lanzada el miércoles, el magistrado encargó a los guardias civiles que intervinieran cualquier indicio sobre "actuaciones encaminadas al desarrollo de las estructuras de Estado e independencia de Cataluña".
Por su parte, el major (jefe) de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, pidió en una carta dirigida a todos los agentes del cuerpo que sean "especialmente restrictivos y cuidadosos con el uso de la fuerza" en las concentraciones que están teniendo lugar contra los registros de la Guardia Civil en dependencias de la Generalitat.
"El uso de la fuerza se debería limitar a aquellos casos en que se deba garantizar la propia seguridad o de terceros y siempre que no haya otra opción menos lesiva", especifica la misiva enviada por Trapero a sus agentes.
