En un panorama audiovisual dominado por Atresmedia y Mediaset, y en el que los nuevos competidores de la televisión de pago y el vídeo bajo demanda (Netflix, HBO, etc.) cada vez tienen más fuerza, RTVE mantiene una “estructura obsoleta” que le impide competir en igualdad de condiciones con estas empresas. Batalla con un casco de madera en un mar dominado por robustos acorazados. La Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) advirtió hace unos meses en un duro informe de la necesidad de modernizar la televisión pública y amoldar su plantilla a sus verdaderas necesidades de producción. Sin embargo, el Ejecutivo ha desoído estas recomendaciones y ha descartado plantear medidas tales como un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) sobre su plantilla.
La posibilidad de aplicar una medida de despido colectivo de este tipo en RTVE ha estado presente desde el inicio de la actual década. Es decir, comenzó a barajarse poco después de que se firmara el ERE de 2006, que supuso la salida de más de 4.000 empleados.
Entre los directivos de la corporación existe la constancia de que en Moncloa hubo un debate, durante la primera etapa de Mariano Rajoy como presidente, para intentar poner en marcha un plan de salidas que permitiera reducir el elevado coste que supone el mantenimiento de la plantilla de la corporación.
Dicha medida nunca se llegó a ejecutar, entre otras cosas, por el coste político que hubiera supuesto para el Gobierno en un momento en el que su popularidad descendía al mismo ritmo al que se recortaba la dotación de diversas partidas presupuestarias.
El diputado de Compromís Ignasi Candela, se interesó hace unas semanas por este tema y planteó una pregunta escrita al Gobierno, en la que pedía información sobre un posible ERE en la corporación en el corto plazo. La respuesta que ha obtenido hace unas horas ha sido clara: “La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales no tiene previsto, actualmente, ejecutar o proponer un ajuste laboral sobre la plantilla” de la radio-televisión pública.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales no tiene previsto, actualmente, ejecutar o proponer un ajuste laboral sobre la plantilla de RTVE.
Esta decisión contrasta con lo que la propia SEPI -accionista mayoritario de RTVE- planteó en un informe publicado el pasado verano, en el que deja claro que la televisión pública debe ajustar su estructura a los nuevos tiempos para no ser devorada por sus competidores.
La plantilla de la corporación estaba conformada, a finales de 2016, por 6.337 trabajadores, lo que supone aproximadamente el doble de los que emplean Atresmedia y Mediaset juntas. Los gastos de personal de RTVE en 2017 superarán de forma holgada los 380 millones de euros, el equivalente a aproximadamente el 40% de su presupuesto.
En estas condiciones, resulta complicado confeccionar una parrilla de programación que pueda competir en igualdad de condiciones con la que poseen las principales cadenas privadas. Máxime si se tiene en cuenta que parar aspirar a alcanzar el liderato de la TDT hace falta invertir aproximadamente 300 millones de euros anuales.
Planes que no funcionan
El anterior presidente de la corporación, Leopoldo González-Echenique, intentó reducir el coste del personal de RTVE, en 2013, sin necesidad de recurrir a un ERE. Entonces, acordó con los sindicatos un plan de contención de gasto que contemplaba un ahorro anual de 28,5 millones de euros en esta partida. Lejos de disminuir, ha aumentado progresivamente.
El año en que se firmó el actual Convenio Colectivo de RTVE (2013), el coste de mantenimiento de su plantilla fue de 372,4 millones de euros. En 2014, con este plan recién salido del horno, su Dirección presupuestó un gasto de 349,9 millones, pero finalmente ascendió a 377,1. A falta de conocer el dato definitivo, en 2016 fue de 379 millones y en 2017 superará claramente los 380 millones, según destacan fuentes internas.
El Estado desembolsó 103 millones de euros en 2016 para pagar el sueldo de los 1.857 empleados que todavía están incluidos en el ERE de 2006.
A esta cantidad hay que sumarle el coste de los salarios de los trabajadores que todavía se mantienen dentro del ERE de 2006, el cual se computa al ente público Radiotelevisión Española. Sólo el año pasado, el Estado tuvo que desembolsar 103 millones de euros para sufragar el sueldo de 1.857 exempleados.
En el momento en el que se pactó este plan de despidos, se acordó que los afectados percibirían el 92% de su salario hasta el momento de su jubilación (el último, en 2022). Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ha constatado que una buena parte de los mismos cobra más de lo previsto y que, en algunos casos, disponen de una nómina más elevada de la que le correspondería si siguieran en activo.
Estos factores -a los que hay que sumar las severas limitaciones de su sistema de financiación- han provocado que la salud de la corporación se haya debilitado durante los últimos años. Entre las ideas que se han barajado para intentar sanar a este enfermo se encuentra la de devolver la publicidad a sus canales de televisión.
Siempre que se ha planteado este punto, la patronal de las cadenas privadas, UTECA, ha saltado como un resorte y ha asegurado que el problema de RTVE no es de ingresos, sino de gastos. Porque, en su opinión, no se puede operar en el mercado audiovisual actual con una estructura de personal que se confeccionó en el siglo pasado y que está sobredimensionada.
