El Gobierno ha abierto la puerta a sancionar a los medios de comunicación por publicar filtraciones. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha mostrado partidario de plantear un "debate" sobre si es necesario multar por publicar informaciones sobre investigaciones judiciales en curso. Este paso realizado por el Ejecutivo tiene lugar tan solo unas semanas después de que Vozpópuli publicara en exclusiva la investigación del Sepblac al exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, por blanqueo de capitales al acogerse a la amnistía fiscal.
Catalá ha defendido que sería "un buen debate trasladar la sanción al medio e imponer la obligación de la no publicación de la información"
Catalá ha planteado esa propuesta, que ha precisado que no está en la agenda política del Gobierno ni en ninguna de las reformas legislativas en marcha, en un almuerzo en el Círculo Ecuestre de Barcelona en el que un abogado le ha preguntado sobre la vulneración de la presunción de inocencia en los juicios paralelos. El ministro ha considerado que es necesario "sancionar con firmeza" a los que filtren información que sea objeto de investigaciones judiciales y ha defendido que sería "un buen debate trasladar la sanción al medio e imponer la obligación de la no publicación de la información", según recoge Efe.
"No estaría de más que pudiésemos debatir sobre esto, si de verdad nos creemos que es bueno no vulnerar el principio de presunción de inocencia", ha añadido Rafael Catalá. Posteriormente, en declaraciones a la prensa, el ministro se ha mostrado favorable a "someter a debate dónde poner los controles" en los casos de filtraciones de investigaciones judiciales o bajo secreto de sumario, "si en el que transmite la información o en el que la publica".
Catalá ha puntualizado que se trata de una "reflexión" que debería ser objeto de un análisis por parte de la sociedad y de los poderes públicos. El ministro ha lamentado que, en muchas ocasiones, la "presunción de culpabilidad" sustituye a la presunción de inocencia, de manera que el hecho de estar imputado se convierte en condena anticipada. Para Catalá, la falta de confidencialidad de los procesos en instrucción penal supone una "falta de respeto a la presunción de inocencia", un asunto que, en su opinión, difícilmente se podrá arreglar "con leyes".
