De las mil y una decisiones controvertidas que ha tomado el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) desde su nacimiento, la que más relevancia adquirió fue, sin duda, la que afectó hace más de dos años a la SER, la COPE y Onda Cero. Tres caballos de Troya en el territorio entonces gobernado por Artur Mas.
Apenas si habían pasado unas semanas desde la celebración de la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014 cuando este organismo emitió un comunicado en el que amenazaba a estas tres cadenas de radio con una posible sanción de hasta 90.000 euros por haber cometido una infracción grave. Su 'delito' fue negarse a emitir las cuñas publicitarias que les había remitido la Generalitat sobre el plebiscito separatista, prohibidas unas horas después por el Tribunal Constitucional. Los tres consejeros alineados con los partidos independentistas votaron a favor de que el CAC apercibiera a estas tres empresas, que, casualmente, no respaldan el proceso soberanista.
Unos meses después de que trascendiera este asunto, una fuente del Parlamento catalán -bien conocedora del modus operandi que se sigue en la Plaza de San Jaime- afirmaba: “La decisión se tomó para amedrentar a tres radios de Madrid, pero una vez se emitió el comunicado, el presidente (del CAC) lo metió en un cajón y lo cerró con llave. No te quepa la menor duda de que ahí morirá el tema”.
Así fue. El pasado febrero, el Consejo reconoció a Vozpópuli que estas radios no iban a ser expedientadas. En apariencia, porque no habían cometido ninguna irregularidad, aunque esta fuente oficial se negó a pronunciarse sobre los motivos de esta decisión.
Este hecho no ayudó a acallar las voces que acusan al CAC de servir a los intereses de la Generalitat, algo que parece evidente después de varios años de andadura en los que los consejeros designados por ERC y el PDeCAT han apoyado tradicionalmente las tesis oficialistas. A veces, realizando un equilibrismo argumental difícil de sostener.
Sirva como ejemplo lo que ocurrió cuando a Empar Moliner se le ocurrió reducir a cenizas un ejemplar de la Constitución Española en TV3 y el Consejo rehusó sancionarla porque concluyó que aquello era un acto “satírico” y “humorístico”. Lo mismo ocurrió cuando el participante de una tertulia en una televisión catalana tildó de “quintacolumnistas” a los miembros de Sociedad Civil Catalana y el CAC se negó siquiera a reprenderle, al entender que sus palabras eran “irónicas”.
También pasó lo mismo a mediados de 2006, cuando un colectivo que defendía las selecciones deportivas catalanas realizó un anuncio en el que figuraba un niño ataviado con una camiseta con los colores de la senyera, al que otro, con una camiseta roja (simulaba la de la selección española), afeaba por no pertenecer a su equipo.
El primero, visiblemente molesto, se despojaba de la elástica, tras lo que aparecía el lema, en su pecho y escrito en catalán, “una nación, una selección”. El PP y Ciudadanos denunciaron esta acción publicitaria ante el CAC y les quitó la razón, al asegurar que a sus autores les amparaba la “libertad de expresión”. Dos años después, un juez anuló esta resolución y sentenció: la campaña “incita a la discriminación”.
La laxitud que el CAC aplica en este tipo de asuntos no impera en la casa cuando se trata de defender los intereses catalanistas. El pasado 26 de abril, el organismo sacó a concurso un contrato con el que busca a una empresa que le preste asesoramiento en materia de seguros privados. En una de sus cláusulas (31.5.c), impone al contratista que emplee el catalán en sus relaciones con el CAC. En otra, la 40, deja claro que el incumplimiento de esta obligación es motivo de ruptura del contrato.
En otras palabras, quien quiera efectuar este trabajo tiene prohibido utilizar el español para dirigirse a los responsables del Consejo.
El disputado voto del señor Roger
La labor que ha ejercido durante los últimos tiempos el presidente de esta institución, Roger Loppacher, de plena confianza de Artur Mas, demuestra que el legislativo tiene bien amarrados este tipo de organismos.
Los partidos se reparten los puestos en el Consejo y colocan en sus sillones a delfines que, a cambio de la generosa remuneración que reciben (100.000 euros al año en el caso del CAC), obedecen las órdenes de las formaciones políticas sin hacer muchas preguntas. Eso lleva, por ejemplo, a que el regulador de lo audiovisual en Cataluña tome decisiones con un fuerte tufo político, como la que le llevó a pronunciarse en contra de Telemadrid y de Intereconomía por sus críticas hacia el secesionismo, al que encontraron puntos en común con el fascismo de 'Entreguerras'.
Este organismo no tiene la potestad de sancionar a los medios que emiten fuera de Cataluña, pero no quiso morderse la lengua después de constatar que desde Madrid se había realizado un ataque frontal al proceso soberanista.
Loppacher ha sido una pieza clave para que el CAC se mantenga en la posición más cómoda para la Generalitat. Lo ha sido especialmente desde 2015, cuando Convergencia Democrática de Cataluña y Unión Democrática escenificaron su divorcio y el Consejo Audiovisual de Cataluña se dividió en dos bloques: por un lado, el conformado por los miembros propuestos por ERC y el PDeCAT (Salvador Alsius, Yvonne Griley y el propio Loppacher) y, por otro, el compuesto por Eva Parera (Unión), Daniel Sirera (PP) y Carme Figueras (PSC). En estas condiciones, el voto de calidad del presidente ha sido fundamental para aprobar una buena parte de las resoluciones.
El problema es que el Estatuto Orgánico y de Funcionamiento del Consejo Audiovisual de Cataluña determina que para repartir licencias es necesario que voten a favor, al menos, 4 de sus 6 miembros, lo que ha impedido desde 2015 a la Generalitat beneficiar a los empresarios favorables al proceso soberanista por esta vía.
No hay que irse muy lejos para encontrar una prueba de la discrecionalidad con la que ha actuado el CAC tradicionalmente a la hora de repartir permisos de emisión. En 2014, adjudicó 22 frecuencias, de las que 9 se las llevó el Grupo Godó, seis el Grupo Flaix (cuyo propietario fue comisario de los actos del tricentenario de 1714) y dos a Justo Molinero, un empresario que vivió su mejor momento a la sombra del pujolismo, según precisan fuentes parlamentarias. En 2008, repartió 83 concesiones, siendo la COPE la principal perjudicada, pues le retiró las que explotaba en Lérida y Gerona.
El frágil orden del CAC
Las fuentes del parlamento catalán consultadas por este periódico avisan del riesgo de que se rompa el status quo que ha imperado en el CAC durante los últimos tiempos, aunque no aciertan a pronunciarse en qué sentido. Después de seis años en su cargo, la consejera designada por el PSC, Carme Figueras, deberá ser sustituida próximamente, lo que podría alterar el frágil orden que ha imperado en el organismo durante los últimos tiempos.
La opción más sencilla sería que fuera sustituida por alguien del PSC, pero cabe pensar que Podemos y Ciudadanos reclamarán su puesto en el organismo. Por otra parte, los partidos independentistas podrían aprovechar la ocasión para desequilibrar la balanza y obtener una mayoría absoluta en el Consejo. Sin embargo, alcanzar un consenso en este sentido no será sencillo, puesto que en ERC son conscientes de que actualmente son la primera fuerza política en Cataluña y presumiblemente pugnarían porque uno de sus delfines ocupe el asiento vacante, explican estos informantes.
El PDeCAT no parece dispuesto a resignarse y a renunciar a batallar en este ámbito, como ha demostrado últimamente en otros organismos como TV3, donde, ante la posibilidad de que se celebren antes del final de 2017 unas nuevas elecciones autonómicas, ha situado a Vicente Sanchís como director. Ni más ni menos que al biógrafo de Lluis Prenafeta.
Lo que parece claro es que el CAC, como tantos otros organismos reguladores, está muy lejos de ser independiente del poder político. Eso sí, en este caso, lleva casi dos décadas ejerciendo de total consentidor de los mensajes proselitistas que se emiten en TV3, uno de los mayores difusores -sino el que más- del catecismo secesionista en Cataluña.
