Los fantasmas del Popular reaparecen en verano. La decisión de la Audiencia Nacional de valorar una posible suspensión de su venta a Santander ha hecho que vuelvan a aflorar viejos temores en el sector financiero. Fuentes de las entidades y los reguladores, consultadas por este medio, descartan completamente esta hipótesis, pero reconocen que no hay nadie preparado si ocurriera.
"Nadie sabe qué pasaría y cómo acabaría esto si se anula la venta", señala un importante directivo de la banca. "Si la Audiencia tomara esta decisión, se recurriría por parte de la Abogacía del Estado al instante, pero no sabemos qué pasaría hasta entonces", añaden fuentes regulatorias.
Uno de los posibles escenarios es que se anulara cautelarmente la venta a Santander a pleno efecto, con lo que ello implicaría: todas las medidas tomadas por Ana Botín y su mano derecha en Popular, Rodrigo Echenique, quedarían anuladas. Entre las mismas, la inyección de liquidez de 13.000 millones con la que Santander llenó "las cañerías" del Popular, como explicó la semana pasada su consejero delegado, José Antonio Álvaréz.
Nadie sabe qué pasaría y cómo acabaría esto si se anula la venta", señala un importante directivo de la banca
Sin esta liquidez, Popular estaría al borde del concurso de acreedores, como sucedió el pasado 6 de junio, tal y como ha explicado en varias ocasiones el ministro de Economía, Luis de Guindos. El problema era además que el Fondo de Garantía de Depósitos no tiene recursos suficientes para devolver los 100.000 euros de los clientes particulares, por lo que éste tendría que recurrir al Estado. Este escenario tendría a buen seguro impacto en la prima de riesgo, como le ha ocurrido a Italia tras el rescate a dos bancos.
Optimismo
Aun así, hay tres factores a tener en cuenta que invitan al optimismo, añaden las fuentes consultadas. El primero, que la cotización de los bancos españoles no se resintió el jueves tras conocerse la decisión de la Audiencia, publicada por Expansión. El segundo, que la Audiencia podría no tener competencias para anular la venta, ya que la decisión se tomó desde la Junta Única de Resolución (el Frob europeo).
El tercer factor es que que la Audiencia haya rechazado abordar de urgencia la medida cautelar, propuesta por inversores ligados a Del Valle. Al hacerlo así, el tribunal abordará esta cuestión después de verano, y da muestras de que no le preocupa que Santander siga avanzando en la gestión de su nueva filial, pendiente de la aprobación de Bruselas que puede llegar en dos semanas.
Santander tendría que revocar las medidas tomadas hasta ahora en Popular, aunque la ampliación de 7.000 millones no tiene vuelta atrás
Junto a los problemas de liquidez del Popular, se anularían todas las decisiones tomadas desde el pasado 7 de junio. Desde el nombramiento del nuevo consejo de administración, liderado por Echenique, pasando por la venta de Aliseda y el acuerdo para traspasar el ladrillo de la filial (30.000 millones) a Blackstone.
En su último informe financiero, publicado en la CNMV esta semana, Santander reconoce que "diversos inversores, asesores u operadores financieros han anunciado su intención de analizar y, en su caso, confirmado, la interposición de reclamaciones de variada índole en relación con la compra". "En relación con estos posibles recursos o reclamaciones no es posible anticipar las pretensiones concretas que se harían valer, ni sus implicaciones económicas", añade.
La ampliación de capital de 7.000 millones de Santander para comprar Popular, cerrada la semana pasada, avisaba en su folleto de los riesgos de demandas y de la "no obtención" de las autorizaciones administrativas, que supondrían "un cambio material adverso para el grupo".
