A raíz de la muy extendida demagogia sobre la progresiva conversión de España en un país de camareros, se me ocurrió comentar sarcásticamente en Twitter que sería más acertado calificarlo de “país de funcionarios” habida cuenta de que el número de empleados públicos duplica al de trabajadores en el sector de la hostelería. Como cualquier persona con dos dedos de frente puede entender, se trataba de un simple chascarrillo que no pretendía sentar cátedra alguna, sino únicamente resaltar en pocas palabras y ante una audiencia muy concreta —aquella que ve fatal ser camarero pero extremadamente dignificante ser funcionario— el pésimo uso que se estaba haciendo de la expresión de “país de camareros”: si la existencia de un colectivo que representa a menos del 3% de la población española —trabajadores en el sector de servicios de comidas y bebidas— nos permite calificar a España de “país de camareros”, ¿acaso la existencia de un colectivo que representa a más del 6% de los españoles —empleados públicos— no debería permitirnos calificarlo, con mucha más razón, de “país de funcionarios”?
¿Hay demasiados empleados públicos en España o, por el contrario, sigue existiendo mucho margen para incrementar las contrataciones estatales?
Como es obvio, España ni es un país de camareros —pues ni siquiera son el colectivo profesional más numeroso— ni tampoco un país de funcionarios —pues no somos un país socialista y el volumen de empleo en el sector privado sigue siendo, afortunadamente, predominante—. Ahora bien, el tuit sí daba provocadoramente pie a un debate más de fondo: ¿hay demasiados empleados públicos en España o, por el contrario, sigue existiendo mucho margen para incrementar las contrataciones estatales?
En este contexto, el economista Eduardo Garzón, hermano del coordinador federal de Izquierda Unida y asesor del área de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, decidió sumarse al debate para criticar “el falso tópico de que en España hay muchos empleados públicos”. A su entender, los datos son rotundos a la hora de desmentir que en nuestro país “no quepa ni un empleado público más”. ¿A qué rotundos datos se refiere Garzón? Pues a que España es uno de los países desarrollados con un menor peso del empleo público sobre su población activa: apenas un 12,7% de los trabajadores en activo están ocupados por el Estado, mientras que casi todas las economías de nuestro entorno superan ampliamente tal cifra (los nórdicos la cuasi triplican).
Fuente: OCDE. Los datos de Alemania y la República Checa son de 2009.
Por mi parte, le indiqué a Eduardo Garzón que le echara un vistazo no al número total de empleados públicos, sino al gasto en nóminas públicas, pues ello le daría una imagen mucho más aproximada de si el volumen de empleo público ya es excesivo o si, en cambio, puede continuar aumentando con holgura apenas emulando a nuestros vecinos. Al cabo, un Estado podría optar por duplicar su plantilla reduciendo las jornadas (y los sueldos) de sus trabajadores incumbentes a la mitad y cubriendo la otra mitad de la jornada con nuevas contrataciones a tiempo parcial: por ejemplo, si España tuviera tantos empleados a tiempo parcial como Dinamarca, el empleo público no equivaldría al 12,7% de la población activa, sino a más del 18,5%, bastante por encima de la media de la UE.
Si estudiamos cuánto gasta España en nóminas públicas, descubriremos que estamos por encima de la mayoría de países de nuestro entorno y, a su vez, por encima de la media de la UE
Y, en efecto, si estudiamos cuánto gasta España en nóminas públicas, descubriremos que estamos por encima de la mayoría de países de nuestro entorno y, a su vez, por encima de la media de la UE: en 2013, destinamos a tal rúbrica el 11,1% del PIB (en 2014 y 2015, el 11%). Sin embargo, para Eduardo Garzón esta métrica no demuestra nada, dado que todavía gastamos mucho menos que Dinamarca, Noruega, Francia y bastantes otros países vecinos.
Fuente: Eurostat. Los datos de Alemania y la República Checa son de 2009.
Sin embargo, el ejercicio verdaderamente interesante consiste en poner en relación ambas variables: ¿cómo es posible que España posea muchos menos empleados públicos que la media de la UE y, en cambio, gaste en ellos por encima de la media? La conclusión parece clara: porque nuestro gasto por empleado público es de los más altos del mundo.
En este sentido, Eduardo efectuó una regresión entre empleo público y gasto en nóminas públicas para terminar concluyendo que, en efecto, el gasto por empleado público se ubica en España por encima de la media: nada, de nuevo, de lo que preocuparse, pues “la mayoría de las economías más desarrolladas de la muestra pagan mejor a sus empleados públicos y que la mayoría de las menos desarrolladas les pagan peor”. Pero esta conclusión es muy precipitada, como a continuación vamos a comprobar.
Así, para conocer si es verdad que los países más desarrollados pagan relativamente mejor a sus empleados públicos, deberemos calcular cuál es el coste medio por empleado público (cuánto gasta cada Estado en nóminas públicas dividido entre el número de sus empleados públicos) y, a su vez, comparar ese coste medio con la renta per cápita de cada país. De este modo obtendremos una estimación de cuánto cobra de más el empleado público medio en relación con los ingresos medios de su país.
Si efectuamos este ejercicio, llegaremos a la siguiente tabla:
Es fácil constatar que España es, después de Portugal, el país que mejor paga a los empleados públicos en relación con su renta per cápita: un 79% más. En cambio, los países nórdicos pagan a sus empleados públicos bastante mal: la remuneración de los daneses es un 3% superior a la renta per cápita del país, la de los suecos un 5% inferior y la de los noruegos, un 18% menor.
De hecho, incluso con las enormes diferencias de renta per cápita que existen entre España y los países nórdicos, el empleado público español medio cobra más que el empleado público medio danés, sueco o noruego (una vez consideradas las diferencias en poder adquisitivo). En general, se constata que aquellos países con un mayor número de empleados públicos abonan salarios bastante moderados (en relación con los ingresos medios de su país) y, en cambio, los países con pocos empleados públicos les pagan altas remuneraciones (en relación con los ingresos medios de su país): la relación no es entre grado de desarrollo y de sobrerremuneración del empleo público, sino entre volumen de empleo público y sobrerremuneración.
Como bien señala Eduardo, que en España los empleados públicos estén mucho mejor pagados que en el resto del mundo puede deberse a que, al ser menos en número, pueden poseer un nivel de cualificación medio más alto que en el resto del planeta. A saber, otros Estados pueden combinar la contratación de personal cualificado con personal poco cualificado, de modo que su remuneración media cae. Y, ciertamente, ésa es una parte de la explicación, pero no es toda la explicación: por ejemplo, los países nórdicos se preocupan de articular mecanismos para que los salarios del sector público no se ubiquen sistemáticamente por encima de los del sector privado (en España, en cambio, los salarios públicos se ubican sistemáticamente por encima de los privados). Tomemos el caso del sector público danés, donde “se ha establecido un procedimiento de ajuste salarial que asegura que las remuneraciones en el salario público evolucionan en paralelo a las del sector privado. En caso de que se abran diferencias entre ambas, el 80% de esa diferencia será ajustada por el gobierno central en el siguiente acuerdo salarial. Este procedimiento convierte al sector privado en la referencia a largo plazo para los salarios del sector público”. Igualito que en España, vaya.
De hecho, podemos plantearnos la siguiente pregunta: si en España quisiéramos alcanzar el peso del empleo público de Dinamarca (32,2% de la población activa) pero, a su vez, no quisiéramos gastar más en nóminas públicas de lo que gasta Dinamarca (16,7% del PIB: más que ningún otro país desarrollado), ¿cuánto deberíamos pagarles a los nuevos empleados públicos para no tener que rebajar los salarios de los empleados públicos incumbentes?
La tan denostada “España de los camareros” es capaz de proporcionar mejores salarios que cualquier futura “España de los funcionarios” que queramos imaginar
Para alcanzar la proporción de empleo público danés, el Estado español debería contratar a 4,44 millones de personas más, pero no podría destinar a su contratación más del 5,7% del PIB (pues ya estamos gastando el 11% del PIB en los 2,9 millones de empleados públicos actuales): es decir, apenas podríamos destinar 62.000 millones de euros para contratar a 4,44 millones de personas. Por consiguiente, la remuneración media de cada nuevo empleado público tan sólo alcanzaría los 13.900 euros anuales. Y si en lugar de emular a Dinamarca quisiéramos emular a Noruega, los nuevos empleados públicos apenas cobrarían 7.000 euros anuales; y en caso de emular a Suecia, únicamente 5.800 euros.
Pero seamos generosos y quedémonos con la cifra danesa: 4,44 millones de empleos adicionales en el sector público con una remuneración de 13.900 euros anuales. Si a ese coste salarial le descontamos la cotización a la Seguridad Social a cargo del empleador, el sueldo bruto de los nuevos empleados públicos apenas alcanzaría los 10.700 euros anuales: 890 euros al mes.
Actualmente, los salarios medios en el sector de la hostelería ascienden a 1.174 euros mensuales (1.471 euros por jornada completa y 578 euros por jornada a tiempo parcial). Por consiguiente, la tan denostada “España de los camareros” es capaz de proporcionar mejores salarios que cualquier futura “España de los funcionarios” que queramos imaginar. Cuando muchas personas como Eduardo Garzón sostienen que en España todavía existe margen para incrementar el empleo público, lo que a continuación se callan es que ése sería un margen para crear empleo público basura con salarios de miseria. ¿Es esto lo que defienden?
Pues probablemente sí. Acaso el lector piense que estoy forzando mis argumentos para construir un muñeco de paja sobre el programa político de mi interlocutor (y de su partido). Pero nada más lejos de la realidad. La propuesta estrella de la Izquierda Unida de Alberto Garzón en las elecciones generales del 20 de diciembre fue la de instaurar un “plan de empleo garantizado” dirigido a crear un millón de empleos públicos mediante la inversión de 15.000 millones de euros: es decir, el coste mensual medio de cada nuevo empleo público ascendería a 1.250 euros, el cual, tras deducir las cotizaciones sociales a cargo del empleador, quedaría reducido a 962 euros mensuales como media (es decir, los habría superiores pero también inferiores). Una remuneración que se halla por debajo de la media del tan denostado puesto de camarero: debe de ser que cuando el sector público paga salarios bajos con cargo al bolsillo del contribuyente lo hace por el bien común pero que cuando el sector privado paga salarios algo superiores con cargo al bolsillo del empresario lo hace para explotar vergonzosamente al obrero.
En definitiva, España no es strictu sensu un país de funcionarios, como tampoco lo es de camareros. Pero sí es un país donde los empleados públicos están muy bien pagados y donde, en consecuencia, no cabe un solo funcionario más salvo a remuneraciones de miseria. Dado que, en esta situación límite, algunos economistas y políticos, como los organizados en torno a Izquierda Unida, perseveran en darse cabezazos con la realidad defendiendo nuevas contrataciones públicas, será que aspiran a implantar un modelo económico estatalizado que nos acerque a un país de funcionarios con unas condiciones laborales peores a las de los actuales camareros.
