Dentro de un mes, Carles Puigdemont será jefe del Estado de la República de Cataluña. Eso es al menos lo que recoge su ley de "transitoriedad jurídica y fundacional" cuyo contenido se desveló finalmente este lunes. Puigdemont no quería. Su empeño era darla a conocer después del referéndum. "Para no distraer la atención y no abrir otros debates", decía. Por más entorchados que sus juristas paniaguados le coloquen en su futuro uniforme presidencial, Puigdemont, una vez más, se ha tenido que plegar ante los descamisados de la CUP. Diez diputados mandan no sólo en el PdeCat, en la Generalitat, en Puigdemont, sino que marcan el paso a toda Cataluña.
Y a todo esto, ¿qué dicen en Madrid?, comentan inquietas las buenas gentes del lugar. Camus, herido de Kierkegaard, sufría como un desesperado ante el silencio de Dios. Los catalanes de bien se inquietan ante el eterno mutismo de Rajoy. Comprueban que los secesionistas prosiguen en su avance paranoide hacia el abismo. Y escuchan tan sólo un pausado de movimiento de togas como única respuesta del Estado. ¿Quién les va a parar a éstos?, se preguntan. Pues debería ser el Gobierno, les responden. ¿Y cómo lo hará? ¿Con qué medios?
Una respuesta proporcionada
"Esa norma puede ser anunciada las veces que quieran, que nunca entrará en vigor", explicaba el lunes un alto asesor de Moncloa. Bien. Pero ¿cómo? La versión oficial discurre por siempre por una respuesta 'proporcionada'. Es decir, jurídica. El Constitucional, por supuesto. Como hasta ahora. Cada paso que da Puigdemont, el Ejecutivo lo remite con urgencia al alto Tribunal, que actúa luego en consecuencia. ¿Bastará esta fórmula para evitar las urnas, para que no abran los colegios, para que no se vote, para que no haya referéndum? No hay respuesta.
Puigdemont tiene dicho que habrá urnas, habrá referéndum y que, trasmutado en un Companys redivivo, no tiene inconveniente en ir a la cárcel. Lo va pregonando a todos los corresponsales extraviados que aterrizan por la plaza de San Jaime. Su flequillo ha adquirido ya un tono de martirologio muy fotogénico.
Puigdemont tiene dicho que habrá urnas, habrá referéndum y que, trasmutado en un Companys redivivo, no tiene inconveniente en ir a la cárcel. Así pues, ¿qué hará Rajoy?"
Así pues, ¿qué hará Rajoy? Su gente anda más despistada que turco en la neblina. Rafael Hernando responde con mesura. 'La ley'. García Albiol se alborota. "El 155'. Que también es ley, o sea, norma constitucional, pero de ella no se habla. A cuatro semanas de la celebración del plebiscito, Puigdemont ya ha exhibido las entrañas de su 'desconexión'. Será presidente de una gloriosa república, permitirá que los catalanes sigan siendo españoles y hablen en castellano, arrojará al Ejército de Lérida y distinguirá a la UE con el honor de seguir contando con Cataluña como socio.
Rajoy, por su parte, se mantiene en su gélido silencio. No recurrirá al 155. Ni a la ley de Seguridad Nacional. Ni a la Guardia Civil. Y, ¿entonces? ¿Cómo detener a Puigdemont? Con el TC no basta. Pueden inhabilitar al 'president', al 'Govern' y a toda la mesa del 'Parlament'. Bien. ¿Y luego? Puigdemont ya ha advertido que no saldrá de su despacho por más que le inhabiliten. ¿Enviará Rajoy a los Mossos? Y, llegado el caso, ¿los Mossos le obedecerían? ¿Cuánto tiempo durará este juego? La respuesta sigue en el viento.
