El 9 de noviembre de 2015 los diputados de Junts pel Sí y la CUP aprobaron en el Parlamento de Cataluña una resolución que pretendía ser el inicio de la independencia de Cataluña. En concreto, la resolución 1/XI declaró "el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015".
Y desde esa fecha, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y un juez de instrucción de Barcelona, han frenado las iniciativas de la Generalitat y del Parlament a instancias de las denuncias del Gobierno, de la Fiscalía y de particulares.
En la actualidad, los tribunales mantienen abiertos tres procedimientos, uno contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por permitir que la cámara votara la hoja de ruta independentista; un segundo caso contra la consejera del Gobernación y Administraciones Públicas, Meritxell Borràs, por el anuncio de la compra de urnas; y un tercero contra el juez y exsenador de ERC Santiago Vidal, por los preparativos del referéndum del 1-O.
De forma paralela, el Tribunal Constitucional, cuyo pleno se reunirá este lunes para decidir sobre la admisión a trámite del recurso interpuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy contra la reforma del reglamento del Parlament catalán, ha revocado numerosas iniciativas del Parlament, pero también del Gobierno encabezado por Carles Puigdemont.
Estas iniciativas se adoptan después de que el Tribunal Supremo condenara a 13 meses de inhabilitación al exconsejero de Presidencia Francesc Homs por un delito de desobediencia grave en la consulta del 9 de noviembre de 2014, por la que también fue inhabilitado dos años Artur Mas.
Vozpópuli analiza uno a uno los diferentes procedimientos que se siguen en el Constitucional, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona contra el soberanismo catalán:
1. Tribunal Constitucional
Ha sido sin duda el órgano judicial más activo contra el independentismo. Sus sentencias se remontan al inicio del proceso de "desconexión", aunque una de sus principales decisiones llegó tras el mencionado acuerdo del Parlamento de Cataluña de 9 de noviembre de 2015 de iniciar el proceso para la independencia.
En tan solo un mes, el 2 de diciembre de 2015, el Pleno del Constitucional, por unanimidad, declaró inconstitucional la declaración del Parlamento de Cataluña que iniciaba el llamado proceso de "desconexión" de España.
El 1 de septiembre pasado, el Pleno suspendió una nueva resolución del Parlamento de Cataluña, en concreto la de 27 de julio de 2016, en la que los independentistas habían aprobado las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente catalán, lo que suponía un paso más en el desafío soberanista.
El 6 de octubre de 2016, el Constitucional asestó un nuevo golpe a la iniciativa independentista, al informar a la Fiscalía de la actuación de la presidenta del Parlamento de Cataluña, "para que determine si incurrió en responsabilidad penal al incumplir resoluciones del tribunal".
El 16 de febrero de 2017, el Pleno estimó el incidente de ejecución presentado por la Abogacía del Estado en relación con la Resolución 306/XI, aprobada por el Parlamento de Cataluña el 6 de octubre de 2016, y que preveía la celebración del referéndum de independencia.
Esta decisión del tribunal implicaba, por un lado, la nulidad de los apartados que fueron impugnados, y por otro la remisión a la Fiscalía de toda la documentación a fin de que determinara si debía o no emprender nuevas acciones penales contra Forcadell y otros cargos.
El 10 de mayo de 2017, el Constitucional dio también la razón al Gobierno central, que había recurrido por inconstitucional un decreto de la Generalitat de Cataluña del 24 de febrero de 2015 por el que el Ejecutivo de Puigdemont creó el Comisionado para la Transición Nacional. También calificó como ilegales los planes y actuaciones del Gobierno catalán para la preparación de estructuras de Estado y de infraestructuras estratégicas.
En la sentencia, el Pleno aseguró: "Al adoptar este decreto, el Gobierno de la Generalitat ha actuado fuera de toda competencia estatutaria y, haciéndolo, ha afectado no a unas u otras singulares competencias del Estado, sino, mediante este abierto desbordamiento competencial, a la posición misma, en su conjunto, de las instituciones generales del Estado".
El alto tribunal también consideró inconstitucional el uso de la denominación "Asuntos Exteriores" para la identificación de un departamento de la Generalitat de Cataluña. La sentencia considera que el empleo de “Asuntos Exteriores” para la identificación del citado departamento reproduce de forma “mimética” la del Estado y, en consecuencia, podría dar lugar a “confusión” e interferir en la dirección y ejecución de la política exterior española, que es competencia exclusiva del Estado.
El pasado 5 de julio, una nueva sentencia del alto tribunal corrigió un acuerdo de la Generalitat. En concreto declaró que varias partidas de la Ley de Presupuestos de la Generalitat eran inconstitucionales si se destinaban a financiar el referéndum sobre el "futuro político de Cataluña".
En los próximos días el Constitucional deberá hacer pública su decisión sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados por PSOE, PP y Ciudadanos. Fuentes del alto tribunal han asegurado a Vozpópuli que estas nuevas sentencias deberían ir en el mismo sentido que el recurso presentado por el Gobierno, y que considera ilegales las partidas que la Generalitat ha destinado para el referéndum ilegal.
Este mismo lunes, el Pleno del Constitucional volverá a reunirse para decidir si admite a trámite un nuevo recurso presentado por el Gobierno contra la reforma del reglamento del Parlament, después de que este jueves el Consejo de Estado emitiera un dictamen en el que considera que existen fundamentos jurídicos suficientes para recurrir ante el Constitucional la reforma del reglamento de la cámara catalana que permitiría la aprobación exprés de la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica.
2. Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ya ha condenado al ex president de la Generalitat Artur Mas como autor de un delito de desobediencia por el que ha sido inhabilitado por dos años, mantiene abiertos otros dos procedimientos vinculados con el proceso soberanista.
Este mismo lunes, el TSJ catalán tiene previsto interrogar al conseller de Presidencia y expresidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí, Jordi Turull, en la causa abierta contra la presidenta del Parlamen, a raíz de la querella que presentó la Fiscalía por los delitos de desobediencia y prevaricación, al no acatar las decisiones del Tribunal Constitucional.
En concreto, la magistrada del TSJC Maria Eugènia Alegret, que investiga a la presidenta del Parlament y a los diputados Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet considera que los integrantes de la Mesa de la cámara catalana podrían haber cometido un delito de desobediencia al Constitucional.
El segundo de los procesos penales que se siguen en el TSJ catalán contra iniciativas independentistas mantiene imputada a la consejera de Gobernación de la Generalitat, Meritxell Borràs, pero también al exsecretario general del departamento Francesc Esteve por haber dictado un acuerdo marco para la compra de urnas.
Precisamente, el pasado martes Meritxell Borràs aseguró que la compra de papeletas y sobres iniciado por el Govern tiene como objetivo asegurar el suministro para la celebración de "elecciones en el Parlament de Cataluña". Borràs rechazó que las papeletas y sobres sirvan para la celebración del referéndum de independencia anunciado por el Gobierno catalán para el 1 de octubre, sino para elecciones en Cataluña.
3. Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona
El juez Juan Antonio Ramírez, que abrió un procedimiento tras admitir a trámite las denuncias contra "el que en su día fuera senador de España Santiago Vidal", ha encargado a la Guardia Civil que investigue los preparativos del referéndum del 1-O, en concreto la campaña institucional para el registro de extranjeros en el exterior y la web destinada a informar sobre la consulta.
El juez, que mantiene la causa bajo secreto de sumario, recuerda en un auto que su investigación no es "una causa general contra los que directa o indirectamente tuvieran interés en él", sino que se inició tras interponerse una denuncia contra el juez y exsenador de ERC Santiago Vidal tras difundirse el contenido de sus conferencias.
En concreto, la partida "camuflada" de 400 millones que el exsenador de ERC Santiago Vidal aseguró que tenía el Govern para el referéndum y la independencia abrió la puerta a que el juez indagara los preparativos del 1-O, en una investigación que coordinan la Fiscalía Superior de Cataluña y la Guardia Civil.
Según han asegurado a la agencia Efe fuentes cercanas de la investigación, las diligencias que abrió el pasado mes de abril el titular del juzgado de instrucción número 13 para averiguar la veracidad de lo manifestado por Vidal en sus conferencias han acabado por centrarse ahora en los preparativos del referéndum y en la financiación de los instrumentos encaminados a organizar la consulta, lo que incluye las webs garanties.cat o del Pacto Nacional por el Referéndum.
