Ciudadanos no dará gratis su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno y el PP parecen centrados en sumar nuevos aliados, como el PNV, pero desde el partido naranja advierten de que su 'sí' a las cuentas de 2017 no está garantizado. Solo las respaldarán si el Ejecutivo cumple con lo pactado en agosto, comenzando a desarrollar el paquete de 150 reformas que, entre otras cosas, incluye nuevas ayudas sociales por valor de 5.000 millones en su primer año de ejecución. De ellas, destacan dos que a Ciudadanos ya le costó incluir en el acuerdo de investidura firmado con el PP: el complemento salarial para rentas bajas y un plan de lucha contra la pobreza infantil.
Son las más costosas y el Gobierno cree que podrían comprometer la lucha contra el déficit. Así se lo están trasladando a C’s en las conversaciones de “aproximación” que tienen lugar estos días, informan desde el partido naranja. Todavía no hay un borrador completo de Presupuestos, pero sí diálogo con distintos Ministerios para acercar posturas en ámbitos que puedan generar fricción.
Los de Rivera creen que reducir más la dotación de las ayudas pactadas haría "inviable" su desarrollo
Las cuentas públicas de 2016 ya han sido prorrogadas y las nuevas no entrarán en vigor antes de marzo. Por ello, aduce el Ejecutivo, los planes de ayuda social deben ser adelgazados. C’s está dispuesto a renegociar las cifras, pero no a hacer inviable la puesta en marcha de las medidas. Se han puesto dos límites, tal y como ha podido saber Vozpópuli: mil millones para el complemento salarial y 800 para la lucha contra la pobreza infantil. La dotación económica de esas medidas no puede bajar de ahí sin hacer “inviable su ejecución”. Hace tres meses, los equipos de Rajoy y Rivera acordaron dotarlas en el Presupuesto de 2017 con 1.300 y 1.000 millones de euros, respectivamente.
De igual modo, no aceptarán rebajas sustanciales de otras partidas pactadas en verano como las dedicadas a aumentar y equiparar los permisos de maternidad y paternidad, combatir el fracaso escolar o reforzar las políticas activas de empleo. Moncloa está poniendo menos objeciones o ninguna en estos temas. Ciudadanos cree que “no hay que negociar lo ya negociado”, sino simplemente ver “cómo se aterriza” el pacto al Presupuesto público. Matices de concreción, en todo caso, que no deberían provocar fricciones “siempre que el PP cumpla con lo acordado”.
Recelos tras el primer pleno
Rajoy ya anunció que desarrollaría tal pacto en su mandato, pero el primer pleno del Congreso tras la investidura ha despertado recelos en el partido naranja. Los populares se opusieron este martes a la paralización de la aplicación de la LOMCE, algo que viene recogido en el acuerdo “en los mismos términos” en que se debatió y aprobó en el Congreso. Así lo recordó el portavoz parlamentario de C’s, Juan Carlos Girauta, que mostró su malestar por la actitud del PP y puso sus esperanzas en que tal decisión fuera cosa de “la mala suerte”, de haber empezado la legislatura con un choque de “interpretaciones” sobre la citada proposición de ley para frenar la LOMCE. Asimismo, tampoco ha gustado el intento de colocar al reprobado exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en una presidencia de Comisión a toda costa.
Otro mal precedente es lo mucho que costó que los populares concretaran cuánto dinero destinar al paquete social. Los negociadores naranjas llegaron a decirse "consternados" ante la falta de compromiso que demostraba tal actitud, poniendo en solfa el acuerdo de investidura. Finalmente, el PP se avino a poner cifras a las medidas, cosa que ahora debe trasladarse al proyecto de ley de Presupuestos.
El Gobierno debe reducir el déficit el año que viene en al menos 1'5 puntos
El Gobierno está tanteando el terreno con los grupos que pueden apoyar esa norma, la más importante del año, pensando en dar el primer paso -presentar el techo de gasto- en el Consejo de Ministros de este viernes o de la semana que viene. C’s ha trasladado su rechazo a rebajar el techo del año pasado si eso implica recortes sociales. Aseguran que se puede cumplir con los compromisos presupuestarios -dejar el déficit de 2017 en el 3’1%, cuando en 2016 no bajará del 4’6%- y con el acuerdo de 150 reformas.
El camino “es el ya marcado en el propio pacto”: reformar el Impuesto de Sociedades para eliminar las deducciones a que se acogen las grandes empresas, suprimir duplicidades administrativas y aumentar la lucha contra el fraude. El documento rubricado por PP y C’s estima que así se dispondría de 5.000 millones adicionales en 2017 y 24.000 más de 2018 a 2020, a razón de 8.000 al año.
Ello, junto al aumento de los ingresos que traerá consigo un crecimiento del PIB como el que se espera para el próximo año -superior al 2%-, permite a su juicio aumentar el gasto social y reducir el déficit.
