Ciudadanos ha abierto hoy el debate parlamentario sobre la gestación subrogada al presentar la primera iniciativa para regular por ley esta técnica, una norma "altruista" que exigirá unos ingresos mínimos a la madre gestante, que, no obstante, podrá recibir "una compensación resarcitoria".
En rueda de prensa antes de registrar la proposición no de ley, el líder de C's, Albert Rivera, ha asegurado que se trata de una norma "garantista, prudente y altruista" y ha pedido "valentía" a los demás partidos políticos para apoyarla, a la vez que les ha instado a dejar libertad a sus diputados para que voten en conciencia.
Las reacciones de los grupos parlamentarios no se han hecho esperar. Así, el portavoz del PP, Rafael Hernando, ha señalado que su partido es "absolutamente contrario a que se pueda utilizar de forma mercantil el vientre de la mujer", si bien no se ha pronunciado directamente sobre la propuesta de la formación naranja.
Más contundente ha sido el portavoz socialista en el Congreso, José Luis Ábalos, quien en rueda de prensa ha recordado que en el 39 Congreso Federal del partido se rechazó la regulación. "Para nosotros es un tema zanjado", ha subrayado.
A favor de la regulación se han mostrado los grupos parlamentarios de ERC, PNV y PdeCat, si bien han coincidido en que se trata de una cuestión complicada que genera debate dentro de las propias formaciones políticas.
Desde Podemos se ha advertido de que rechazarán cualquier iniciativa que vulnere los derechos de las mujeres, a la vez que considera que el texto de C's oculta una intención mercantilista, ya que "no puede llamarse altruista cuando hay compensaciones económicas".
En contra de esta opinión, Rivera ha insistido en que la gestación por subrogación que plantea C's tendrá siempre "un carácter altruista, impidiendo el pago de cualquier cantidad que suponga un lucro para la mujer que libremente ofrezca su capacidad de gestar, sin perjuicio de la compensación resarcitoria que podrá percibir". Ésta cubrirá "los gastos estrictamente derivados de las molestias físicas, los de desplazamiento y los laborales, así como los perjuicios inherentes a la gestación".
Precisamente para evitar que "nadie se acoja a esto por motivos económicos", Rivera ha explicado que la propuesta plantea que la mujer gestante acredite una situación socieconómica y familiar estable, mediante "unos baremos" que se recogerán en el reglamento de desarrollo de la ley.
Las mujeres que deseen donar su capacidad de gestar deberán ser mayores de 25 años, no tener antecedentes penales ni de abuso de drogas o alcohol, haber gestado al menos un hijo sano anteriormente y solamente podrán prestar su vientre en dos ocasiones.
Las mujeres que deseen gestar deberán ser mayores de 25 años, no tener antecedentes penales ni de abuso de drogas o alcohol y haber gestado al menos un hijo sano anteriormente
Para poder optar, el progenitor o progenitores subrogantes "deberán haber agotado" las demás técnicas de reproducción asistida, deberán ser mayores de 25 y menores de 45 años, tener nacionalidad española o residir legalmente en España, "para evitar el turismo sanitario", y en el caso de parejas, estar casados o ser pareja de hecho.
El contrato de gestación por subrogación será un documento público, que se inscribirá en un Registro Nacional, en el que también figurarán las mujeres que libremente deseen ofrecer su capacidad de gestar y los progenitores subrogantes.
La norma de C's prevé también un régimen de infracciones y sanciones en caso de que se incumpla la ley y da un plazo de seis meses al Gobierno para modificar la legislación civil y laboral en aspectos como la inscripción en el registro civil y los permisos de paternidad y maternidad.
Con "optimismo evidente" han acogido la propuesta asociaciones a favor de esta técnica, como "Son nuestros hijos", cuyo presidente, Pedro Fuentes, ha dicho, en declaraciones a Efe, que es "muy importante" que C's obligue al resto de partidos a pronunciarse ante una realidad social.
Por el contrario, la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, se ha mostrado "radicalmente en contra" aunque sea "en la modalidad altruista" y ha asegurado a Efe que está demostrado que no hay suficientes mujeres que se presten a ello gratuitamente, como sucede en Gran Bretaña, con lo que se acaba acudiendo a los países pobres.
En el mismo sentido se ha pronunciado la Plataforma por las libertades, compuesta por más de un centenar de asociaciones de la sociedad civil, que ha solicitado a los grupos parlamentarios que voten en contra por considerarla contraria a la dignidad de la mujer.
La plataforma Derecho a Vivir cree que aprobar los llamados "vientres de alquiler" es atentar contra la dignidad de la mujer y convertir al niño en un producto comercial".
