La reforma de la contratación pública es una tarea pendiente en España desde hace meses. Las instituciones europeas aprobaron en 2014 varias directivas encaminadas a dotar de más transparencia y garantías la adjudicación de contratos del sector público, pero nuestro país no ha abordado hasta ahora la transposición de esos mandatos. El bloqueo institucional impidió que se hiciera antes y el Congreso está tramitando actualmente los proyectos de ley que el Gobierno aprobó en noviembre para cumplir con Bruselas. Entre los cambios exigidos, destaca la creación de un organismo independiente para fiscalizar los contratos públicos y poner así más difícil que puedan producirse irregularidades o anidar la corrupción. Una medida que el Ejecutivo pretende despachar encomendándole la tarea a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, dentro del Ministerio de Hacienda.
Su regulación está contemplada en el artículo 325 del proyecto de Ley de Contratos del Sector Público enviado a la Cámara por el Consejo de Ministros para transponer “al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014”. Ese artículo establece que “la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado es el órgano consultivo específico del sector público estatal en materia de contratación pública” y el que asumirá las mencionadas tareas fiscalizadoras. “Estará adscrita al Ministerio de Hacienda y Función Pública; y su composición y régimen jurídico se establecerán reglamentariamente”, se añade.
Actualmente, ya existe una Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado en el Departamento que dirige Cristóbal Montoro. El órgano ofrece “información y servicios generales en relación con la contratación pública” y sería ahora reconvertido para asumir también la labor de control de adjudicaciones.
“Es un error que se encargue una tarea esencial a un ente dentro del Ministerio de Hacienda y Función Pública y no se le asignen medios para llevarla a cabo”, lamenta la Fundación Ciudadana Civio, que ha elaborado un profundo análisis de los planes del Gobierno y se lo ha presentado estos días a los grupos parlamentarios. Tal y como ha podido saber Vozpópuli, la respuesta de los grupos ha sido desigual, pero al menos dos de ellos están dispuestos a asumir el criterio de Civio y pedir que se enmiende ese punto y se diseñe un ente independiente del Gobierno para vigilar la contratación pública y enviar a Europa los correspondientes informes.
Un buzón ciudadano
La reivindicación del colectivo es que se cree “un organismo de control, especializado e independiente, que analice de forma global y metódica los contratos públicos”. Debería contar “con un buzón ciudadano que permita emprender investigaciones tras la denuncia de cualquier persona, no solo los participantes en el proceso de adjudicación”. Civio defiende que se atiendan incluso las denuncias anónimas, subrayando que “no podemos depender solo de que sean las propias empresas que participan en esos procesos de contratación las que denuncien irregularidades para destapar casos de corrupción”.
Otra alternativa es que se encargue la función a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que en su momento se ofreció a hacerlo y ha criticado la inexistencia de un órgano fiscalizador de la contratación. Todo esto iba a estudiarse y debatirse en el seno de la comisión anticorrupción creada esta legislatura en el Congreso, pero las iniciativas tomadas por el Gobierno en la materia han hecho que esa comisión cambie de prioridades.
La reforma de la contratación pública es ahora asunto de la Comisión de Hacienda, a la que la Mesa dio total competencia legislativa para estudiar el proyecto del Ejecutivo, tramitándolo además de forma urgente. Es decir, que la medida saldrá adelante sin pasar por el pleno del Congreso salvo que algún grupo presente una enmienda a la totalidad. Los plazos iniciales, que apenas dejaban quince días de margen para registrar cambios a la propuesta, fueron alargados y la Cámara ha podido estudiarlos durante todo el mes de diciembre.
Mejoras en transparencia
La próxima sesión de la Comisión de Hacienda, aún por convocar, analizará esta reforma y debatirá las enmiendas presentadas. Algunas irán encaminadas a cambiar lo relacionado con el órgano fiscalizador, pero Civio también ha trasladado otras posibles mejoras. Principalmente en materia de transparencia, que considera que se trata como “un garante de la concurrencia y la igualdad de trato a los distintos participantes en el proceso”.
"Así debe seguir siendo", dice el informe de la fundación, "pero no debemos olvidar que la transparencia en la contratación también debe estar destinada a que los sujetos obligados rindan cuentas ante los ciudadanos y que estos puedan tener acceso, de forma sencilla, a todo el proceso". Se plantea un cambio de perspectiva -"la publicidad dirigida no solo a los licitadores, sino también a los ciudadanos"- y múltiples alteraciones en el articulado para desarrollarlo.
Fuentes del colectivo aseguran que son "optimistas" sobre la posibilidad de ver satisfechas algunas de estas demandas, si bien consideran que la vía 'exprés' elegida para tramitar la reforma "no facilita el debate ni la reflexión" sobre aspectos tan importantes, permitiendo que el Gobierno pueda sacar adelante el grueso de su propuesta y perdiendo "una gran oportunidad" de legislar de modo más efectivo para luchar contra la corrupción.
