El Gobierno avisó este mediodía al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que pasará "de las palabras a los hechos" cuando firmé algún documento que ponga en marcha el referéndum independentista del uno de octubre que ha "anunciado" este viernes.
El encargado de hacerlo ha sido su Portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros semanal; no ha comparecido la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, porque el Ejecutivo ha querido expresamente dar 'bajonazo' a este nuevo "anuncio de anuncio", según fuentes gubernamentales.
"No soy pitonisa. No sé lo que va a pasar el uno de octubre", ha respondido Méndez de Vigo a preguntas de los periodistas; "lo que si les puedo decir es lo que no va a pasar: no va a haber referéndum porque es ilegal".
El ministro no ha comenzado su valoración política semanal con el anuncio de la consulta sino haciendo un elogio a la figura del español asesinado en el reciente atentado de Londres, Ignacio Echeverría. Muestra de que hoy no tiene ninguna gana de dar más protagonismo a la consulta.
No va a haber referéndum porque es ilegal
El Ejecutivo no tiene previsto poner en marcha la respuesta del Estado de Derecho hasta que Puigdemont firme el decreto y hoy se ha limitado a recordar por boca de su portavoz que el "nuevo paso" independentista lo único que demuestra es que ese sector cada vez se está alejando más de la mayoría de los catalanes.
Lo que se ha visto, explicó, es "un discurso dirigido a los partidarios del desafío por parte de los promotores del desafío". "Cada vez son menos", en alusión al fracaso de la reunión del Pacto Nacional por Cataluña, y el desmarque de Cataluña si que es Pot, la plataforma de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
"El Gobierno de España quiere recordar al señor Puigdemont su obligación de cumplir la ley", ha advertido Íñigo Méndez de Vigo antes de recalcar que no se va a permitir ni que la Generalitat se salte la ley ni que presione a sus funcionarios para que lo hagan.
"Los funcionarios no tienen por qué verse forzados" a incumplir la legislación, insistió, y el Gobierno y la Fiscalía vigilarán para que la Generalitat no lo haga.
Cualquier acto que vaya en contra del ordenamiento jurídico "tendrá las correspondientes consecuencias legales".
Lo que tiene que hacer Puigdemont es decir de una vez cuándo va a venir al Congreso a dialogar y no imponer "un referéndum de autodeterminación que es ilegal"; no porque lo diga solo el Ejecutivo Español sino porque también así se lo ha confirmado la Comisión de Venecia, a la que la Generalitat había consultado.
