El Gobierno asegura tener todo previsto para responder a la posible convocatoria de un referéndum ilegal en Cataluña, que implicaría recurrir al Tribunal Constitucional y, si es necesario, adoptar medidas coercitivas como impedir que se abran los colegios en los que se colocaran las urnas para esa consulta. Ante la posibilidad de convocar ese referéndum, el Ejecutivo ha reiterado este miércoles que no es posible celebrarlo.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en declaraciones a los periodistas en el Congreso, ha considerado "absurdo" que los dirigentes políticos independentistas catalanes digan que se va a celebrar ese referéndum. Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha subrayado que todo el mundo debe tener muy claro que nadie puede actuar sin respetar las leyes y la Constitución, "y nos encargaremos -ha asegurado- de que así sea".
Y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en respuesta a una pregunta del portavoz de ERC, Joan Tardá, ante el pleno del Congreso ha esgrimido la Constitución frente al referéndum "ilegal" que pretenden los partidos soberanistas y ha dicho que ese texto ampara la democracia y "pone freno a los abusos de los gobernantes".
Fuentes del Gobierno han explicado que la actitud del Ejecutivo ante las pretensiones independentistas es muestra de la "decepción y preocupación" por la falta de gestos de las instituciones y partidos soberanistas catalanes a la oferta de dialogo que han estado planteándoles.
La siguen planeando, y si finalmente se concretara una reunión en el Palacio de la Moncloa entre Rajoy y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el jefe del Gobierno la reiteraría. Pero ello no es óbice para que el Gobierno esté preparado y dispuesto a utilizar todos los mecanismos que le otorgan la ley y la Constitución.
Es en ese contexto en el que las fuentes gubernamentales aseguran que una convocatoria de referéndum sería respondida de inmediato con un recurso ante el Tribunal Constitucional. Pero afirman que si se considerara necesario no puede descartarse que se adoptaran medidas coercitivas que impidieran la apertura de los colegios en los que se tuviera intención de llevar a cabo la consulta.
