"Sin acuerdo y sin consenso no va a ser posible". La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertido este martes de lo difícil que resultará negociar y aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica, labor que lleva pendiente de tratarse desde 2014 y que Moncloa y autonomías abordarán en los próximos meses con el objetivo de alcanzar un acuerdo antes de fin de año. Para cumplir la meta, fijada en la Conferencia de Presidentes del martes pasado, Santamaría demanda "un esfuerzo" a las comunidades que se financian por el régimen común -todas salvo País Vasco y Navarra-. Hay que "integrar las diferentes" posturas de cada actor implicado, contentar a todas las autonomías y lograr la mayoría absoluta en el Parlamento, ha recordado la vicepresidenta. Todo ello al margen de Cataluña, la segunda región mas poblada y la que aporta el 19% del PIB nacional, que rehúsa participar en una negociación multilateral que excluya el referéndum de independencia.
Santamaría ha comparecido ante la Comisión General de Comunidades Autónomas en el Senado para explicar los resultados de la cita de la semana pasada y los "avances" que se han producido desde entonces. El más importante de los entendimientos fue resolver que en un mes se constituya un grupo de expertos para negociar un nuevo modelo de financiación con el Gobierno. Cada autonomía debe nombrar un técnico -once de las 17 concernidas ya lo han hecho, ha anunciado la vicepresidenta- y sus trabajos serán continuados por el Ministerio de Hacienda en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera con el objetivo de que en otoño pueda ser aprobado en las Cortes.
El modelo es "difícil de elaborar", según el Gobierno, porque los "recursos son escasos", los "niveles de ingresos" siguen lejos de ser los de 2007 y cada actor implicado tiene unos intereses. "Pero es responsabilidad" de todos "sacarlo adelante" y "sin acuerdo y sin consenso no va a ser posible". Santamaría emplaza a las autonomías a "perseverar" en la actitud de diálogo mostrada las últimas semanas y cumplir con el "programa ambicioso" de cerrar un pacto en 2017. También ha remarcado que el debate sobre la "corresponsabilidad fiscal" de las regiones -abierto por Andalucía para reclamar una mayor "armonización" que acabe con sistemas como el de Madrid- se incluirá en ese proceso.
Rajoy creará la figura de un alto comisionado el reto demográfico
Los Gobiernos autonómicos de País Vasco y Cataluña han decidido no acudir a la comparecencia de Santamaría, de la que también se han ausentado los senadores independentistas. ERC ha asegurado que lo hace por "coherencia" con Carles Puigdemont -que no fue a la Conferencia de Presidentes el martes pasado- y ha demandado un "trato diferencial" para Cataluña que trate a esta región "de igual a igual" y negocie la convocatoria de la consulta. Idénticos argumentos ha empleado el PDECat -antigua Convergencia-, para quien Moncloa solo buscaba "otra foto" para vender la llamada operación diálogo. Los secesionistas mantienen su negativa a participar en el grupo de trabajo que debatirá la elaboración de un nuevo modelo de financiación autonómica.
Además de este tema, Santamaría se ha referido a los otros once que valieron algún tipo de acuerdo entre el Gobierno central y los regionales hace siete días. Los acuerdos en materia de empleo, protección civil, demografía, educación, unidad de mercado o violencia de género tendrán continuidad, ha garantizado. En este sentido, ha avanzado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha decidido responder al "reto demográfico" y a la voluntad de avanzar en una respuesta conjunta ante él con una decisión inmediata: "crear un comisionado" del Ejecutivo para ese cometido. Habrá una "estructura del Gobierno especifica para ir avanzando en esta estrategia" y reaccionar ante el envejecimiento de la población, la baja tasa de natalidad o la despoblación de ciertos territorios.
Los senadores independentistas se suman al boicot al Gobierno y se ausentan de la comparecencia de Santamaría
"Lo bien hecho, bien parece", ha enfatizado la vicepresidenta para celebrar los avances. A su juicio, la Conferencia de la semana pasada fue un "hito importante" en la consolidación y mejora del Estado atómico español, "uno de los más descentralizados del mundo" y de los más "complejos" de gestionar. Solo Canadá o Bélgica tienen una administración comparable, según el Gobierno, y ello requiere potenciar los mecanismos de "cooperación" como la Conferencia de Presidentes o una mayor relación entre Moncloa y comunidades como la que empieza a fraguarse esta legislatura.
